La memoria no es un reservorio mudo de hechos del pasado. Es un proceso social activo en el que se disputan sentidos, se transmiten experiencias entre generaciones y se elaboran colectivamente los efectos de aquello que buscó destruir los lazos sociales. Volver a pensar la memoria desde el campo de la salud mental a cincuenta años del golpe de 1976, no es solo un gesto conmemorativo. Es una intervención en el presente y una pregunta por las marcas del terrorismo de Estado en la vida colectiva.

El terrorismo de Estado no se limitó al aparato represivo basado en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada. Su objetivo fue también producir una reorganización subjetiva sostenida en el miedo, el silencio y la fragmentación de la vida social. La sospecha generalizada, el aislamiento y la desconfianza no fueron efectos secundarios: formaron parte de una estrategia destinada a quebrar la trama colectiva.

Las consecuencias de esa violencia no pueden pensarse solo en términos individuales ni exclusivamente físicos. Sus impactos fueron sociales, simbólicos y generacionales, dejando huellas en la forma en que una sociedad tramita el dolor, la pérdida y la injusticia.

En ese contexto, la construcción de Memoria, Verdad y Justicia ha sido mucho más que un proceso institucional o jurídico. Ha constituido —y continúa siendo— una dimensión central en la reconstrucción de la vida democrática y en el cuidado de la salud mental colectiva. 

Cuando hablar fue resistir

Uno de los objetivos centrales del terrorismo de Estado fue silenciar y producir silencio. La desaparición forzada no solo buscó eliminar personas: intentó borrar historias, interrumpir filiaciones y dejar suspendidas identidades. La incertidumbre sobre el destino de miles de hombres y mujeres instaló un vacío difícil de nombrar y de elaborar.

Desde el campo de la salud mental sabemos que aquello que no puede ser simbolizado tiende a reaparecer de múltiples formas. El trauma no se define únicamente por la magnitud de un acontecimiento violento, sino por la imposibilidad de inscribirlo en un relato compartido que permita darle sentido. Frente a ese intento de borramiento, las organizaciones de Derechos Humanos protagonizaron una experiencia histórica singular: sostuvieron la palabra cuando todo invitaba a callar. Transformaron el dolor en acción colectiva y el silencio impuesto en memoria activa.

Su acción no consistió únicamente en reclamar justicia, sino en construir un espacio público donde el dolor se transformase en denuncia y la experiencia del horror encontrara reconocimiento colectivo. No fue inmediato ni sencillo. Requirió tiempo, persistencia y una enorme capacidad de organización social. Pero permitió transformar el silencio impuesto en memoria activa y abrió una posibilidad de elaboración colectiva del daño producido por la violencia estatal.

La escucha como práctica democrática

Los procesos de memoria y justicia implicaron también una transformación en la manera en que una sociedad se dispone a escuchar. Durante mucho tiempo, las instituciones judiciales privilegiaron la prueba material por sobre la palabra de quienes habían atravesado experiencias extremas de violencia. Los juicios por delitos de lesa humanidad introdujeron un desplazamiento significativo en ese esquema: los testimonios de sobrevivientes y familiares comenzaron a ocupar un lugar central en la reconstrucción de los hechos y en la producción de verdad histórica.

La palabra de quienes atravesaron el terrorismo de Estado dejó de ser relato subjetivo para convertirse en dimensión imprescindible para comprender lo ocurrido.

El testimonio nunca es una narración neutral. Implica volver sobre experiencias límite, atravesadas por el dolor, la pérdida y muchas veces por largos períodos de silencio. Poder hablar en un espacio que habilite esa palabra, sin sospecha ni deslegitimación, constituye también una forma de reparación. Los juicios no solo produjeron condenas, sino que contribuyeron a crear condiciones sociales donde el testimonio pudiera ser escuchado y reconocido colectivamente.

Escuchar, en este contexto, dejó de ser un gesto individual para convertirse en una práctica profundamente democrática: una forma de asumir que la construcción de verdad y de memoria también depende de la capacidad de una sociedad para alojar la palabra de quienes fueron víctimas del terror estatal. 

Psicología, dictadura y compromiso profesional

La historia de la psicología en la Argentina no puede pensarse al margen de los procesos políticos que atravesaron al país. Desde sus primeras décadas de institucionalización, el campo psi se desarrolló en estrecho diálogo con hospitales públicos, universidades y espacios comunitarios, construyendo una tradición que vinculó el sufrimiento subjetivo con las condiciones sociales de vida.

Ese posicionamiento tuvo consecuencias. Durante la última dictadura cívico-militar, numerosos profesionales de la salud mental fueron perseguidos, obligados al exilio, encarcelados o desaparecidos. La represión también alcanzó a quienes sostenían prácticas profesionales comprometidas con los derechos sociales y con una comprensión crítica del padecimiento humano.

Entre esas historias se encuentra la de Beatriz Perosio, psicóloga, militante gremial y presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, secuestrada y desaparecida en 1978. Su figura forma parte de una generación de profesionales que entendieron la psicología no solo como una práctica clínica, sino también como una herramienta para pensar las condiciones sociales que producen sufrimiento.

Recordar hoy a quienes fueron perseguidos o desaparecidos no responde únicamente a una necesidad testimonial. Implica reconocer que el campo de la salud mental también fue atravesado por la violencia estatal y que muchas de sus prácticas fueron consideradas peligrosas precisamente porque habilitaban la palabra, la reflexión crítica y la construcción de lazos sociales.

Esa memoria forma parte del compromiso histórico de la psicología con la democracia y con la defensa de los derechos humanos.

Mujeres, memoria y transmisión de las luchas

La historia de la memoria en la Argentina está profundamente marcada por el protagonismo de las mujeres. En los años más oscuros del terrorismo de Estado, cuando el miedo, la censura y la represión atravesaban la vida cotidiana, fueron muchas veces ellas quienes sostuvieron la búsqueda de los desaparecidos y la denuncia pública de los crímenes cometidos por la dictadura.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo transformaron un dolor íntimo y devastador en una acción colectiva capaz de interpelar al poder. Al ocupar de manera persistente el espacio público, inauguraron una forma inédita de resistencia política basada en la presencia, la perseverancia y la demanda incansable de verdad y justicia.

Su lucha no se limitó a la denuncia de los crímenes del terrorismo de Estado. También produjo una transformación profunda en la vida democrática argentina, al instalar la memoria como un valor político y ético fundamental para la reconstrucción del tejido social.

Con el paso del tiempo, esa experiencia se convirtió en una referencia ineludible para nuevas generaciones de militancia social y política. Los movimientos feministas contemporáneos retomaron y ampliaron esa herencia, incorporando otras luchas vinculadas con la igualdad, la autonomía de los cuerpos, el reconocimiento de las identidades y la denuncia de las múltiples formas de violencia.

En ese sentido, las luchas feministas no pueden pensarse por fuera de la historia de los organismos de derechos humanos. Existe entre ellas una continuidad que vincula la persistencia de las Madres y Abuelas con las movilizaciones actuales por una sociedad más justa e igualitaria.

La memoria, en ese recorrido, no aparece únicamente como una evocación del pasado. Se convierte en una práctica política viva, que se transmite entre generaciones y que sigue alimentando las luchas del presente.

La memoria en disputa

Hoy, cuando reaparecen discursos negacionistas que relativizan el terrorismo de Estado, la memoria vuelve a estar en disputa.

No se trata solo de discutir cifras o interpretaciones históricas. Se trata de defender la legitimidad de la experiencia de quienes atravesaron el horror.

Desde el campo de la salud mental sabemos que el negacionismo no es inocuo. Reabre heridas y erosiona consensos democráticos construidos durante décadas.

Cuando se banaliza la desaparición forzada o se relativiza la violencia estatal, no solo se discute el pasado. Se producen efectos en el presente.

Marchar también es cuidar

La memoria no es solamente un ejercicio del pasado. Es una práctica social que se construye y se sostiene en el presente.

Escuelas, universidades, sindicatos, clubes, espacios comunitarios y organizaciones sociales han sido, durante décadas, territorios donde la memoria se transmite, se discute y se defiende frente a los intentos de negación o relativización del terrorismo de Estado.

El proyecto represivo de la dictadura buscó destruir los lazos sociales y sembrar el miedo como forma de organización de la vida colectiva. Frente a ese intento de fragmentación, la sociedad argentina fue construyendo, con el paso del tiempo, una respuesta basada en la memoria, la justicia y la solidaridad.

El cuidado no se limita a la atención individual del sufrimiento. También implica fortalecer las condiciones sociales que hacen posible la vida democrática, la palabra y el reconocimiento mutuo. La memoria colectiva constituye entonces una forma de cuidado social. Recordar no solo permite honrar a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado; también habilita la construcción de un presente donde la violencia estatal no vuelva a convertirse en política pública.

A cincuenta años del golpe de Estado, la relación entre memoria, derechos humanos y salud mental sigue siendo una tarea del presente. Sostener el Nunca Más es también defender la democracia, los derechos y la dignidad de la vida colectiva.