“Fini está consumiendo propofol y fentanilo del Italiano. No solo eso, sino que roba propofol y lo redistribuye, entre ellos a Tati del Rivadavia. Tati, con el propofol que le da Fini, se lo comparte a un compañero de anestesia. El chabón se hace una infusión continua de fentanilo y propofol y se muere”, repite una voz femenina en un mensaje de voz que circula por grupos de Whatsapp, canales de televisión y portales de noticias.
El eco también llega a guardias médicas, consultorios y salas de espera. ¿En manos de quién queda la salud? ¿A qué costo cumplen el régimen sobrehumano los trabajadores hospitalarios? ¿Qué pasa entre las guardias interminables y los consultorios atestados? ¿Hay contención para quienes se exige que la den? ¿Se puede hablar de consumo, de fiesta, de trabajo? ¿Qué lleva a alguien a consumir sedantes de esa manera? Mil interrogantes se abren.
Volviendo al audio, cabe explicar que Fini es Delfina Lanusse, nieta del dictador y una de las dos imputadas por la muerte de un joven anestesista de 29 años. El otro es Hernán Boveri, médico anestesiólogo del Hospital Italiano.
Lanusse se graduó como médica en la Universidad Austral, tras haber tenido un breve paso por carreras relacionadas con negocios en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Se desempeñó como tutora en materias como Inmunología y Fisiopatología. En septiembre de 2023 inició su residencia en anestesiología en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Boveri obtuvo el Diploma de Honor en la UBA, realizó la residencia en Anestesiología en el Hospital Italiano de Buenos Aires y se desempeñó dentro de ese centro de salud en distintas funciones vinculadas con la práctica clínica y la formación. Como los audios, sus nombres y fotos recorren la web, son fácilmente reconocibles. Ella rubia, con el pelo un poco más largo que los hombros, posa con su ambo en un bar. Él lleva anteojos, pelo corto y negro.
La víctima, o el “chabon” del audio es más específicamente Alejandro Zalazar, un anestesista mendocino que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y era ex residente del Hospital Rivadavia. Murió el 20 de febrero de 2026, cuando fue encontrado en su departamento de Palermo, conectado a una vía en el pie derecho y con la marca de un catéter en el izquierdo. A su lado se encontraron también elementos descartables para inyecciones.
“Lo que hacían estos chabones eran las llamadas ‘fiestas del propofol’. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión y se inyectaban continuamente. Tenían un encargado de ambucearlos (NdR: ventilarlos manualmente) cuando el propofol les generaba la apnea”, continúan los audios.
Tras conocerse los resultados de la autopsia, se confirmó que Alejandro sufrió una congestión, un edema pulmonar y meningoencefálico, provocados por el consumo de propofol y fentanilo, drogas que no se pueden conseguir por fuera del ámbito hospitalario y que llevaban el etiquetado del Hospital Italiano. En los audios que se filtraron también se habla de fiestas con “viajes controlados” -es decir que había personas encargadas de controlar el consumo de los otros-, abusos sexuales y encubrimientos para que nada salga a la luz. Habría implicados desde hospitales públicos y privados hasta alumnos del ITBA, una de las universidades más caras del país, según los audios que recibió este medio.
El propofol es un anestésico de acción ultrarrápida que se emplea en diversos procedimientos médicos. El uso del propofol está indicado para la sedación y anestesia en intervenciones como endoscopías, colonoscopías, punciones o bloqueos, y también en cirugías mayores. Las dosis varían según el procedimiento y se administran de forma intravenosa mediante una bomba de infusión, que permite regular la cantidad suministrada en función de la edad, peso y necesidades del paciente.
Según lo que el médico toxicólogo Carlos Damin, profesor de Toxicología de la UBA y presidente de Fundartox, explicó a Infobae: “Los efectos inmediatos son la sedación, básicamente, y suele usarse junto con el fentanilo porque es el que le aporta la analgesia y eso constituye la anestesia. Algo que produzca sueño en la persona junto con algo que genere la analgesia y entonces se puede someter a un procedimiento quirúrgico».
“Habría que reflexionar sobre algunas cuestiones en este suceso, por ejemplo si es casual la aparición de una crisis de consumo de opiáceos -que son viejos conocidos para quienes nos dedicamos a este tema- en un momento de políticas públicas que generan dolor en todo momento”, explica Gustavo Zbuczynski, psicólogo, psicoanalista y especialista en políticas de drogas. Él resalta que se trata de drogas controladas y no ilegales, a diferencia de otras situaciones que han habido en Argentina en los últimos años.
Según Gustavo, hay dos grandes grupos que consumen opiáceos en Argentina: algunos grupos reducidos que obtienen las sustancias en el mercado negro creado por empleados desleales del sistema de salud y farmacias que los proveen sin receta, lo cual es más cercano a las clases populares. Finalmente, los mismos profesionales de la salud que ejercen sus tareas en áreas críticas, donde se pone en juego tanto la oferta como la demanda.
Recientemente, la Justicia ordenó dos allanamientos en domicilios vinculados a la médica residente Chantal “Tati” Leclercq, uno ubicado en el piso 10 de un edificio situado sobre la Avenida Santa Fe al 5300 y otra casa situada en el country Santa Bárbara, Tigre.
Chantal “Tati” Leclercq es una residente del tercer año de anestesiología del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La joven no se encuentra imputada en ninguno de los expedientes, pero su nombre quedó incorporado a la investigación por el robo de los insumos médicos. Esto se habría conocido a partir de la ampliación de una denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba).
En esa presentación, Leclercq reconoció haber consumido drogas de uso quirúrgico y sustancias recreativas tanto con Zalazar como con Delfina Lanusse, aunque aseguró que fue en encuentros distintos.
Anestesistas y enfermeros, dos caras de la misma moneda
“En el 99% de las carreras médicas, las residencias son reguladas por los distritos y la UBA. Depende de un examen común que tienen todos los médicos, quienes luego por puntaje pueden elegir el hospital”, explica Donato Spaccavento, médico generalista, ex ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y ex Director del Hospital Argerich. “La única especialidad donde el ingreso a la residencia lo regula una asociación es en el caso de los anestesiólogos”, enfatiza. Y agrega: “Ellos deciden la cantidad de anestesiólogos que hay en el país”. Además, asegura que el criterio de selectividad de la Asociación Argentina de Anestesistas no está totalmente claro y, a su vez, los anestesistas ejercen presión sobre otros rubros del sistema médico, de los cuales cobran tres o cuatro veces más.
El caso de Alejandro destapó una trama que cruza consumo de drogas, robos en un hospital y fiestas clandestinas. La Asociación Argentina de Anestesistas emitió un comunicado donde asegura que “no tenía conocimiento fehaciente previo de situaciones como las mencionadas» y que “no administra ni dispone de drogas en el ámbito de la formación”.
Todos los entrevistados de esta crónica coinciden en que no hay un control claro del tránsito de los medicamentos. “El sistema de control demostró que tiene agujeros por todos lados”, advierte Donato sobre el robo de sustancias del Hospital Italiano.
La de Alejandro no es la única tragedia reciente por consumo de insumos médicos: Eduardo Betancourt, enfermero de 44 años, fue encontrado muerto el viernes santo en su casa de Palermo. Alrededor de su cadáver había 50 frascos de diferentes medicamentos. Oriundo de Gualeguaychú (Entre Ríos) y radicado desde hacía un tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo vivía sólo en un departamento ubicado a metros de Plaza Italia. Luego de la tragedia, su familia reconoció el cuerpo y la causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.
En diálogo con La Nación, Daniela, una amiga del enfermero, aseguró que la muerte no habría sido accidental ni una decisión voluntaria. “Él no quiso ser parte de algo. Sabía demasiado y armaron una escena”.
Hector Ortiz es licenciado en Enfermería y lleva 42 años trabajando en el Hospital Durand y 40 en la Casa Cuna del Hospital General de Niños «Pedro de Elizalde». El recuerda que, de diez años a esta parte, por lo menos hubo cinco casos de enfermeros muertos por consumir drogas. “En las guardias y las terapias intensivas, donde se necesitan esas drogas, el enfermero suele tenerlas a mano. Puede suceder lo mismo que hacen los anestesistas: piden un poco más para quedárselo. Es muy difícil tener un control de eso”, asegura.
“Si vos a un anestesiólogo no le pagás extra, no te hace la anestesia”, explica Donato sobre la lógica sectaria de esta profesión. “Te extorsionan porque saben que si no pagás eso, tenés un problema sanitario grave. Si no formás parte de la Asociación de Anestesistas Argentinos, no podés ejercer en el país”.
Para el ex ministro, la medicina no está exenta de lo que pasa en la sociedad. Tanto los residentes como los médicos jóvenes están bajo un nivel de presión muy alto, en áreas críticas donde hay un alto grado de consumos problemáticos. “En terapia intensiva se dan más metanfetaminas, cocaína o ese tipo de drogas porque tienen que estar mucho tiempo activos con muchos pacientes”, cuenta. Además, los residentes tienen un acceso a medicación muy fluido que, sumado a la vida de mucho estrés, hace que consuman eso desde los primeros años. “Ahora surgió el propofol, que antes no existía”, agrega.
Héctor asegura que no es fácil controlar los medicamentos que se utilizan y que muchas veces no se llega a detectar quiénes los consumen. Por teléfono, relata que llegaron a encontrar a uno de sus compañeros de trabajo muerto en un baño del hospital. “En la Ciudad de Buenos Aires, no existe una contención respecto a estos temas. Nosotros en algún momento lo hemos solicitado, pero no hay ninguna respuesta. Inclusive necesitamos un control de salud periódico que tampoco lo tenemos, ni un médico laboral, ni un enfermero que nos controlen cada cierto tiempo”.
Para Spaccavento, los anestesistas tienen un nivel de adrenalina y un estilo de vida que los hacen millonarios al segundo o tercer año de residencia, eso complejiza el asunto. “Son chicos muy empapados por la sociedad de consumo y eso te empuja a consumir drogas para zafar”, agrega. “Hay intereses personales, políticas y sindicales. Pensá que los anestesistas condicionan la salud de todo el país. Tienen un poder de daño muy grande”.
A diferencia de lo que marca Donato, Ortiz asegura que los enfermeros suelen ser de clase media o baja. Sin embargo, también caen en este tipo de adicciones a los medicamentos. “Los trabajadores de salud tenemos en general dos o tres trabajos, tanto en medicina como enfermería. Es una gran carga horaria”, expresa. El consumo comienza para evitar el cansancio y el dolor, pero va generando adictos que funcionan bajo presión y recurren a las sustancias para evitar ese tipo de tensiones. “Es necesario que no solo se prohíba y se castigue, sino que se elabore qué es lo que sucede en cada situación. En el caso de la enfermería, muchas veces es que no alcanza la plata”, finaliza Héctor Ortiz.
Una vez terminada la entrevista telefónica, Ortiz se toma el tiempo de mandar un audio para enfatizar la precariedad a la que se ven expuestos los enfermeros. En algunos segundos dice: “existe la figura de médico laboral pero no es efectivo, no trabajan en ese aspecto, no hay personal para hacerlo”. Detrás de la pantalla, su voz se apaga.
