Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la venta ambulante en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de febrero tuvo un aumento interanual del 5,1%. Mientras tanto, la política represiva de la gestión macrista se acelera contra los trabajadores y se registran cada vez más episodios de violencia policial. Sin embargo, no ocurre lo mismo para otras actividades comerciales que ocupan el espacio público.
Todas las semanas circulan noticias sobre vendedores ambulantes siendo detenidos y perseguidos por la Policía de la Ciudad. El procedimiento siempre es el mismo: detienen al trabajador y secuestran la mercadería frente a la indignación de gente que se solidariza y muchas veces graba el evento. Lejos de retroceder, el gobierno porteño comparte con orgullo estos operativos, acompañado de cifras de desalojo e incautación de material de trabajo.
A comienzos de abril circuló el video de una vendedora en silla de ruedas que era agredida y detenida por cuatro efectivos. Recientemente, otro video con un joven vendedor de alfajores en Costanera Sur que lloraba tras perder su mercadería en manos de inspectores de Espacio Público. Crisis económica, salarios que apenas alcanzan para subsistir y un Estado policial que persigue a los trabajadores.
“Estamos en un momento de muchísima persecusión. Nos llega por lo menos una detención por semana”, cuenta Lila Morala, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Sin embargo, lo que para muchos es una verdadera criminalización del trabajo, para la gestión macrista es motivo de orgullo. “Tomé un compromiso muy claro con los porteños y lo estoy cumpliendo, seguimos recuperando el orden en todos los barrios de la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri en el marco de un operativo donde se desalojaron 5 mil manteros en el Parque Los Andes, Chacarita, y que contó con 200 efectivos de la Policía de la Ciudad y 110 inspectores de Espacio Público. “El espacio público es de los vecinos, nadie puede ocuparlo, no hay derecho a tomarlo”, sentenció el Jefe de Gobierno.
A estas palabras se suman las del ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Ignacio Baistrocchi, que con la misma satisfacción compartió su misión en una nota de opinión en Infobae: “La decisión, al comienzo de esta gestión, de recuperar el espacio público para la gente, fue un paso necesario hacia la igualdad, la seguridad y la convivencia”. También se refirió a los manteros y puestos de comida como “actividades ilegales en el espacio público”. Surgen algunos interrogantes: ¿Qué significa la igualdad para la gestión macrista? ¿Todos tienen el mismo derecho a trabajar? ¿Algunos son ilegales y “desalojables” y otros no?
Es fácil comprobar que no todas las actividades comerciales reciben el mismo trato por parte de la administración gubernamental y la Justicia. Hace años, particularmente a partir de la pandemia, se pueden encontrar plazas porteñas ocupadas por clases de gimnasia, crossfit, yoga, o pelotones de gente en grupos de running. En este caso, la actividad comercial se permite y se respeta el derecho a trabajar y ganarse la vida, pero lejos está de ocurrir lo mismo con los vendedores ambulantes y feriantes que día a día son detenidos y su mercadería secuestrada en operativos de la Ciudad.
En este sentido, Lila Morala también habló sobre este contraste en el accionar de la Justicia y la discriminación que recibe la venta ambulante: “Un comerciante en la calle no puede ni siquiera circular vendiendo, que ya a los 15 minutos tiene un montón de policías e inspectores. Sin embargo, vas a cualquier plaza o parque de la Ciudad y tenés un gimnasio al aire libre y no pasa nada, pero cuando hay un vendedor ambulante que está intentando subsistir hay niveles de persecución y represión muy altos”.
El contraste no solo se ve en la criminalización y persecución de los vendedores ambulantes y la luz verde para la explotación del espacio público por las actividades deportivas. El mismo Gobierno de la Ciudad promociona bajo el programa Plazas Activas clases de yoga, stretching, aerobox, entrenamiento funcional en 20 plazas y parques. Al mismo tiempo, un vendedor en la plaza es una amenaza a la seguridad y sinónimo de “desorden, suciedad, intimidación y extorsión”, según las palabras del ministro Baistrocchi. Si el espacio público en la Ciudad “le pertenece a todos los porteños”, ¿por qué algunas actividades comerciales pueden habitarlo y otras no?

La respuesta oficial en los operativos siempre es la misma: no se puede trabajar sin un permiso en la vía pública. En el incidente de Costanera Sur, donde la Ciudad decomiso alfajores a un vendedor, los inspectores públicos explicaban que es solo cuestión de tramitar y sacar el registro para poder trabajar con normalidad. Sin embargo, muchos vendedores denuncian obstáculos para obtener la autorización del Gobierno. “Cuando arrancó la política represiva del macrismo, quisimos tramitar permisos, pero es muy difícil. Por más que uno haga el tramite, esos permisos no salen. No solo hay persecución y hostigamiento, sino falta de acceso”, advirtió Morala.
Actualmente es imposible no encontrar una plaza o parque que no tenga clases de gimnasia, sobre todo a la mañana y la tarde, muchas veces con esquinas completamente ocupadas por estas actividades, con accesos o caminos obstruidos por las mismas. Sin embargo, la Ciudad parece molestarle solo a algunas personas, como en el caso del Parque Alberdi, en el barrio de Mataderos, donde un operativo del Gobierno desalojó mil manteros que vendían “ropa, cosas usadas, herramientas, juguetes y alimentos”, según una nota de Infobae.
Por si no fuera suficiente, los vendedores no sólo denuncian persecución y falta de oportunidades, sino robos de mercadería. En cada procedimiento de desalojo o detención, las fuerzas de seguridad secuestran la mercadería y explican a los afectados que pueden regresar para recuperarla. Sin embargo, Morala cuenta que «la mayoría de las veces inspectores de Espacios Públicos no te dan el acta y, por lo tanto, no queda registro de que te detuvieron esa mercadería. Y si no hay registro, no podes reclamar». «Básicamente te la roban», afirmó. También agregó que el decomiso de mercadería está a cargo de Espacios Públicos, pero en muchos casos lo lleva a cabo la Policía de la Ciudad sin dejar constancia de estas confiscaciones e imposibilitando que los vendedores recuperen sus pertenencias.






