Tras la media sanción del Senado, el Congreso se apresta a continuar este camino el miércoles con la modificación de la Ley de Glaciares, una norma sancionada en el año 2010 con el objetivo de proteger las reservas estratégicas de agua dulce. Mientras el oficialismo asegura tener los votos para avanzar con los cambios, el peronismo se prepara para rechazar el proyecto, pese a tres diputados de Unión por la Patria que votarían con La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo.
Para Leonardo Grosso, quien fue diputado nacional durante 12 años y presidió la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, la posible aprobación de la reforma implicaría una subordinación a las mineras transnacionales.
Desde el oficialismo y los gobiernos provinciales que impulsan la reforma, se plantea la necesidad de explotar los recursos para el desarrollo y señalan que la Ley de Glaciares es antiminera. ¿Qué pensás al respecto?
La Ley de Glaciares no está en contra de ninguna actividad económica. Lo que hace es ordenar el funcionamiento general del territorio. Hay lugares donde se puede hacer minería y hay otros donde no. La ley dice que en el 1% de toda la cordillera argentina –donde hay glaciares y periglaciares, declarados como reservas estratégicas de agua dulce– no se puede hacer minería ni ninguna otra actividad económica. Porque solo el 3% del agua del planeta es dulce, y de ese porcentaje, el 60% o 70% proviene de los glaciares. Entonces no es una ley en contra de la minería, es una ley a favor de la vida. La minería tiene el 99% restante de la cordillera para hacer su actividad, pero elige hacerla justo en ese 1% donde están los glaciares. Eso habla de la voracidad económica de empresas transnacionales que no les importan las consecuencias porque no viven acá ni tienen que gestionar los daños colaterales, que serán más caros que los beneficios que dejan.
Desde tu experiencia, ¿cómo logran estas transnacionales la entrega de soberanía por parte de nuestros dirigentes?
Haciendo lobby. Y para eso pagan campañas políticas y ponen mucha plata. Compran medios de comunicación y construyen la idea de que la minería va a traer progreso. Sin embargo, ese progreso nunca se ve. Por ejemplo, Catamarca: hoy el gobernador hablaba en Comisión de las bondades del fondo minero, diciendo que con eso construyeron una escuela. Pero los números son elocuentes: Catamarca tiene 38.000 personas inscriptas en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) y apenas 30.000 en el registro formal (SIPA). Después de 30 años de minería, ¿cuáles son los índices de desarrollo económico y social de Catamarca? Esos son los datos reales, no la publicidad.
¿Puede identificar a las empresas que están detrás del lobby?
Sí, tienen nombre y apellido. Barrick Gold, BHP, la empresa Lithium, entre otras. Son multinacionales que no dejan un centavo en la Argentina, vienen a extraer material y se van. Y tienen cómplices locales: Milei, los políticos del PRO, y también algunos peronistas. Me refiero al gobernador de Salta, que dice ser peronista. Perón debe estar retorciéndose en su tumba. El peronismo no entregaba la soberanía, la defendía. Pensaba un modelo de desarrollo para su pueblo, no para empresarios extranjeros. Sino miremos a los pueblos wichí en Salta: ni siquiera tienen agua potable no contaminada. Y el gobernador dice que la minería desarrolló su provincia.
Se ha criticado a legisladores peronistas por apoyar al Gobierno en esta iniciativa. ¿Cuál es la posición del peronismo respecto a la reforma de la Ley de Glaciares?
La posición ultramayoritaria del bloque es votar en contra de la modificación. Salvo tres diputados de Catamarca y San Juan que están en una especie de interbloque con el peronismo, el resto va a rechazar el proyecto. De hecho, la mayoría de los votos en contra los va a aportar el peronismo dentro de la Cámara de Diputados. Eso es importante porque sino parece que el peronismo estuviera dividido, pero la realidad es que los que le dan los votos a este gobierno para modificar la ley son el PRO, los radicales y esos sectores.
¿Pudiste participar de la audiencia pública en la cual solo hablaron menos de 400 de los 100 mil inscriptos?
Pude, pero de una manera irregular. Fue una audiencia “trucha”, que no cumple ningún requisito legal. Una audiencia pública tiene que avisarse con tiempo, transparentar los criterios de selección de los participantes, garantizar la participación ecuánime de todos los sectores. Nada de eso se cumplió. Yo me inscribí, me contestaron que no había lugar, que mande un video. Me negué, fui igual como oyente y terminé hablando porque se les “bajó” gente que tenían anotada. Esto es grave porque la ley que quieren votar es un retroceso ambiental. Por el Pacto de Escazú y la ley general de ambiente, debería haberse garantizado una audiencia previa, informada y transparente. No hubo nada de eso. Por lo tanto, esta norma es pasible de judicialización. Van a tener los votos, pero la ley va a terminar en los tribunales.
¿Qué creés que puede pasar en el debate del miércoles?
Se discutirá si es posible un modelo de desarrollo o si profundizamos un modelo de subdesarrollo, es decir, si elegimos el modelo que nos plantean las mineras y los políticos de turno. ¿Ese modelo de subdesarrollo lo van a defender quienes se dicen peronistas? El peronismo piensa en el bienestar de su pueblo y en el desarrollo estratégico de los recursos para ese bienestar. Esto es todo lo contrario. Catamarca, con más de 30 años de minería, necesita misiones humanitarias de médicos desde Buenos Aires para atender a comunidades indígenas que no tienen acceso a la salud. San Juan es otra discusión: sus recursos no vienen de la minería, vienen del pacto de reconocimiento histórico que hizo el peronismo por el aporte al Ejército del Libertador. Así que cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. La historia va a juzgar.
¿Qué está en juego en el Congreso en términos de soberanía?
Está en juego la soberanía argentina. Un pueblo sin agua es un pueblo que no puede pensar nada, no puede desarrollar nada: ni la vida, ni la actividad económica, ni la actividad social. Un pueblo que no cuida sus bienes comunes –y los entrega a poderes extranjeros en función de intereses de otros países– está entregando su soberanía. Eso es lo que están haciendo Milei y los cómplices en el Congreso cuando quieren derogar o destruir la Ley de Glaciares. Nosotros estamos en contra de eso, para defender los bienes comunes que son estratégicos para la vida, como el agua, y para defender al pueblo argentino.
