Hasta hace cuatro años, Colombia se distinguía por ser un subordinado incondicional de Estados Unidos. La presidencia de Gustavo Petro cortó esa larga racha iniciando el difícil desmonte del neoliberalismo, diversificando las relaciones exteriores del país y liderando iniciativas globales en torno a la paz y la crisis climática. Este domingo 31 de mayo se abre la posibilidad de ratificar ese cambio de rumbo histórico o retornar al neoliberalismo en una versión aún más feroz que la conocida, en un contexto regional adverso y con un Donald Trump impetuoso, que se vería muy beneficiado de recuperar su gendarme regional.
Una candidatura para continuar el legado de Petro
La fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué cuenta con la mayor preferencia para estas elecciones y promete continuar con el proyecto liderado por el actual presidente. Estos primeros años de gobierno del progresismo y la izquierda colombiana han reforzado la disputa por un nuevo sentido común anti-militarista y anti-neoliberal que se corresponde con las motivaciones generales de la sublevación popular de abril-julio de 2021. Ahora, el petrismo se ha acentuado como una identidad política con una fuerza organizada que trae consigo una experiencia de gobierno exitosa, pero con enormes desafíos para constituir una nueva hegemonía como la que alcanzó el uribismo hace dos décadas.
Cepeda es un filósofo que ha militado desde su juventud en la izquierda colombiana y ha representado a las víctimas de crímenes de Estado, tanto en las calles como en el Congreso donde actualmente es senador. Con esa convicción denunció los crímenes del paramilitarismo y la connivencia estatal, confrontó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo llevó a un juicio que lo condenó en primera instancia y ahora está por resolverse en la Corte Suprema de Justicia. Aida Quilcué es una lideresa indígena nasa proveniente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), actual senadora del Pacto Histórico y forjada al calor de la organización popular. El CRIC ha sido uno de los pilares de la lucha indígena y la defensa de los territorios.
Los indicadores del cambio
Hoy el petrismo puede mostrar una gestión económica que contradice los pronósticos de sus opositores, donde la estabilidad macroeconómica se combina con la expansión de derechos sociales. El llamado primer gobierno progresista de Colombia logró desendeudar al país con el FMI, apreciar la moneda, diversificar las exportaciones, iniciar una transición energética y a la vez garantizar la gratuidad de la educación pública terciaria y universitaria, incrementar los ingresos a adultos mayores, acelerar la restitución de tierras despojadas a campesinos y avanzar en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito sin criminalizar a las familias cultivadoras.
Los indicadores refutan todo el dogma ortodoxo neoliberal y libertariano. Las políticas del gobierno de Petro lograron disminuir el desempleo al 8,8%, el más bajo del siglo, acompañado de una reducción de la informalidad laboral del 58% al 55,3%, y de la pobreza monetaria del 40% al 31,8%. Esto confirma los efectos positivos de la reforma laboral que restituyó derechos tan básicos como el pago diferencial de horas extras, nocturnas y dominicales. Además, llevó el salario mínimo de 285,9 dólares en 2022, a 535 dólares en 2026. No son datos menores en una región donde la informalidad y la pobreza crecen, los salarios caen y se desregulan los derechos de la clase trabajadora.
Segundo turno: completar el ciclo reformista
La gran apuesta del Pacto Histórico ha sido impulsar un ciclo de reformas profundas que sienten las bases para una transformación de Colombia que supere el neoliberalismo, implemente el Acuerdo de Paz de 2016 y genere las condiciones para la justicia social. Sin embargo, las mayores limitaciones a las reformas han estado en el Congreso. Aunque con una representación histórica en 2022, la fuerza legislativa del Pacto Histórico se vio en franca desventaja para alcanzar los votos en leyes como la reforma a la salud. A pesar de ello, logró niveles de acuerdo para una reforma tributaria al comienzo del mandato, la ley de “Paz Total” que eliminó el servicio militar obligatorio y creó el servicio social para la paz, la mencionada reforma laboral y una reforma pensional, que -si bien se aprobó- fue suspendida por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento, conculcando el derecho a la jubilación al 70% de potenciales beneficiarios.
Ese ciclo reformista aún está inconcluso y demanda cambios en materia tributaria, productiva, sanitaria, previsional, y dos pilares sensibles: seguridad humana y defensa nacional. Es la tarea que deberá completar Iván Cepeda en su mandato y para lo cual es crucial ganar en primera vuelta. Ello le permitirá sentar un precedente simbólico y afirmar un respaldo mayoritario para tramitar acuerdos interpartidistas.
Ganar en primera: fin de una hazaña uribista
El clima social trasciende nuevamente lo que dicen las encuestas. Así como hace cuatro años se creó una atmósfera de optimismo que llevó a muchas personas a creer que Gustavo Petro podía ganar en primera vuelta, ahora se revive ese anhelo con una estela de logros que han creado un entusiasmo popular mayor. Aunque el Pacto Histórico no es más una coalición dispersa y heterogénea de partidos y movimientos, sino una sola fuerza política, se enfrenta a la poderosa maquinaria electoral de los partidos tradicionales, la posible intromisión extranjera con mecanismos de fraude y a un adversario silencioso: el abstencionismo.
Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo consolidaron al Pacto Histórico como la principal fuerza política de Colombia, que logró romper la barrera de los 4 millones de votos en ambas cámaras con una participación que alcanzó el 50,6%; la más alta para este tipo de elección desde 1990. Aún así, no contará con mayoría propia en la próxima legislatura que empieza el 20 de julio. Ahora el desafío es sumar 13 millones de votos para ganar en primera vuelta y superar los 11,27 millones con los que ganó Petro en la segunda vuelta de 2022.
El sistema electoral colombiano estipula que para ganar la presidencia en primera vuelta se requiere la mitad más uno de los votos, hazaña que sólo ha logrado Álvaro Uribe Vélez dos veces consecutivas: en 2002 y 2006. De acuerdo con la encuesta CELAG Data de mayo, Iván Cepeda lidera la intención de voto con 41,1% teniendo una holgada ventaja sobre sus principales contrincantes: el extremista libertariano Abelardo De La Espriella (19,1%) y la candidata oficial del uribismo Paloma Valencia (16,6%). Ambos son acérrimos opositores del petrismo y abiertos simpatizantes de Javier Milei, Donald Trump y confesos aliados del premier israelí Benjamín Netanyahu. Por ahora, según las encuestas, Cepeda y Quilcué vencerían a cualquiera de sus contrincantes en un ballotage.
Aunque los estudios demoscópicos no lo muestran, hay una Colombia profunda que apuesta por la continuidad del cambio. Las expectativas están puestas ahí y en los votos que puedan traccionarse del autodenominado centro político, cada vez más disuelto por la polarización. Esto haría que se perfore el techo electoral de las encuestas y se logre una victoria el 31 de mayo, justo dos décadas después del triunfo de Uribe, el arquitecto de un orden contrainsurgente y neoliberal, como una redención popular que ratifique el cambio de rumbo histórico.
