Un link de Meet. Un mensaje urgente. Decenas de trabajadoras conectándose. Del otro lado de la pantalla, llegó la noticia: el Refugio Mariquita Sánchez, uno de los dispositivos históricos para mujeres víctimas de violencia de género y trata en la Ciudad de Buenos Aires, sería desalojado en apenas 48 horas. No habría tiempo para planificar y contener, ni siquiera procesar el impacto. Las mujeres alojadas, muchas de ellas escapando de situaciones extremas, serían trasladadas compulsivamente a otro edificio más pequeño, sin patio, sin jardín, sin espacios de esparcimiento y con menos de la mitad de las plazas disponibles. El predio original, según denunciaron las trabajadoras, sería cedido a una ONG.
La escena parece salida de una distopía: un refugio construido durante décadas para alojar a mujeres en situación de altísimo riesgo, vaciado de manera exprés por un gobierno que dice defender la “eficiencia” del gasto público. Pero ocurrió en la gestión de Jorge Macri.
El pasado 13 de mayo se concretó el desalojo forzoso del Refugio Mariquita Sánchez, un espacio que desde hace cuarenta años aloja, protege y acompaña a mujeres, disidencias e infancias víctimas de violencia de género. El dispositivo depende de la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia, encabezada por Carla Artunduaga dentro del Ministerio de Hábitat porteño conducido por Gabriel Mraida. Para las trabajadoras, el traslado no puede leerse de manera aislada: forma parte de una política sostenida de vaciamiento y desmantelamiento de las políticas de género en la Ciudad, en sintonía con el ajuste nacional impulsado por Javier Milei.
“No nos dieron tiempo a nada, ni siquiera a reaccionar”, cuenta una trabajadora del refugio que pidió preservar su identidad por miedo a represalias. La explicación oficial fue brutal en su simpleza: el lugar “era demasiado grande”, tenía “muchas plazas vacías” y estaba “desperdiciado”. Las trabajadoras desmienten esa versión y aseguran que hubo momentos con más de 50 mujeres alojadas en un espacio que funciona las 24 horas y los siete días de la semana.
El nuevo edificio, relatan, está lejos de reunir las condiciones mínimas para recibir a personas atravesadas por situaciones extremas de violencia. “Cuando llegamos había olor fuerte a pintura, las mujeres tenían dolor de cabeza, las trabajadoras también. Había pérdidas de agua por todos lados. Era evidente que hicieron un lavado de cara apurado”, describe la entrevistada. Donde antes había 47 camas, ahora hay apenas 16. Donde existían espacios abiertos para que lxs niñxs jugaran o las mujeres pudieran respirar después del trauma, ahora quedan habitaciones reducidas y hacinadas.
El refugio no era solamente un techo. Era un dispositivo integral de cuidado. El primero de América Latina creado tras la sanción de la Convención de Belém do Pará para alojar a mujeres que debían huir porque sus agresores podían asesinarlas o porque escapaban de redes de trata. Psicólogas, trabajadoras sociales y equipos interdisciplinarios acompañaban procesos profundamente complejos: mujeres atravesadas por violencias extremas, problemas de salud mental, consumos problemáticos, pobreza y situación de calle.
“El refugio es una contención integral. Las personas llegan destruidas, en shock, completamente desestructuradas. Nuestro trabajo es acompañarlas desde el cuidado y el amor”, explica la trabajadora. Esa lógica de acompañamiento, sin embargo, choca cada vez más con una política estatal orientada al ajuste, la reducción presupuestaria y la precarización.
Desde la llegada de Jorge Macri al gobierno porteño, las políticas de género sufrieron recortes, degradaciones institucionales y cambios discursivos. En 2025, la Subsecretaría de la Mujer fue degradada al rango de Dirección General bajo el argumento de “ahorrar” más de 13 mil millones de pesos para destinarlos a seguridad, salud y educación. Al mismo tiempo, la Dirección General de la Mujer pasó a llamarse Dirección General de Protección contra la Violencia Familiar, un cambio que no es solamente semántico: implica reducir las violencias de género al ámbito doméstico y familiar, invisibilizando otras formas estructurales de violencia hacia mujeres y diversidades.
Las consecuencias de ese ajuste ya se sienten dentro de los dispositivos. Las trabajadoras denuncian menos recursos, menos viandas, contratos precarios y procesos de intervención cada vez más rápidos. “Ahora los egresos se deciden mucho antes. Apenas una mujer consigue un botón antipánico o resuelve mínimamente alguna situación, ya se impulsa la salida. Y eso pasa también porque ahora hay menos plazas”, explica la entrevistada.
El miedo también atraviesa a quienes sostienen el refugio. Muchas trabajadoras cobran salarios de pobreza —apenas 500 mil pesos mensuales— y tienen contratos extremadamente precarizados. “Las compañeras con asistencia técnica no pueden salir a hablar porque pueden quedarse sin trabajo”, cuenta.
Tras el desalojo, las trabajadoras difundieron un comunicado y crearon una cuenta de Instagram para denunciar la situación. La respuesta del gobierno porteño fue tan evasiva como alarmante: en el texto oficial se difundió información sobre la ubicación del refugio, un dato que históricamente se mantiene reservado para proteger la seguridad de las víctimas.
Para quienes trabajan allí, el problema excede el cambio de edificio. Lo que está en juego es el sentido mismo de las políticas públicas de cuidado. Transformar un refugio especializado en un parador generalista implica desconocer que las mujeres víctimas de violencia de género necesitan dispositivos específicos, seguros y preparados para acompañar situaciones de altísimo riesgo. El traslado compulsivo, sin protocolos claros ni condiciones dignas, no sólo desarma redes de contención: también revictimiza.
Porque cuando el Estado reduce camas, recorta equipos y precariza trabajadoras, no está aplicando simplemente un ajuste administrativo. Está definiendo qué vidas merecen ser protegidas y cuáles pueden quedar libradas a la intemperie.
