Con dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el polémico proyecto de ley impulsado por la senadora santafesina de la UCR, Carolina Losada, fue presentado nuevamente en la Cámara Alta. Éste busca endurecer las penas —ya contempladas en el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal— contra quienes realicen denuncias falsas, con un foco especial en casos de violencia de género y abuso infantil.

La intención del proyecto es aumentar las penas y elevar las condenas de 3 a 6 años de prisión cuando la denuncia falsa involucre violencia de género, abuso sexual, acoso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Aunque la temática no es nueva —ya es conocido el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)—, una de las novedades más importantes de la propuesta es la inclusión de sanciones severas para los profesionales del sistema judicial que colaboren en el armado de estas causas. La senadora hizo hincapié en que psicólogos o peritos que influyan en testimonios de menores deberán ser penados.

“Esta situación (las falsas denuncias) implica una carga muy gravosa para el denunciado, pues además de demostrar que no incurrió en el hecho del que se le acusa, existe el riesgo de que en muchos casos pierda el contacto con sus hijos, ponga en riesgo fuentes laborales y enfrente una serie de estigmas sociales graves de manera injusta y por un hecho falso”, se puede leer en los fundamentos del proyecto.

“El proyecto es grave porque en los últimos 20 años se ha llegado a un consenso básico de que la violencia de género es un problema de toda la sociedad y que el acceso a la Justicia se tiene que garantizar para todas las personas”, explica Patricia Sotile, integrante del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

En ese sentido, Sotile afirma que este proyecto no solo viene a desincentivar que las personas denuncien en casos de violencia de género o abuso sexual, sino también a reforzar el estigma sobre las víctimas, sin contemplar los múltiples obstáculos que deben enfrentar para realizar una denuncia. A su vez —asegura— altera las prioridades judiciales, ya que toma casos excepcionales como norma y se desentiende de lo estructural. “Hoy no hay pruebas de que en Argentina las falsas denuncias sean un problema”, sostiene.

Carolina Losada es rosarina, hincha de Newell’s por herencia paterna y fue modelo de Pancho Dotto. En 1996, con 24 años, participó del videoclip de la canción Cómo es posible que a mi lado, de Luis Miguel. Se dedicó al periodismo durante muchos años, pero en 2021 se convirtió en senadora nacional por la UCR.

Junto con Andrea Guacci, fundadora del Observatorio de Falsas Denuncias, organizan jornadas en diferentes puntos del país. La segunda tuvo una importante convocatoria y contó con el apoyo de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia, quien aún carga en sus espaldas con el dudoso «suicidio» de su exesposa y madre de su hija, una causa que nunca ha sido aclarada.

El proyecto de ley fue presentado por primera vez en 2023, pero logró dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales recién en 2025. Como nunca llegó al recinto, perdió estado parlamentario, pero ante la renovación de la Cámara el pasado mes de diciembre, Losada decidió volver a presentarlo.

Además de la UCR, el proyecto fue apoyado por bloques como La Libertad Avanza y el PRO. A esto se suma el respaldo de Patricia Bullrich, actual senadora nacional, quien busca que sea tratado en este período de sesiones ordinarias como parte de la agenda legislativa del oficialismo. Para coronar el revuelo, Losada declaró: “Yo no tengo mujeres en mi despacho, porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias”.

“Antes me escrachaban y me estigmatizaban. Hoy hay mucha más gente que se anima a hablar, hombres y mujeres que ya no tienen miedo a ser cancelados por contar que fueron falsamente denunciados”, afirmó.

Según el portal santafesino Periódicas, Losada se define como mujer y feminista, pero dice que “la mentira y las falsas denuncias no tienen género” y asegura que hay muchas familias que se ven arruinadas cuando sus miembros son “víctimas de falsas denuncias”.

Sin embargo, la senadora “nunca se refiere a la historia de las denunciantes de abuso sexual, no habla de la enorme cantidad de condenas por este delito que tienen como acusados en su mayoría a varones, ni de cifras oficiales”, plantean desde el portal.

“Esto va a generar una barrera en el acceso a la Justicia, donde los peritos, abogados y testigos —que son fundamentales— no van a querer hablar en un contexto en el que ya de por sí reina el silencio. Se va a utilizar el derecho como una herramienta regresiva para quienes buscan ayuda en la Justicia”, completa Patricia Sotile.

Lejos de la realidad fantasiosa en la que —según sus críticas— vive Losada, los datos de ONU Mujeres demuestran una versión contraria: en el mundo, menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan ayuda institucional y, dentro de ese grupo, solo el 10% realiza una denuncia formal.

De relevamientos del mismo organismo se desprende que, a nivel global, las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos de violencia de género y en Argentina menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, principalmente vinculadas a delitos económicos (Consejo de la Magistratura, 2025).

Asimismo, un relevamiento de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM, 2023) indica que el 90% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres y el 40% eran niñas, niños y adolescentes. Solo el 12,5% de los delitos sexuales se denuncian y apenas el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente. Menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes (Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina OM-CSJN, 2024).

“Creo que más que hablar de reformas sobre el Código Penal tenemos que hablar sobre cómo garantizar un mejor acceso a la Justicia para las víctimas de abuso y violencia de género. Tenemos que lograr que los procesos no duren tanto tiempo, que sean dinámicos, que las víctimas puedan ser escuchadas y que tengan acceso a patrocinio jurídico gratuito. Es una cuestión estructural del Poder Judicial que enfrenta a las víctimas a una gran cantidad de dificultades”, continúa sobre la iniciativa, que además debe contemplar los compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará, que obliga al Estado a proteger a las víctimas.

Para la integrante de ELA, las principales barreras para acceder a la Justicia son la falta de patrocinio gratuito, la comunicación judicial ineficiente, los sesgos de género en los operadores de justicia, la revictimización, las dilaciones, el hostigamiento y el impacto de continuar con la vida cotidiana durante el proceso, entre otros.

“Este proyecto, lejos de remover estas barreras, genera mayores obstáculos y temores”, asegura.

La última trinchera de la ultraderecha

En 2025, cuatro integrantes de la Red de Medios Digitales lanzaron la investigación “Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última trinchera de la ultraderecha”, una creación colaborativa entre Periódicas, Enfant Terrible, La Nota Tucumán y Feminacida. El proyecto nació en el encuentro federal de la Red, realizado el 22 y 23 de agosto en el Valle de Punilla, y tomó forma tras varios meses de trabajo.

El informe demostró que el lobby que impulsa la narrativa de las “falsas denuncias” muestra una expansión nacional con fuertes polos de concentración, especialmente en Santa Fe (20 actores) y Tucumán (12), además de CABA/AMBA y Córdoba.

Al mismo tiempo, su crecimiento ha sido reciente y acelerado: cerca del 30% de los actores surgieron entre 2024 y 2025, aunque se identifican raíces previas —solo dos actores anteriores a 2015— que señalan continuidad y antecedentes del fenómeno.

Según el informe, la narrativa más utilizada por estas organizaciones para invalidar las denuncias consiste en desprestigiar a la denunciante. Otros caminos son el falso SAP, la excusa de la “mala madre”, la “mala víctima” y el interés económico.

“La investigación fue una posibilidad de entender que eso que veíamos como un caso aislado era una red de relaciones donde estaban articulados lo mediático, lo político, lo económico y lo jurídico”, cuenta Agustina Chora, psicóloga y editora de Enfant Terrible.

Para ella, existe un lobby mediante el cual se desfinancian proyectos y políticas públicas de género y se impulsan proyectos punitivos. En ese punto, la falsa denuncia ni siquiera es por una causa específica, sino que tiende a la generalización. “Es lo que ellos llaman la ‘batalla cultural’”, agrega.

Los grupos que promueven el castigo a las “falsas denuncias” surgieron a partir de 2017 y luego comenzaron a tener un mayor grado de legitimidad. En ese sentido, Agustina explica que el riesgo de que se naturalicen ciertos discursos en el sentido común lleva a que esa justicia que debería representar la imparcialidad, la equidad y la fuerza del derecho evidencie disputas y paradigmas en juego.

“No es sencillo realizar una denuncia, entrar en contacto con el sistema penal y salir siendo la misma persona, por todas las burocracias que se van filtrando a medida que avanza una causa”, asegura. “Somos uno de los países con mayor tasa de imputados procesados como para pensar que las mujeres van a denunciar ‘porque sí’”.

Según el informe, la narrativa de las “falsas denuncias” tiene un efecto desmovilizador que contribuye a que las víctimas duden, a que los testigos no colaboren y a que los organismos públicos se retraigan. En este caso, incluso los profesionales se verían afectados.

“La denuncia que ellos toman como violencia de género es indistinta. No importa si fue por violencia económica, psicológica, física, acoso o abuso sexual. Ya de por sí, el sistema judicial carece de una perspectiva de género”, explicita Agustina.

La periodista asegura que el proyecto de ley no solo incrementa el miedo a denunciar, sino que empieza a estructurar ciertos sentidos en la sociedad: se pasa del “Yo te creo, hermana” —que era una sensación de acompañamiento ilimitado hasta que la Justicia pruebe el hecho— a presumir que lo que se realiza es una falsa denuncia.

“De por sí, vale aclarar que una falsa denuncia no es lo mismo que un falso testimonio, que es lo que castiga actualmente el Código Penal”, agrega. Es decir, una falsa denuncia consiste en denunciar un delito que no ocurrió o acusar falsamente a alguien ante la autoridad, mientras que un falso testimonio consiste en mentir al declarar como testigo, perito o intérprete dentro de un proceso judicial. “Se pierde el primer requisito fundamental, que es la presunción de inocencia”, asegura Agustina.

“Es necesario recordar que todo derecho que ha sido construido desde la comunidad, desde lo colectivo y desde la organización, pervive mientras continúe habiendo personas dispuestas a acompañar. Se trata de una disputa de sentidos, que es lo que necesitamos para que la palabra no pierda poder”, concluye.