En los últimos días volvió a instalarse en la agenda pública la posibilidad de modificar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (LNSM). Presentada bajo el argumento de “modernizar” el sistema y dar respuesta a situaciones críticas, la iniciativa que impulsa el gobierno nacional —y que algunos medios difunden sin mayor problematización— no sólo resulta innecesaria: implica un retroceso conceptual, político y sanitario de enorme gravedad.
No se trata de una discusión técnica ni de una actualización menor. Lo que está en juego es el modelo mismo de abordaje del sufrimiento psíquico: si se lo piensa como un problema individual a ser controlado desde la lógica médica hegemónica, o como una dimensión compleja que requiere respuestas interdisciplinarias, comunitarias y basadas en derechos.
La ley vigente, sancionada en 2010, no es un punto de llegada sino una herramienta en disputa. Nació como parte de un proceso histórico que articuló el campo de la salud mental con el movimiento de derechos humanos, y que buscó dejar atrás décadas de prácticas manicomiales, encierro crónico y medicalización del padecimiento. Su espíritu no fue sólo regular internaciones, sino transformar la lógica del sistema.
Por eso, lo primero que llama la atención del proyecto de reforma es su insistencia en desandar ese camino.
Crónica de una modificación innecesaria anunciada
Desde hace más de una década, la LNSM ha sido objeto de intentos reiterados de reforma. Sin embargo, estos anuncios no han estado acompañados por políticas sostenidas de financiamiento, ampliación de dispositivos comunitarios ni fortalecimiento del sistema público de salud mental.
A continuación, se presenta un breve detalle de esos intentos, relevados en medios gráficos nacionales:
| Año | Medio | Fecha | Síntesis del contenido |
|---|---|---|---|
| 2017 | La Nación | 01/11/2017 | El gobierno de Mauricio Macri impulsa cambios vía decreto reglamentario que flexibilizan criterios de internación. |
| 2017 | Página/12 | 02/11/2017 | Críticas de organismos de derechos humanos al intento de reforma regresiva de la ley. |
| 2018 | Clarín | 15/08/2018 | Funcionarios plantean “revisar” la ley por supuestas dificultades en la atención de pacientes. |
| 2019 | La Nación | 10/09/2019 | Debate sobre la necesidad de modificar la ley ante la falta de dispositivos adecuados. |
| 2020 | Página/12 | 05/05/2020 | En pandemia, especialistas advierten que el problema es la implementación, no la ley. |
| 2022 | La Nación | 18/03/2022 | Sectores médicos cuestionan límites a internaciones involuntarias. |
| 2023 | Clarín | 12/10/2023 | Propuestas de campaña incluyen revisar la ley por “exceso de garantismo”. |
| 2024 | Infobae | 15/02/2024 | El gobierno de Javier Milei anuncia evaluación de cambios estructurales. |
| 2025 | La Nación | 20/06/2025 | Se plantea reformar la ley para “agilizar internaciones” en contextos urbanos. |
| 2026 | Infobae | 07/04/2026 | Presentación de un nuevo proyecto que modifica criterios clínicos y legales de internación. |
Cuadro: Referencias a intentos de modificación de la LNSM en medios nacionales (2015–2026).
Una constante: reformar sin implementar
La lectura en serie de estos intentos permite advertir una regularidad: la insistencia en modificar la ley como respuesta rápida frente a problemas estructurales que, en realidad, no derivan de su contenido normativo sino de su incumplimiento.
Desde la gestión de Mauricio Macri hasta la actual administración de Javier Milei, el argumento se repite con variaciones: la ley “dificulta” internaciones, “limita” la intervención médica o “no responde” a las urgencias del sistema. Sin embargo, en ninguno de estos momentos se observa un correlato en términos de inversión pública, ampliación de dispositivos sustitutivos, fortalecimiento de equipos interdisciplinarios o desarrollo de redes territoriales de cuidado.
La consecuencia es un desplazamiento del problema. Allí donde falta política pública, aparece la propuesta de reforma normativa. Allí donde faltan dispositivos, se cuestionan los derechos. Allí donde el sistema no logra dar respuesta, se señala a la ley como obstáculo.
En este punto, la modificación del lenguaje no es un detalle menor. El pasaje de “padecimiento” a “trastorno” —tal como se propone en los proyectos más recientes— no solo implica un cambio terminológico, sino un corrimiento conceptual: de una perspectiva que reconoce la dimensión subjetiva y social del sufrimiento, hacia otra que lo encapsula en categorías diagnósticas, favoreciendo lecturas reduccionistas y medicalizantes.
Del mismo modo, la insistencia en revisar los criterios de internación involuntaria, debilitando la exigencia de evaluación interdisciplinaria y la doble firma profesional, no responde a evidencia de fallas del sistema sino a una reconfiguración del poder de decisión. Lo que se pone en juego no es la eficacia de la atención, sino la restitución de una lógica jerárquica donde la medicina —y en particular la psiquiatría— recupera un lugar hegemónico.
Este movimiento resulta especialmente problemático en un contexto donde las principales demandas de familiares y usuarios del sistema no refieren a la imposibilidad de internar, sino a la ausencia de dispositivos de atención, acompañamiento y cuidado en la comunidad. La falta de camas adecuadas para infancias y adolescencias, la escasez de equipos territoriales, la sobrecarga de los efectores públicos y la fragmentación de las redes de atención constituyen problemas ampliamente documentados que no encuentran respuesta en las propuestas de reforma.
En este sentido, la reiteración de anuncios de modificación de la ley sin políticas de implementación configura una escena conocida: crónica de una modificación anunciada que, lejos de resolver los problemas existentes, corre el eje del debate y habilita retrocesos en materia de derechos.
No se trata, entonces, de una discusión técnica. Se trata de una disputa política por el sentido de la salud mental: si será abordada como un campo de derechos, atravesado por lo social y lo comunitario, o si se avanzará hacia modelos que privilegian el control, la medicalización y la reducción del sujeto a un diagnóstico.
Y en esa disputa, la historia reciente muestra con claridad que modificar la ley ha sido, muchas veces, una forma de evitar discutir lo verdaderamente necesario: cómo construir un sistema de salud mental accesible y capaz de cuidar.
Del padecimiento al trastorno: el regreso de una lengua que clasifica
Uno de los cambios más significativos —y a la vez más sintomáticos— es la sustitución del concepto de “padecimiento mental” por el de “trastorno”. Lejos de ser una cuestión semántica, este desplazamiento implica un giro en la forma de concebir a las personas y sus sufrimientos.
El término “padecimiento” remite a una experiencia situada, atravesada por condiciones sociales, vínculos, historias. El “trastorno”, en cambio, tiende a inscribirse en una lógica clasificatoria, diagnóstica, muchas veces descontextualizada. Es un lenguaje que ordena, etiqueta y jerarquiza, pero que con frecuencia pierde de vista las condiciones de vida que producen sufrimiento.
No es casual que este cambio conviva con la reaparición de una lógica que podríamos llamar, sin exagerar, de nominación medieval: nombrar para fijar, diagnosticar para decidir, clasificar para intervenir.
Ese retorno no es inocente. Prepara el terreno para algo más profundo: la recentralización del poder de decisión en manos de la medicina.
El corrimiento de la interdisciplina: quién decide sobre la libertad de las personas
La ley actual establece que toda internación involuntaria debe contar con la evaluación de un equipo interdisciplinario y con al menos dos firmas profesionales, una de ellas del campo de la psicología. Esta disposición no es un formalismo burocrático: es una garantía de derechos.
Introduce una lógica de control cruzado, de responsabilidad compartida, de discusión clínica que evita que decisiones tan extremas como la privación de la libertad queden en manos de una única mirada.
El proyecto en discusión debilita este principio. Al relativizar la exigencia de intervención interdisciplinaria, abre la puerta a que la decisión de internar vuelva a concentrarse en el saber médico hegemónico.
En otras palabras: se desplaza la discusión, se empobrece la mirada y se reduce el margen de cuidado.
No es un detalle técnico. Es una redefinición del poder.
Una reforma que no responde a los problemas reales
Quienes impulsan estas modificaciones suelen justificar su posición en la supuesta falta de herramientas que tienen las familias y los profesionales para intervenir en situaciones críticas. Sin embargo, el problema central del sistema de salud mental en Argentina no radica en la letra de la ley.
Radica en su incumplimiento.
Faltan dispositivos comunitarios, equipos territoriales, redes de atención, articulación entre niveles. Faltan políticas públicas sostenidas que garanticen acceso, continuidad de cuidados y acompañamiento a largo plazo. Faltan recursos para infancias y adolescencias, donde la situación es particularmente crítica: en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, niños y niñas son internados en dispositivos no adecuados, evidenciando una precariedad estructural que ninguna reforma legal resuelve por sí sola.
Nada de esto aparece en el proyecto.
No hay mención a la ampliación de la capacidad sanitaria, ni a la creación de dispositivos alternativos, ni a la formación de equipos. La reforma no propone más cuidado. Propone más control.
Consumos problemáticos, estigmas y retorno de la peligrosidad
Otro aspecto preocupante es la persistencia —en el discurso público que acompaña la reforma— de la idea de que las adicciones constituyen un problema separado del campo de la salud mental. Esto desconoce deliberadamente uno de los avances centrales de la ley vigente: considerar a las personas con consumos problemáticos bajo el mismo marco de derechos que cualquier otro padecimiento.
Separar nuevamente estas problemáticas no es sólo un error conceptual. Es una operación política que refuerza el estigma.
En un contexto donde se asocia de manera creciente consumo, locura y situación de calle, esta diferenciación habilita lecturas preocupantes. No es casual que, en paralelo, circulen discursos que justifican intervenciones coercitivas bajo la lógica de la “peligrosidad”.
La historia argentina ya conoce ese camino. Y también conoce sus consecuencias.
Entre el pánico moral y la eugenesia social
Hechos recientes y amplificados mediáticamente —como el caso ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe— son utilizados para instalar la idea de que el problema radica en la falta de control sobre personas con padecimientos mentales. Sin embargo, estos episodios complejos son reducidos a explicaciones simplistas que omiten las condiciones sociales, económicas y subjetivas que los producen.
El riesgo es claro: construir un clima de pánico moral que habilite respuestas regresivas.
Cuando se instala la idea de que ciertos sujetos son peligrosos por definición, el paso siguiente es legitimar su control, su encierro o su exclusión. En nombre de la seguridad, se avanza hacia formas de eugenesia social que nada tienen que ver con el cuidado.
Lo que está en juego
La discusión sobre la LNSM no puede reducirse a una disputa corporativa ni a una diferencia entre disciplinas. Lo que está en juego es cómo una sociedad decide tratar a quienes sufren.
Si opta por el encierro o por el cuidado.
Si privilegia el control o la inclusión.
Si escucha o clasifica.
La ley vigente no es perfecta. Pero su problema no es su enfoque, sino la falta de decisión política para implementarla plenamente.
Modificarla en el sentido que hoy se propone no resolverá los problemas existentes. Los profundizará.
Porque cuando se debilitan las garantías, cuando se reduce la complejidad y cuando se concentra el poder de decisión, lo que se pierde no es sólo una ley.
Se pierde una concepción de la salud mental como derecho.
Y eso, en una sociedad que ya conoce los efectos del encierro y de la exclusión, no es algo menor.
*Andrea Vázquez es Psicóloga. Doctora en Psicología. Profesora Adjunta de Salud Pública y Salud Mental II de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Integra la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires (APBA).
