A lo largo de la gestión de Jorge Macri, se registraron desalojos en barrios porteños como La Paternal, San Telmo, Constitución y San Cristóbal. Bajo una política de criminalización y estigmatización de los vecinos, se ingresa a las viviendas pasando por alto el protocolo clásico de desalojo: éste consta legalmente primero de una notificación para gestionar un juicio y desocupar la vivienda.
Esta política, aparte de tener una crueldad extrema, provoca también el aumento de las personas en situación de calle, quienes tampoco reciben información acerca de posibilidades de reubicación por parte de la administración Macri. Al agravarse el conflicto, diferentes organizaciones toman intervención en el tema y surgen espacios que deciden participar en la lucha vecinal.
Uno de éstos es la Consejería de la Vivienda, que tiene como objetivo brindar asesoramiento, acompañamiento y defensa legal ante la falta de acceso a la vivienda. Gigi Krein, integrante de la Consejería y de la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda, comentó a El Grito del Sur: “Actualmente los desalojos se llevan a cabo por medio de la guardia de auxilio, donde ingresa una inspección al inmueble y dicen que tiene peligro de derrumbe. Esto no es comprobado en el momento y muchas veces se acercan sin orden de inspección. Los vecinos se tienen que ir en calidad de evacuados, ni siquiera de desalojados, donde la única solución es el acceso a un parador”.
Las mal llamadas Áreas de Desarrollo Prioritario
Los barrios que presentan estos desalojos, en su mayoría, son llamados Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP) bajo el objetivo de «revitalizar sectores» de la Ciudad, promoviendo que la zona pueda estar más “integrada, equitativa y sostenible a partir de una mirada compartida entre el Estado y la comunidad”. Esta cuestión deja en evidencia que los vecinos afectados no forman parte de la integración, sino que son desplazados de sus domicilios sin pensar en alternativas habitacionales factibles. Esto viene de la mano de la revalorización de estos espacios por parte de inversiones inmobiliarias, proyectos claves para el Jefe de Gobierno.
“Para reducir los desalojos tiene que cambiar la orientación política, debe ceñirse al cumplimiento estricto del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires, la cual habla de priorizar a los sectores sociales de menores ingresos, promover la integración social y urbana en todos los inmuebles dispersos, no sólo en las Áreas de Desarrollo Prioritario. Hay vecinos que llevan más de 30 años habitando los inmuebles e igual son desalojados”, sostuvo por su parte Carla López, investigadora del CONICET e integrante del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI).
Dicho artículo de la Constitución porteña establece que se debe garantizar el acceso a una vivienda digna. Para ello señala que el Estado tiene la responsabilidad de reducir el déficit habitacional, priorizar a los sectores más vulnerables, aprovechar inmuebles vacíos para darles uso, mejorar las condiciones de viviendas en situación de precariedad e intervenir sobre los alojamientos temporarios para evitar situaciones de informalidad.
Los testimonios de organizaciones y especialistas coinciden en que éstos no son episodios aislados. Durante los últimos meses se llevaron a cabo los siguientes operativos o intentos de desalojo, que ponen en riesgo a los vecinos, incluidos menores y jubilados.
- Burzana 1236, Parque Chas. Los vecinos negaron el acceso de la guardia de auxilio al domicilio y solicitaron la orden de desalojo, las fuerzas públicas no otorgaron la misma e ingresaron por la fuerza de forma ilegal.
- San Blas 1974, La Paternal. Cuarenta familias con menores, personas con movilidad reducida y adultos mayores sufrieron un intento de desalojo con la excusa de peligro de derrumbe, también encabezado por la guardia de auxilio.
- Cochabamba 2642, San Cristóbal. Hace un mes el Gobierno de la Ciudad llevó adelante un operativo junto al personal policial, definiendo el desalojo inmediato del inmueble por supuesto riesgo edilicio. El inmueble tiene un proceso judicial en curso, el cual la gestión decidió pasar por alto, dejando en situación de calle a más de 30 familias.
- Estados Unidos 851, San Telmo. El inmueble fue desalojado sin previo aviso de forma violenta, impidiendo a las familias abordar un informe independiente al del Gobierno de la Ciudad para corroborar el riesgo edilicio, sin brindar tampoco derecho a la legítima defensa ni a atravesar una instancia judicial.
- Alsina 380, Monserrat. En la Manzana Franciscana, varios efectivos de la Guardia de Auxilio participaron de un operativo de revisión indicando supuestos peligros de derrumbe en la zona.
- Carlos F. Melo 580, La Boca. La semana pasada, agentes de la Guardia de Auxilio clausuraron una vivienda y un conventillo por supuesto peligro de derrumbe. Las familias lograron abrir una mesa de diálogo para poder recuperar el lugar, en el cual se quiso comenzar con un proceso de demolición.
- Hotel Luján, Virrey Cevallos 1700, Constitución. Este hotel forma parte del programa “Hotelados”, el cual forma parte de una política habitacional del Gobierno de la Ciudad. Actualmente se pretende mediante un desalojo administrativo retirar a más de 40 familias del inmueble, quienes abrieron una mesa de diálogo y cuentan con un expediente activo para poder buscar una alternativa factible a su situación.
La repetición de estos operativos deja en evidencia que no son situaciones aisladas, sino que forman parte de una política establecida por la administración de Jorge Macri. El objetivo es despojar a las familias de su vivienda en una ciudad en la que es cada vez más caro alquilar. Esto expone la ausencia de respuestas estructurales frente a la crisis habitacional, consolidándose como una de las problemáticas más urgentes en la región metropolitana.
