Bolivia se debate entre crisis económica, bloqueos y malestar creciente frente a las políticas económicas del gobierno derechista de Rodrigo Paz, que han deteriorado en forma notoria el poder adquisitivo de la población. Frente a este contexto complejo, los sectores más radicalizados en las protestas exigen la renuncia del primer mandatario, que asumió su cargo en noviembre del año pasado.
En diálogo con El Grito del Sur, Andrónico Rodríguez -reconocido dirigente social y ex presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia (2020-2025)- analizó el conflicto en curso, el impacto de las medidas anti-populares del Gobierno y la reconstrucción del movimiento popular luego de varios años de fragmentación política.
¿Cómo se encuentra por estas horas la conflictividad social en distritos como La Paz y Cochabamba?
El departamento que está más convulsionado es La Paz, ya que el foco del conflicto se ha centralizado principalmente en la ciudad del Alto. Si bien hay ciertos puntos de bloqueo, Cochabamba se encuentra con cierta normalidad. Esperemos que no exista mayor conflictividad entre policías, militares y los manifestantes, entre los que se encuentran integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y los campesinos de diferentes provincias. La consigna es el pedido de renuncia del presidente y no más diálogo, puesto que no se atendió el reclamo -a pesar del pliego petitorio de cada sector- y se llegó a esta medida extrema de los bloqueos y las marchas. Está muy tensa la situación en nuestro país, principalmente en la ciudad de La Paz.
Para entender lo que está sucediendo ahora, es necesario mirar un poco más atrás: en diciembre pasado, el Gobierno eliminó por decreto la subvención estatal a la gasolina. ¿Qué impacto tuvo esta medida en la primera mitad del año?
El Gobierno empezó mal y muy debilitado. Primero se ha mostrado como un binomio, que terminó siendo aparente y sin rumbo -están peleados entre sí- pese que al comienzo había generado esperanza para el campo popular. En campaña dijeron que no iban a eliminar la subvención pero finalmente prepararon un decretazo: la gasolina pasó de costar 3,70 a 7 bolivianos, es decir casi un dólar. Prácticamente se ha doblado el costo de la vida de los bolivianos y bolivianas. La gente con menos recursos y que vive en los lugares más recónditos de las provincias o municipios podía llegar a adquirir los productos a menor precio a partir del combustible subvencionado, pero ahora la canasta familiar subió por los cielos. El problema del combustible lo venimos arrastrando desde la gestión del presidente Arce, entonces como primera medida se levantó la subvención pero ésta sigue siendo de mala calidad y afecta a miles de transportistas. Se pide la renuncia de Paz porque no cumplió con sus promesas y aplica medidas anti-populares. Hay un enojo generalizado en todo el país.
¿Cuáles son las principales demandas populares que unen a los diversos sectores que impulsan las protestas callejeras?
No hay un pliego muy puntual que una a todos los sectores: las medidas anti-populares que empieza a aplicar el Gobierno están generando descontento porque no era lo prometido. Por ejemplo, el magisterio ha hecho notar que el Gobierno les quita bonos o subsidios y no les aumentan el salario, cuando en campaña les dijeron «ustedes los profesores van a ganar mejor que los funcionarios del gobierno». Por otro lado, dijeron «destituimos a 300 o 400 funcionarios masistas y, por lo tanto, la gasolina va a ser de buena calidad». Nada de eso ocurrió y la molestia alcanza a todos los sectores. Cabe destacar también que las protestas han sido muy aisladas, cada cual por su reivindicación puntual, y todavía no se ha logrado unificar a las distintas vertientes.
¿Qué pretende el Ejecutivo boliviano a partir de la creación de una comisión para reformar la Constitución?
Ellos quieren supuestamente modificar la Constitución Política del Estado para ver el tema de la ley de Inversiones y la ley de Hidrocarburos. Primero dijeron que los 20 años del masismo fueron robo y corrupción, hasta llegar a la Constitución. Entonces señalaron que el problema es el sistema que el masismo nos ha impuesto. El Gobierno no tiene un objetivo bien certero en materia discursiva y comunicacional. Ahora están conformando una comisión para ver la posibilidad de una reforma, cuando presentan cinco proyectos de ley -entre ellos la ley de inversiones en minería y materiales estratégicas- pretendiendo tratar estas normativas en la Asamblea Legislativa. No nos han aclarado de manera nítida su pretensión y su objetivo sobre la reforma de la Constitución, pero ya se especula que la intención es cerrar algunas empresas estatales presuntamente deficitarias, algo que tampoco logran demostrar. Entonces estamos sumergidos en una confusión planificada.
¿Cómo caracterizas a este gobierno actual? ¿Ves alguna similitud con otros gobiernos de derecha en el pasado?
Es un gobierno muy débil, sin horizonte y con un discurso envuelto de mucha demagogia. Lo que dice el Gobierno es «ni derecha ni izquierda, la ideología no te da de comer», cuando en el fondo aplican las mañas de la derecha recalcitrante de nuestro país. El actual presidente de Bolivia está muy alineado con los gobiernos de Argentina, Ecuador, Chile y Paraguay. Hasta hace cuatro o cinco años por lo menos, el Estado era muy fuerte en nuestro país pero ahora lo han dejado muy vulnerable.
¿De qué forma pueden reconstruir el movimiento popular en caso de producirse una caída del actual gobierno? Ustedes vienen de una fragmentación muy grande en los comicios presidenciales del 2025.
Está claro que el año pasado fuimos muy fragmentados en las elecciones, cometimos muchos errores porque ninguno entendió que debía haber unidad en torno a un liderazgo, a un partido histórico y a un proyecto. Si bien yo diría que el campo popular está latente porque sabe unirse en torno a un proyecto político, persiste cierto conflicto, división y resentimiento en la cúpula de la dirigencia o en los liderazgos de izquierda en nuestro país. Entonces es importante que nos entendamos definitivamente entre los liderazgos -tanto los emergentes como los que estuvimos asumiendo responsabilidades en anteriores gestiones- para lograr capitalizar el sentimiento de descontento de las clases populares en torno a un proyecto político alternativo. No alcanza con decir «vamos por la continuidad del proceso de cambio de 2005-2006», ya no es posible con esto generar un encanto ante los bolivianos. Qué queremos con la minería, los hidrocarburos, los materiales estratégicos, el litio, la ganadería, la agricultura, etc. Lo mismo pensar la administración pública, que está sumida en corrupción con una burocracia altísima y un nivel de planificación muy bajo. Creo que la política en Bolivia no se mide ahora por quién grita más, quién concentra más o llena estadios. El proceso se va a tornar en una batalla de ideas y proyectos en pugna; nosotros debemos generar una discusión horizontal y una decisión orgánica, construyendo desde abajo el bienestar social que propone la izquierda.
