El gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo proyecto de ley que vuelve a poner en el centro del debate el sistema de pensiones por invalidez en la Argentina. Bajo el título peyorativo de “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, la iniciativa propone una revisión integral de los mecanismos de acceso, control y mantenimiento de estos beneficios, con el argumento oficial de fortalecer la transparencia y detectar posibles irregularidades en la asignación de recursos públicos.
La propuesta aparece en un clima político cargado, atravesado por fuertes discusiones sobre el rol del Estado en las políticas sociales y por cuestionamientos recientes a la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida de su extitular Diego Spagnuolo en medio de controversias y versiones periodísticas que también alcanzaron a figuras del entorno presidencial como Karina Milei. En ese escenario, distintas organizaciones del sector advierten que el debate sobre “fraude” podría estar desplazando la discusión de fondo: el acceso efectivo a derechos básicos para las personas con discapacidad.
¿Qué dice el proyecto?
Respecto a la iniciativa, uno de los puntos centrales es la implementación de un reempadronamiento obligatorio de todas las personas que actualmente reciben pensiones por invalidez. Este proceso busca actualizar la información médica y administrativa de los beneficiarios para verificar que cumplan con los criterios vigentes. El proyecto también introduce cambios en los requisitos de acceso a las nuevas pensiones. En particular, endurece las condiciones vinculadas a la evaluación de la discapacidad o invalidez, con mayor peso en criterios médicos y en la documentación respaldatoria necesaria para tramitar el beneficio.
Nuestro país ha tenido un promedio de pobreza de alrededor del 40% entre los años 1992 y 2022, y resulta aún mayor en 2023 y 2024. Si se calcula que en 1992 la población argentina era de 33.000.000 personas -de las que un 10% tenían alguna discapacidad y la pobreza era del 30%-, se llega al número de 990.000 personas con discapacidad en situación de pobreza en ese momento, según el Foro Permanente por las Personas con Discapacidad.
Otro aspecto relevante es que la iniciativa establece que quienes no completen los trámites de revalidación o reempadronamiento en los plazos establecidos podrían sufrir la suspensión automática de la pensión. En el plano operativo, el proyecto profundiza los mecanismos de control estatal mediante la interconexión de bases de datos y la verificación cruzada de información. Sin embargo, según cifras mencionadas en el debate público, el Estado ya habría destinado alrededor de $23 mil millones a procesos de auditoría, aunque una parte significativa de las notificaciones enviadas no habría llegado efectivamente a los destinatarios.
Desde el Foro Permanente por las Personas con Discapacidad, distintas voces advierten que la iniciativa puede tener efectos regresivos. En una carta abierta, señalaron que el proyecto “instala una mirada estigmatizante” sobre las personas con discapacidad y desplaza el foco de la discusión estructural: la fragilidad del sistema de prestaciones, la falta de actualización de aranceles y el deterioro de la cobertura integral. Para el sector, el problema no es únicamente la administración de los recursos, sino el acceso real y sostenido a los derechos.
Otra de las modificaciones más sensibles está vinculada al sistema de prestaciones. El proyecto propone eliminar el nomenclador que establece valores de referencia para tratamientos, terapias y servicios, y reemplazarlo por un esquema más flexible de negociación entre obras sociales y prestadores. Para familias y organizaciones, este cambio podría generar una fuerte desigualdad en el acceso, ya que traslada la negociación al plano individual en un sistema donde las asimetrías de poder son marcadas.
“El nomenclador es la columna vertebral de todas las prestaciones, donde el Estado tiene que regular. Si lo eliminan, yo como madre tengo que negociar con la obra social o la prepaga como si fuera un negocio”, explicó en el programa QR! Lola Berthet, actriz y madre de un niño diagnosticado dentro del espectro autista. La joven agregó: “Van a dejar libres a las obras sociales y a las prepagas para pagar lo que quieran, si quieren y cuando quieran”. En ese tipo de testimonios se repite una preocupación común: que la desregulación de los valores de referencia termine convirtiendo el acceso a terapias en una disputa caso por caso, con resultados inciertos según la capacidad de negociación de cada familia.
En la misma línea, familiares y referentes del sector sostienen que el cambio de paradigma implica una retirada del Estado como garante de derechos. “Se trata de apoyos indispensables para que las personas con discapacidad puedan vivir una vida plena”, explicó Santiago Ilan, familiar de una niña con discapacidad, en diálogo con El Grito del Sur. Desde esa perspectiva, la discusión no se limita a una cuestión administrativa, sino que involucra el modelo de inclusión social. “Esos apoyos los deben brindar las obras sociales, prepagas o incluso los hospitales públicos. Tiene que ver con que se le dé la posibilidad a las personas con discapacidad para que puedan vivir una vida plena como sujetos políticos y sujetos de derecho”, continúa.
Como si fuera poco lo antes nombrado, el proyecto establece la incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. También suprime la promoción de programas de reconocimiento de empresas que contrataban personal con discapacidad. Además, a partir de modificaciones en el artículo 4 de la ley de Emergencia, se eliminará la obligación de pagar adeudos a los prestadores de servicios. Actualmente, el 80% de las personas con discapacidad se encuentra fuera del ámbito laboral, lo que exacerba la crisis económica entre este grupo. Por otro lado, lejos de ser un gasto grave, de acuerdo con datos del Gobierno solo se ejecutó el 6% de los recursos destinados a la atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas.
“No les interesa la universalidad de los derechos. No les importa que haya gente en la calle durmiendo en la calle, que la gente no tenga viviendas o que la gente no tenga los apoyos necesarios para ser una persona sujeta de derecho pleno”, agrega Santiago. “Ellos dicen que esto no es para ajustar, pero es todo mentira. Si ves que hay gente que no debería cobrar la pensión, trabajalo con tu fiscalía, podés trabajarlo de manera sincera, pero en silencio”, sugiere.
“Pueden existir estafas, obvio, pero esa no es la discusión. La discusión tiene que ser cómo hacer que todas las personas con discapacidad tengan acceso a los derechos necesarios para poder vivir”, explica Ilan, quien cuida a la hija de su pareja con discapacidad.
La ley de Emergencia en Discapacidad vigente establece que la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social (a la que el proyecto de ley mileista limita a una pensión para casos de invalidez laboral) consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y que se actualizará de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente. Esta actualización también fue eliminada del proyecto. En abril la pensión no contributiva ascendió a los $ 266 mil, a la que se le suma el bono de $ 70 mil.
En el mes de marzo, el Ministerio de Salud estableció una actualización del 2,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La medida se calcula en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor de febrero de 2026, y se aplica sin distinción por tipo de prestación. Además, se reconoce un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en la región patagónica.
“Dicen que aumentaron las pensiones pero cerraron obras sociales, quitaron subsidios de transporte, cerraron centros terapéuticos, hospitales, áreas de salud públicas”, refuerza Santiago. “La pensión por discapacidad actualmente es de alrededor de $300.000. Si se trata de un padre con un hijo con discapacidad, uno de los dos no va a comer seguro”, continúa de manera contundente.
La ley vigente
La Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) ya está vigente en Argentina, pero su aplicación viene siendo conflictiva y atravesada por disputas políticas y judiciales. Por eso se genera mucha confusión sobre “qué está pasando”.
En términos formales, la ley fue aprobada por el Congreso en 2025 tras insistencia legislativa (incluso luego de intentos de veto presidencial) y quedó establecida la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Su objetivo es garantizar derechos básicos y evitar el deterioro del sistema de prestaciones.
La norma obliga al Estado a asegurar financiamiento para pensiones no contributivas, actualizar aranceles de prestadores, regularizar deudas con instituciones que brindan terapias y fortalecer el sistema de atención integral. También crea o reorganiza esquemas de pensiones y cobertura médica para personas con discapacidad.
El punto clave del conflicto no fue la aprobación, sino su implementación presupuestaria. El Poder Ejecutivo intentó frenar o condicionar su aplicación alegando falta de financiamiento y pidió que el Congreso definiera de dónde saldrían los recursos. En algunos momentos incluso se suspendió su ejecución administrativa.
“Hace más de 1 año que se presenta la actualización de la ley de Emergencia en Discapacidad y sin embargo no pasa nada”, enfatiza Santiago. “Entonces, ¿de qué emergencia estamos hablando? Yo creo que una de las cuestiones que tienen que hacer los periodistas es ver cuáles de todos los diputados que votaron esa ley siguen en funciones este año y preguntarles por qué no le están haciendo un juicio político al Presidente por no cumplir con su trabajo”, aseguró Ilach, quien argumenta que el Gobierno desconfía de la ley para seguir con las políticas de ajuste. “Ellos quieren el colapso”.
“Tiene una crueldad y un odio que ya no cabe ningún análisis. Está todo muy explícito”, sumó Berthet en el programa antes citado. “Quieren lograr que las personas con discapacidad se queden en su casa, como en la época prehistórica”.
“Este proyecto es un paso más hacia un Estado que abandona a las personas con discapacidad y sus familias en situación de pobreza en manos de los que nunca bajan al llano, que no conocen rostros y que ven toda inversión en estas personas como un mal gasto”, declararon desde el Foro.
En este escenario, el nuevo proyecto reabre una discusión que excede lo técnico. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de auditar el sistema y evitar posibles abusos, organizaciones del sector, familias y referentes sociales advierten que el riesgo es otro: que el ajuste recaiga sobre quienes dependen de esas pensiones para sostener condiciones mínimas de vida, en un contexto económico ya profundamente restrictivo.
