El pasado 8 de abril se realizó en el colegio Isauro Arancibia -una institución educativa estatal que trabaja con personas en situación de calle- el acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Realizado por el Ministerio Público de la Defensa de CABA, allí se presentó un adelanto de la serie documental «Villas y barrios populares a 50 años del Golpe» y la muestra artística «La violencia en el espacio», de Carlos Salamanca Villamizar.
Entre los oradores estuvieron María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de CABA; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y fundador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); y Toto de Vedia, cura villero de la parroquia Virgen del Carmen de Caacupé de Barracas, Villa 21-24 y Zavaleta.
¿Qué sucedió en las villas porteñas durante la última dictadura militar? El Grito del Sur habló con tres especialistas para conocer un poco más al respecto.
“Durante la última dictadura se implementó la erradicación más violenta y masiva de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que desalojó a más de 200 mil personas a la fuerza”, cuenta Valeria Snitcofsky, Doctora en Historia e investigadora adjunta en CONICET. “Si bien había una ordenanza que le daba cierta legalidad, también había un trasfondo de represión ilegal habilitando el avance de las topadoras sobre las viviendas”, asegura.
Snitcoksky explica que luego del secuestro de los principales referentes villeros, vino la destrucción sin disimulo de los barrios populares. “La erradicación -término de por sí peyorativo- empeoró la problemática habitacional. Las personas desalojadas debieron formar nuevas villas mucho más precarias y en zonas mucho más alejadas de sus fuentes de trabajo”.
La última dictadura introdujo cambios en la estructura social argentina y muchas de sus consecuencias aún no han sido revertidas. En la Ciudad de Buenos Aires operó una profunda transformación en torno al derecho de los sectores populares de habitar la ciudad, lo que afectó sus condiciones materiales de vida pero también la distribución y el uso del espacio en toda el área metropolitana.
“Queríamos recordar el tema de las villas en dictadura porque es una historia que se conoce relativamente poco y sucedió en diferentes partes del país. La dictadura no solo quería demoler las casas de los barrios populares, sino que buscaba romper con la organización política y popular”, explica Ramiro Dos Santos Freire, defensor coordinador de la Unidad Especializada en Integración de Barrios Populares del Ministerio Público de la Defensa, quien estuvo presente en el acto. “Nosotros lo que hicimos fue rescatar experiencias de resistencia. En la Ciudad de Buenos Aires, las políticas de la dictadura formaban parte de la idea higienista de que la Ciudad es sólo para blancos europeos”, continúa.
Oscar Oszlak, en Merecer la Ciudad, realizó el primer estudio sistemático de las iniciativas del gobierno autoritario para incidir en la configuración urbana, que produjeron un desplazamiento poblacional hacia las periferias y la lucha por el derecho al espacio urbano. Entre ellas, las expropiaciones para la construcción de autopistas urbanas perjudicaron especialmente a los más pobres y a los inquilinos, que fueron desalojados y obligados a mudarse a zonas periféricas; también a los comerciantes y trabajadores que perdieron la localización de sus empleos, con un mercado de alquileres desregulado y sin acceso al crédito.
Otra iniciativa de la dictadura fue la erradicación de villas que tuvo como condición previa para poder realizarse la desaparición o el asesinato de militantes, dirigentes de juntas vecinales y habitantes. Ejemplo de ello es el secuestro, la desaparición y el asesinato de los integrantes de la Junta Vecinal de la Villa 21-24, a fines de abril de 1977.
Rosa Herrera es abogada, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y, desde los cinco años, vecina de Villa 6 (Cildañez). Ella llegó al barrio con su familia luego de ser desalojada de su casa en Cochabamba y Entre Ríos. Sobre la erradicación explica: “Era la previa del Mundial 78, por lo cual la dictadura necesitaba mostrar una Ciudad de Buenos Aires con nivel internacional, elegante, limpia y bella. Esto era sinónimo de terminar con toda presencia de marginados, trabajadores y clase obrera. Mucho menos era posible permitir que estos habitantes de las villas se organizaran”, asegura.
Rosa relata que en ese momento había una gran presencia del movimiento villero peronista y recuerda cuando su papá decía: “te llenaban la plaza en dos minutos”. En ese sentido, considera que “uno de los objetivos políticos de la dictadura fue expulsar por fuera de la capital a toda esa presencia organizativa”.
En enero de 1979 llegó la erradicación a Cildañez y el barrio fue invadido por fuerzas de seguridad, policías, ejército, empleados municipales y asistentes sociales haciendo censos y marcando las puertas de las casas. Fue en ese momento cuando empezó una campaña de tortura psicológica y hostigamiento permanente para que las familias se vayan. “El objetivo principal de ese dispositivo que se instalaba en los barrios era erradicar esta villa”, enfatiza Herrera.
Luego de instaurarse el terror y arrasada la militancia villera, en junio de 1977 se dictó la Ordenanza 33.652, de erradicación, que estableció que se expulsaría a los habitantes del perímetro de la Ciudad deportándolos si eran extranjeros, trasladándolos a sus provincias de origen si eran migrantes internos, o simplemente destruyendo sus viviendas con topadoras, viéndose obligados a trasladarse a otras villas del Gran Buenos Aires o donde pudieran.
Según explica Valeria, incluso hubo acuerdos entre Jorge Rafael Videla y el dictador boliviano Hugo Banzer Suarez para articular deportaciones coordinadas y organizadas. “La dictadura las presentaba como ‘repatriaciones voluntarias’; sin embargo, ese carácter voluntario puede ser puesto en duda cuando había topadoras tirando las casas, personal armado, personas de civil instando a las personas a dejar sus viviendas y policías montados hostigando a la gente”, aclara.
“La dictadura tenía un plan para cambiar la Ciudad y, hoy por hoy, Buenos Aires sigue heredando estas consecuencias: el norte bien diferenciado del sur, el discurso despectivo hacia las villas, las ferias, los vendedores ambulantes, los desalojos sin orden judicial, etc”, asegura Ramiro. “En la Ciudad de Buenos Aires sigue habiendo una gestión autoritaria del espacio público”.
Si bien en los 40 años de democracia muchas cosas cambiaron, Dos Santos Freire asegura que a nivel discursivo y en términos de violencia institucional hay algunos tintes del discurso discriminatorio que reviven al calor del avance libertario.
“Continúan los procedimientos abusivos en el espacio público y los desalojos. El Ejecutivo tiene que cumplir con un montón de normas en las villas que hoy no lo está haciendo”, concluye.
“Claramente había una mirada muy despectiva hacia quienes sufren la desigualdad más crudamente”, agrega Snitcofsky. “Si la Ciudad ya tenía una división entre el norte y el sur, se profundizó mucho más a partir de ese momento, cuando los desalojos se potenciaron en las tierras de mayor valor en cuestiones inmobiliarias”.
Según el informe realizado por la dictadura, para 1980 el número de personas desalojadas superó las 200.000, es decir el 10% de los habitantes de la Ciudad. Cinco villas fueron totalmente eliminadas del trazado urbano (como la de Bajo Belgrano y la de Colegiales) y las otras reducidas a escombros en la mayor parte de su superficie. “Había una idea de cierta ‘limpieza’ -que era el eufemismo que usaban ellos- e incluso usaban los mismos camiones de basura para llevar a las personas hacia el otro lado de la General Paz”, asegura Valeria. Mientras tanto, el gobierno realizaba propaganda política alentando esta ‘limpieza’ de la ciudad, algo similar a lo que sucedió en 2024 con el “Operativo limpieza” de Jorge Macri.
“En los barrios conocemos la historia de lo que pasó en la dictadura”, añade Rosa cuando se le pregunta por qué no está tan difundida su historia. “Las villas están de pie no por el mero transcurso del tiempo, sino porque hubo detrás una lucha de resistencia”, enfatiza. “Esto no tiene que ver con que defendamos las condiciones precarias; de hecho somos los que más trabajamos para dignificar nuestras condiciones de habitabilidad, sino con la lucha para transformar nuestras villas en barrios de trabajadores, que es lo que son”.
Como cuenta Rosa, en todos los barrios se dieron distintas formas de resistencia contra la erradicación: acompañadas por los curas villeros, se impulsaron las Cooperativas de Autoconstrucción de Viviendas en lotes adquiridos por los villeros o donados por la Iglesia, en municipios alejados del conurbano. Lograban negociar con la dictadura que pospusiera la demolición de sus viviendas hasta que las obras estuvieran finalizadas.
Hacia 1979, habitantes de las villas -patrocinados por los abogados militantes y con el acompañamiento de curas y monjas que integraban la Pastoral Villera- se organizaron en la Comisión de Demandantes, que enfrentó judicialmente la medida y logró detener los desalojos. Iniciaron acciones judiciales en todos los barrios, exigiendo que la dictadura cumpliera con su propia ordenanza de erradicación, en cuanto establecía el acceso a una “vivienda decorosa” antes del desalojo. Si bien en primera instancia perdieron, luego en la apelación lograron que se dictara una medida cautelar de “no innovar”, deteniendo las erradicaciones hasta el final de la dictadura. Tal fue el impacto de esta lucha que con la recuperación democrática, una de las primeras medidas dictadas por el gobierno radical fue la Ordenanza de Radicación, derecho que hoy es reconocido en la Constitución de la Ciudad.
“Es necesario tener esta historia presente y aportar en la construcción de memoria colectiva para que no se vuelva a repetir”, declara la vecina de Cildañez quien asegura que actualmente el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo políticas de discriminación tanto discursivas como en los hechos. “Nos quieren enfrentar pueblo contra pueblo por el tema de vivienda, cuando en realidad es una obligación del Estado. Quieren poner a los habitantes de las villas como el otro al que hay que odiar, igual que lo hizo la dictadura” y agrega que no es casual que, previo a la erradicación, la dictadura haya llevado a cabo una campaña propagandística de demonización de los habitantes de las villas.
“Todos los procesos de urbanización están detenidos o muy ralentizados porque, acompañado con el discurso de discriminación, hay una reducción del presupuesto”, cuenta Ramiro. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires termina haciendo intervenciones de marketing que sirven para las redes sociales, pero que no resuelven los problemas reales en el territorio”, finaliza.
Por último, Herrera señala: “Si en dictadura no pudieron exterminar nuestros barrios ni nuestra forma de vida colectiva, menos podrán otros gobiernos que en el marco de una democracia formal intentan demonizarnos y dejarnos otra vez en el olvido. Hay que pelear para que la justicia social no quede solo en las leyes y se cumpla”.
