El camino es estrecho, da vueltas, se bifurca, rodea edificios blancuzcos que parecen alzarse uno tras otro, incontables. Apenas se cruza el umbral del predio, algo se vuelve evidente: aquí no alcanza con mirar, hay que conocer. De lo contrario, el lugar se cierra sobre sí mismo y extravía.
Los árboles de otoño arman una escenografía amarillenta que resuena con los muros percudidos. En Barracas, sobre la calle Ramón Carrillo, a la vuelta del Parque España, no llega el ruido de las líneas de colectivo de la Avenida Entre Ríos. No hace frío ni calor —una indecisión propia de fines de abril—, pero Guillermo Jemar llevará un pullover beige arriba del ambo cuando se apersone a la puerta de su oficina, en la guardia del Hospital Nacional José Tiburcio Borda.
Es jueves por la mañana y Jemar, jefe del departamento de urgencias, santiagueño de nacimiento, recibido de médico en la universidad de Córdoba, Neuropsiquiatra de la UBA y trabajador del Borda desde 2008 -cuando comenzó como concurrente- invita a pasar a su oficina. “Gracias al hospital he podido hacer carrera en el sector público de salud”, declara al comienzo de la entrevista. En el Borda, parece sugerir, el tiempo no se mide solo en años, sino en permanencias.
Según la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires el hospital interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda ocupa un predio de unas 14 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires, con más de 100 mil m² construidos. Cuenta con múltiples pabellones de internación, talleres, hospital de día, hospital de noche y áreas de rehabilitación. Históricamente, el hospital ha tenido alrededor de 600 pacientes internados en distintos pabellones. Además, cada año se registran alrededor de 1.300 ingresos y egresos, muchos de ellos de corta duración.
“El hospital tiene un estigma histórico por el cual hace mucho tiempo es mal llamado manicomio”, explica Jemar. Para él existe una persecución desde algunos sectores de la salud mental que, sin tener en cuenta que hay pocos lugares en Latinoamérica calificados de esta manera, abogan por su cierre. “Al hospital Borda viene la persona que no tiene nada. Estos sin voz, los nadies de Cortázar”, asegura. “A la guardia se acercan personas que requieren tercer nivel de atención, al punto de que vienen personas con un cuadro grave de descompensación psicótica”, continúa.
El hospital Borda cuenta con 941 trabajadores entre profesionales y personal general. De ellos, unos 295 son profesionales, y cerca del 45% son médicos. Se realizan más de 129.000 prestaciones ambulatorias por año, además de cientos de externaciones.
Según cuenta el entrevistado, la Ley Nacional de Salud Mental ha ayudado a que el hospital se entrene en el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario. Sin embargo, personalmente no se alinea con el espíritu de la norma.
“Nosotros trabajamos con todos, desde el personal de seguridad privada, el policía, el personal de limpieza, hasta con el fiscal que tiene que entender por qué este paciente tiene riesgo cierto inminente”, enfatiza y recalca que se debe acentuar la interrelación donde “todos desde distintas disciplinas participemos para dar esa respuesta a la comunidad”.
El médico psiquiatra asegura que en la guardia reciben pacientes de diferentes partes del país, incluso algunos que no portan DNI y a quienes se registra a través de las gestiones que realizan los propios profesionales, como los y las trabajadores sociales. “El paciente aquí no se va sin un documento, no es más un NN. De aquí se va con una identidad, no solo con un tratamiento”.
Liliana Murdocca contesta el teléfono un miércoles a las nueve de la mañana. Es trabajadora social y conoció el Hospital Borda cuando era estudiante, haciendo un trabajo práctico. En 1996 comenzó a rotar por la institución y desde el 2004 trabaja en el hospital en diferentes áreas. Pasó por el servicio de internación, compartió la coordinación de la residencia de Trabajo Social y hace 10 años es parte de la guardia.
Entre 1905 y 1993, el Borda dependió de la administración nacional. En 1993, con la reforma administrativa impulsada por el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, que promovió la transferencia de servicios de salud y educación hacia las provincias y municipios, comenzó a depender administrativamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto repercutió en una ampliación en la cantidad de trabajadoras sociales que, al día de hoy alcanzan la cantidad de una por día.
“Los trabajadores sociales intervenimos en cualquier momento, ya sea en la internación o en la guardia. Trabajamos con las condiciones materiales de accesibilidad a bienes, servicios, políticas que sostienen la materialidad, digamos, de la vida fuera de los hospitales”, explica Murdocca. “Nosotros articulamos todas esas políticas estatales, que cada vez son menos, pero que hacen a los procesos de salud mental”.
“Desde hace siete años que trabajo en guardia y puedo plantear que en el último tiempo, sobre todo en los últimos años, se han visto mayor número de personas que consultan por situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Muchos presentan dificultades en la tramitación o renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o solicitan que desde la guardia se les tramite el ingreso a un parador del CABA”, asegura a El Grito del Sur Catalina Nocetti, psicóloga de guardia y trabajadora del hospital Borda.
El Borda: trinchera de la salud mental pública
La historia del hospital Borda tiene origen en 1863, cuando se creó el Hospicio de las Mercedes, la primera institución pública destinada a la atención de personas con padecimientos mentales en la Argentina. En esa época, quienes sufrían enfermedades mentales solían ser aislados en cárceles o asilos, por lo que la creación del hospicio representó un primer intento de atención médica específica, aunque todavía basada en el encierro y la segregación.
Con el crecimiento de la ciudad y el aumento de pacientes, el hospicio se trasladó a terrenos más amplios en el barrio de Barracas, donde se levantaron pabellones, talleres y espacios productivos. Durante fines del siglo XIX y buena parte del XX, el modelo dominante fue el de internaciones prolongadas, donde los pacientes podían permanecer durante años o incluso toda su vida dentro de la institución.
En 1949, el establecimiento pasó a llamarse Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda, en homenaje al psiquiatra José Tiburcio Borda y, a lo largo del siglo XX, se consolidó como uno de los principales centros de atención en salud mental del país.
“El nivel de identificación que hay aquí no debería faltar en la sociedad. Hay parte del hospital que no se ve, que está muy estigmatizada y también es por responsabilidad nuestra. Es cierto que hay muchas cosas por mejorar, como en todas las instituciones”, continúa Jemar .
Según el entrevistado el Borda actualmente está supliendo no sólo las deficiencias del sistema de salud público sino también el privado, tomando responsabilidades de pacientes de otras jurisdicciones que llegan desbordados o en plena crisis. “Yo creo que la problemática social se ha complejizado en las últimas décadas. Por eso es cada vez más importante este hospital. El Borda está dando respuestas a las necesidades sociales y se adapta constantemente a las realidades que se complejizan”.
Cuando Liliana comenzó a trabajar en el Borda, relata, la mayoría de las personas tenían internaciones prolongadas y atravesaban un “juicio de insania”, instancia a la que se llegaba 2 años después de estar en el hospital de manera casi automática. “En ese momento todos los pacientes estaban a cargo de un juzgado civil porque eran vistos como insanos y el juez era el tutor, algo que se modificó con la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010”.
Liliana asegura que el Gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández marcaron un nuevo paradigma en torno a la salud mental. Tanto las pensiones no contributivas como los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) permitieron que las personas internadas empezaran a circular mucho más fuera del hospital. “Fueron políticas sociales a nivel nacional que generaron muchos cambios en las condiciones de habitabilidad de las personas que estaban internadas”.
Consultado por la duración de las internaciones, Guillermo explica: “Las internaciones por suerte son cada vez más breves, hay dispositivos de rehabilitación, hay hospital de día, hospital de noche. Aquel modelo donde el paciente se quedaba a dormir en el en el hospital por suerte se va dejando de lado. Cuando yo entré al Borda había pacientes que tenían internaciones de años. Hoy es muy difícil encontrar eso”.
En Argentina, el dato más completo disponible surge del Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado entre 2018 y 2019. Esto dio como resultado que 12.035 personas estaban internadas en hospitales psiquiátricos en todo el país. El censo incluyó 162 instituciones públicas y privadas con internación en salud mental, aproximadamente la mitad de las personas internadas estaban en hospitales públicos. El tiempo promedio de internación era de 8,2 años, lo que muestra que muchas internaciones son prolongadas.
Otros datos relevantes son que la edad promedio de las personas internadas era de 50 años y que un 37,2% seguía internado principalmente por problemas sociales o de vivienda, no sólo por razones médicas. “Si no se trabaja de forma interdisciplinaria hay un montón de cosas que fallan en los tratamientos y la gente vuelve vuelve de vuelta a la guardia o a reinternarse”, declara Liliana.
Por su parte Catalina resalta las dificultades de trabajar en instituciones que no están adecuadas a las necesidades de los pacientes, es decir en hospitales generales, como plantea la ley 26.657. Asegura que en ocasiones los hospitales generales no están preparados para recibir pacientes de salud mental, por lo cual más allá del equipo de profesionales interdisciplinario es necesario de una infraestructura adecuada para su internación.
La salud mental disputa: entre la crisis social y la reforma jurídica
Hace algunas semanas, el Senado comenzó a tratar la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que envió el Ejecutivo. La misma plantea cambios en el peso que tienen los psiquiatras en el equipo interdisciplinario, los criterios para las internaciones involuntarias, propone incorporar las adicciones como parte integral de la salud mental y asigna cambios en la terminología y precisión diagnóstica. Además, la reforma introduce obligaciones legales específicas para el entorno del paciente una vez terminada la internación.
Liliana explica que el problema reside en que ya existe una ley Nacional de Salud Mental que no termina de ser aplicada por falta de presupuesto, por lo cual considera que la discusión es una distracción para que el Gobierno pueda desfinanciar los apoyos necesarios para las personas con padecimientos de salud mental. “Desde el Trabajo Social pensamos que, para los procesos de autonomía, es necesario pensar los sistemas de apoyos, que son los que hoy están desfinanciados, puestos en cuestión. Más que discutir la nueva ley, discutamos el financiamiento de lo que tenemos”.
Como Jemar, Murdocca asegura que en muchas provincias es difícil encontrar un psiquiatra para sostener un tratamiento, por lo cual es problemático darles más entidad dentro del equipo interdisciplinario. “La gente no puede pagar un médico particular o lo pagan pero no pueden comprar la medicación. Al mismo tiempo cada vez hay más personas despedidas que se quedan sin obra social. Capaz pierden la cobertura y tenían un hijo con discapacidad. Se quedan en el aire”, declara.
“Se propone revertir el cierre de los hospitales monovalentes sin haber logrado avanzar en estos años acerca de dispositivos intermedios de reinserción social, como por ejemplo casas de medio camino”, enfatiza Nocetti, modificación de la ley. “En lugar de superarlo estaríamos acercándonos al modelo asilar del manicomio. Así como se vuelve al modelo médico hegemónico de intervención al proponer la firma del psiquiatra como necesaria”.
En ese sentido, la psicóloga considera que el riesgo es perder algunos beneficios ganados en relación al espíritu de la ley Nacional de Salud Mental, respecto a entender al paciente como sujeto de derechos. “Se pierde la promoción de la mirada comunitaria como tratamiento para las patologías de salud mental, volviendo a un modelo médico hegemónico basado en el asistencialismo como respuesta posible a una problemática compleja del sistema de salud en su totalidad”.
Además, advierte que la resolución profundiza una lógica que limita el trabajo de las profesiones no médicas al exigir que, dentro de los equipos interdisciplinarios, al menos uno de sus integrantes sea un médico psiquiatra. La preocupación, explica, no es abstracta sino cotidiana: en la guardia del Hospital Borda trabajan actualmente siete psiquiatras, una psicóloga y un trabajador social, una desproporción que, según describe, deja en evidencia la prevalencia del enfoque médico por sobre otras disciplinas.
En ese contexto, las evaluaciones interdisciplinarias, las consultas vinculadas a problemáticas no médicas y las internaciones recaen sobre apenas dos profesionales de otras áreas, que no alcanzan a cubrir la demanda. “La riqueza de la intervención interdisciplinaria muchas veces se pierde por falta de recursos profesionales”, señala. Y agrega que ampliar los requisitos para internar a un paciente, sin una infraestructura que acompañe, solo incrementará la sobrecarga laboral en un sistema ya tensionado por la escasez de especialistas y la falta de camas disponibles en el hospital.
Para finalizar, este medio consultó a los profesionales sobre la decisión de incorporar formalmente las adicciones dentro de las políticas de salud mental. El proyecto plantea que el consumo problemático, el abuso o la adicción a sustancias legales e ilegales sea considerado dentro de los abordajes de salud mental, con posibilidad de desarrollar dispositivos específicos de tratamiento, tanto ambulatorios como de internación.
“Esta problemática se viene incrementando desde hace por lo menos 30 o 40 años”, explica sobre los consumos de sustancias Gemar. “La patología es dual ya que implica algún problema de salud mental específico con un diagnóstico físico como el consumo de sustancias”
“Desde la pandemia en adelante recibimos numerosas consultas de personas que se encuentran detenidas en comisarías y/o alcaldías, por las que los juzgados solicitan evaluaciones interdisciplinarias por posible riesgo cierto e inminente y a veces, para control psicofarmacológico del cuadro de base”, explica Catalina.
La profesional remarca que, en el tiempo que lleva trabajando, se observa un incremento significativo de la población con trastornos por consumo de sustancias, y uno de los principales inconvenientes con los que cuenta el hospital en el último tiempo es la presencia de personal policial no formado para convivir con personas con trastornos mentales, lo que trae dificultades de convivencia en ocasiones de los mismos para con el personal de salud y con los mismos pacientes.
Cuando la entrevista termina, el hospital sigue respirando con su ritmo propio. En la guardia continúan entrando pacientes, familiares, policías, trabajadores sociales, médicos y psicólogas que intentan sostener, con recursos cada vez más escasos, una trama compleja donde la urgencia psiquiátrica casi nunca llega sola.
En el Borda la salud mental no aparece separada de la crisis económica actual: pobreza, falta de vivienda, desempleo y abandono. Y aunque el debate sobre la ley vuelve a poner al hospital en el centro de la discusión pública, puertas adentro la escena parece más concreta y más urgente: personas que buscan atención, equipos que intentan evitar el aislamiento y un sistema que, entre tensiones y contradicciones, sigue funcionando para quienes muchas veces no tienen otro lugar a dónde ir.
