Paulina González es referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), y de la rama de liberados del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pero esto no siempre fue así, ya que hace 15 años estaba privada de su libertad con una condena de tres años y medio. Luego cumpliría el régimen de prisión domiciliaria, pero volvería a reincidir a causa de una realidad que no le daba mayores oportunidades. Esto llevó a que no viera a su hija mayor por 8 años. Estando embarazada de su segundo hijo, decidió que algo del rumbo de su vida debía cambiar.
La segunda vez que salió en libertad comenzó a cartonear, gracias a lo cual conoció el MTE a través de su compañera Nora Calandra, actual subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal de la Provincia de Buenos Aires. A partir de ese suceso, Paulina González empezó a trabajar para ayudar a otras pibas que hayan estado en su misma situación.
“Organizarme me cambió la vida. El trabajo hizo que pudiera estar todos estos años fuera de la cárcel y construir con mis compañeras que salieron de ahí a través de herramientas que permiten identificarnos como sujetas de trabajo”, enfatiza. Y agrega: “Nosotras no sabíamos qué era trabajar, estuvimos siempre rodeadas de delincuencia y de robo. Trabajar me ayudó a seguir sosteniendo mi libertad”.
La rama de cartoneras y cartoneros del MTE busca impulsar la organización para obtener reconocimiento y derechos socio-laborales. Con estos objetivos se elaboró un programa para crear 120 sistemas municipales de reciclado con inclusión en las principales ciudades del país, reconociendo 20.000 puestos de trabajo, ocho nodos regionales de acondicionamiento y comercialización, y veinte experiencias de agregado de valor y corrientes de residuos especiales.
Además, tiene un sistema de 292 Promotoras Territoriales contra la violencia de género realizando acompañamientos en 50 municipios de 13 provincias.
El trabajo de las promotoras en la rama de liberados consiste en acompañar a chicas que están bajo arresto domiciliario, víctimas de violencia de género o mujeres con problemas de consumo. Las promotoras llevan bolsas de mercadería y ayudan a conseguir turnos médicos, psicológicos y educación para sus hijos e hijas. “Para nosotras era un sueño estar junto a las compañeras porque al principio no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Empezamos a organizarnos, a entrar a las cárceles, a tener programas que acompañan. La idea es que los compañeros puedan organizarse para el afuera”, explica.
Como todas las personas que atravesaron contextos de encierro, ella relata la dificultad para encontrar trabajo teniendo antecedentes penales. Esto explica la necesidad de redefinir el campo laboral, pensándolo desde una mirada amplia e integradora, más aún en un momento donde la crisis aumentó exponencialmente la cantidad de trabajo informal y precarizado. “Nosotros nunca vamos a poder conseguir empleo en un lugar privado, entonces tenemos que reinventar nuestro trabajo”, explica y asegura que, si bien siguen acompañando, hoy es mucho más difícil darle trabajo a los compañeros.
“Nos fuimos metiendo a esos lugares donde no llega el Estado a ver cómo están las mujeres. Cuando estás bajo arresto domiciliario no te podés mover ni a un jardín, ni a un colegio, ni a la salita si el pibe se enferma. Fue una lucha como promotoras entender en qué podíamos ayudar”, asegura González. “Estamos con el patronato de liberados en cada localidad, ayudamos con mercadería, a conseguir turnos médicos, acompañar a las personas que están bajo consumo, con casos de violencia de género y otras problemáticas”, continúa.
Según Paulina, todo el sistema está preparado para que uno reincida y vuelva a la cárcel, en todos los ámbitos y desde hace años. Sin embargo, la realidad se puso aún más difícil desde que comenzó el mandato de Javier Milei: con el recrudecimiento de la mano dura, aumentaron las razias hacia los migrantes, los recolectores y los vendedores ambulantes. “Imaginate que antes uno se reinventaba en el trabajo. Hoy por hoy no podés, te sacan hasta lo que invertís para trabajar en la calle. Hay compañeras que hacen ropa, bolsas y carteras, pero aunque hagas cosas: ¿Qué pasa si eso no se vende?”, cuestiona.
“A mí el trabajo me cambió radicalmente. Si no tuviera la organización apoyándome, estaría de nuevo en la cárcel”, reflexiona González. “Ya soy una piba grande, con antecedentes y no es solamente por mi, es por mis compañeras que hoy puedo abrazar. Es demostrarles que después de la cárcel hay un futuro. Cuesta un montón, pero se puede”. Actualmente la rama de liberados del MTE cuenta con 52 unidades productivas, 800 personas liberadas trabajando y 200 mujeres con prisión domiciliaria en AMBA.
Sobre la baja de la edad de punibilidad, Paulina asegura que es una discusión muy frustrante porque tiene muchas aristas que no son contempladas por la sociedad. Asimismo, subraya que estar en la cárcel no resuelve la desprotección y la exposición a la droga de los pibes de barrios populares, donde el narco llega antes que el Estado.
“La gente no entiende que los pibes que delinquen muchas veces están bajo consumo. Yo no creo que alguien que tiene una familia, un colegio y una buena educación salga a robar”, declara sobre la realidad en los barrios populares. “Entendemos a la gente que le quitan una vida por un delito que cometió un menor, pero la solución no es la cárcel, al contrario. Son criaturas, el sistema no está preparado para que un pibe de 13 o 14 años vaya a parar a una cárcel. No hay cultura, no hay educación, no hay nada que los contenga. Lo único que se busca es condena y castigo”, relata.
Sobre la realidad de las mujeres bajo este gobierno, Paulina afirma que no sólo dejaron de ser reconocidos los trabajos informales, sino que aquellas tareas domésticas que recaen sobre las mujeres aumentaron, obligándolas a contener a sus comunidades y sobrecargándolas de tareas no remuneradas.
“No somos reconocidas como trabajadoras en las ollas populares. Hoy por hoy, con el hambre que hay, cada vez hay más chicas que tienen que pelar una papa, contener a los pibes del barrio, ayudar a las personas que vienen bajo consumo. El Estado no sólo no contribuye, sino que se burla de lo que hacemos. Es un gran retroceso”, asegura.
“Bajo el gobierno de Milei, las mujeres estamos cada vez más perjudicadas, pasando un momento de mierda. Perdimos la contención para los chicos, los espacios de cuidado para poder salir a trabajar. Además, por la apertura de las importaciones el material de reciclado bajó un montón, una tiene que trabajar tres veces más para llevar al pibe al colegio y darle de comer. Estamos muy castigadas con este gobierno”, declara Paulina. Por eso mismo, las recolectoras piensan marchar el 9 de marzo, movilizándose a pesar de la atomización general que se palpita y la cantidad de frentes que tienen que abordar. “Vamos a estar en las calles porque está costando un montón que la mujer se manifieste, más cuando tiene que trabajar cuatro o cinco veces más. Vamos a estar en la calle porque hay que demostrar la fuerza de la patria y que las mujeres no fuimos derrotadas”, concluye.
