Marisa Graham es abogada especializada en derecho de familia e infancia. Durante años trabajó en el cruce entre la ley y las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes, hasta que en 2020 asumió un rol inédito: el de Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Fue la primera persona en ocupar formalmente ese cargo desde su creación por ley en 2005, tras más de una década en la que la Defensoría permaneció vacante.
Su nombramiento fue leído por sectores del feminismo como una señal de apertura institucional, en parte por sus posicionamientos públicos a favor de la legalización del aborto y de los Derechos Humanos. Pero la continuidad del organismo volvió a entrar en tensión con el paso del tiempo y el cambio de gobierno. En mayo de 2025, la comisión bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes la desplazó de sus funciones y la Defensoría quedó nuevamente acéfala.
Meses después, el 8 de octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de María Paz Bertero como nueva Defensora, una abogada feminista cercana a Axel Kicillof. Sin embargo, la definición quedó frenada en el Senado, donde aún no se ha confirmado su designación. De acuerdo con lo publicado por Feminacida, el proceso estaría atravesado por disputas políticas, con la posible intención del oficialismo de impulsar a Fátima Silva, una abogada vinculada a La Libertad Avanza, cuyas posturas incluyen el respaldo a proyectos sobre “falsas denuncias” impulsados por Carolina Losada y cuestionamientos a lo que denomina “ideología de género”.
Para conocer mejor la temática y hablar de la importancia del Defensor/a, El Grito del Sur entrevistó a Marisa Graham.
¿Qué significa que la Defensoría se haya quedado sin nadie a cargo?
Es indignante. Yo resigné un segundo mandato, que tenía posibilidad de renovar, bajo la condición que se le pedía al bloque del gobierno actual: que hubiese un concurso para que alguien cubriera mi vacante y quedara acéfala el menor tiempo hasta que se hiciera el concurso y asumiera la nueva autoridad, junto con sus adjuntos.
Ésta no es como otras instituciones donde hay que ponerse de acuerdo entre los partidos políticos representados democráticamente en el Congreso para elegir, sino que hay tres personas que salieron primeras en el concurso, por sus antecedentes, por su examen escrito y por la defensa de su plan de trabajo en una audiencia pública. Entonces, que se pretenda dilatar o hacer caer ese concurso porque no es del gusto de algunos legisladores, no tiene nada que ver con el respeto a las instituciones de la democracia en general y en particular las instituciones de control, porque la Defensoría de los Derechos de los Niños es un organismo de control.
¿Qué significa la falta de un organismo de control en esta materia?
Actualmente no tenemos Defensor del Pueblo, no tenemos Defensora del Público, no tenemos Defensora General de la Nación, no tenemos Auditor General de la Nación, es decir, hay una intención de que no haya o no funcionen los organismos de control. En nuestro caso, lo digo por mi expertise, los que regulan los derechos de niñas, niños y adolescentes y su familia.
¿Cuáles fueron algunas de las funciones que desempeñó la Defensoría durante tu mandato?
Yo inicié, junto con mi equipo, distintas acciones por los niños wichis, trabajamos mucho por la niñez con discapacidad. Hicimos diferentes acciones de amparo: por los medicamentos en los comedores, por la interrupción de tratamientos y remedios a niños y niñas y adolescentes con enfermedades poco frecuentes y otros cientos de casos en 5 años.
Además, la Defensoría constituyó un espacio de escucha importante tanto a niños y niñas a través del convenio con la Fundación Tonucci, como de las y los adolescentes, no solo a través de los centros de estudiantes, sino de la Federación de Centros de Estudiantes. También teníamos reuniones con las organizaciones barriales. Lo que no hay en este momento es un lugar de escucha. Sería importante que hubiera un espacio para que los niños y niñas puedan opinar sobre la situación que se está viviendo, por ejemplo, en las escuelas. Sería un dato importantísimo tener la opinión de ellas y de ellos en relación a los hechos de violencia que se están dando.
¿Cuáles son las consecuencias de estas políticas que está implementando el Gobierno?
Estás políticas son regresivas en relación a Derechos Humanos en general y en particular a los de niñas, niños y adolescentes. Es regresivo que el salario no alcance o que los ingresos de los adultos no sean suficientes para llegar a fin de mes, es un problema que impacta directamente en la vida de las niñas y niños y en sus derechos: a la alimentación o a tener un alimento oportuno y de calidad, porque la plata no alcanza para comprar alimentos para una dieta balanceada. Esto también impacta en el derecho a la educación, porque hay una degradación de las escuelas, no solo por malos salarios de los docentes sino porque se han paralizado las obras de escuelas, se ha paralizado toda la obra pública. Los centros de desarrollo infantil, la educación inicial, los jardines infantes públicos, por lo cual hay menos capacidad y siempre hay una demanda insatisfecha. Las escuelas están deterioradas y no se pueden mantener.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la pobreza infantil fue de 53,6% en 2025, mientras que la indigencia infantil llegó al 10,7%. En ese contexto, ¿cómo se garantizan derechos?
Las familias están sin trabajo, el desempleo impacta en los adultos pero hay que pensar que los que protegen a los niños son las familias. Además está la Convención de los Derechos del Niño, otros tratados como la Convención Americana, los pactos de Nueva York y cantidades de tratados internacionales no están siendo cumplidos. La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes afirma que los derechos los tiene que garantizar la familia, la sociedad y el Estado. ¿Qué sucede si las familias están deterioradas porque sus recursos materiales e ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de sus hijos e hijas y la escuela está deteriorada o devaluada como institución?
Decís que la escuela está devaluada y te doy la razón, pero hubo una marcha universitaria muy fuerte esta semana.
Lo que pasa es que las universidades, y me incluyo, porque yo soy docente universitaria hace muchísimos años, tenemos más capacidad de agencia, digamos, de agenciarnos y salir a marchar por nuestros derechos, pero los niños de dos, tres, cuatro años y los de primaria no salen a marchar. Eso no significa que su derecho a la educación no esté vulnerado. Los dos lugares privilegiados para la crianza, el cuidado y la educación de los niños, que son la familia y la escuela, están siendo víctimas de políticas en términos de derechos que impactan en la vida de nuestras niñas y niños.
¿Hay alguna medida que está tomando este gobierno en favor de las infancias?
Este gobierno duplicó la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, que son dos políticas que desde la Defensoría alentamos. El problema que tenés ahora es que cuando los ingresos de las familias no alcanzan, la Asignación Universal por Hijo/a la empiezan a usar para pagar la luz y el gas. En las familias más pobres el primer gasto son los alimentos, pero en las familias de capas medias el primer gasto es el alquiler. Entonces estamos en un problema, no solo en las familias en situación de pobreza, ni hablar las familias en situación de indigencia, sino que las capas medias están sufriendo mucho en este momento, sobre todo las familias que alquilan. Porque primero pagan los servicios para que no le corten la luz ni el gas, después el alquiler y las expensas, para que no les cobren interés y después recién alimentos. Entonces la alimentación se va deteriorando y ni hablar de los remedios que necesitan los niños, porque hay niños que necesitan tomar medicamentos.
Estamos en una situación compleja donde además lo que era la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que fue una de las grandes instituciones que creó la ley 26.061 junto con el Consejo Federal y la Defensoría de los Derechos de los Niños, hoy es una Subsecretaría donde de alrededor de 15 planes o programas que tenía, quedan dos.
¿Qué sucede con la aprobación de la baja de edad de punibilidad?
Está demostrado que esta ley apunta a satisfacer el reclamo de un porcentaje muy bajo de la sociedad al que se la ha convencido de que la medida tiene que ver con la inseguridad. Los chicos no cometen delitos graves; los homicidios que hay entre los chicos, aún los punibles, son ínfimos. Hay punitivismo pero no hay políticas de protección especial de los derechos de los niños: por el solo hecho de ser niñas y niños y adolescentes, el mundo adulto les debe una protección especial. No solo no estamos cumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989: ni siquiera estamos respetando los principios establecidos en la Declaración de Ginebra de 1924 o en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Es decir, estamos retrocediendo cien años.
¿Qué pasa con el aumento del uso de pantallas en la niñez y adolescencia?
Hoy el tema de los adolescentes es la soledad. Por eso es muy importante la comunidad, los clubes de barrio, las redes de contención, que los pibes puedan volver a salir a jugar a la vereda, juntarse con los amigos, los vecinos. Yo creo que las nuevas tecnologías acompañan a la ciudadanía y tienen que estar puestas al servicio de un mayor bienestar y la mayor felicidad de las personas. Es falsa esta idea de que si el chico que está encerrado en su cuarto seis horas con el celular está más seguro que en la calle y no está corriendo ningún riesgo, cuando está probado que se corren muchos riesgos frente a una pantalla. Entonces hay un gran debate sobre este tema que es entre prohibir y regular. En algunos países se prohíbe totalmente o hasta los 16 años. En Brasil, por ejemplo, está prohibido ingresar con el celular en la escuela. Hay otros que dicen que hay que regular porque la prohibición tiene un efecto rebote: vos le prohibís al pibe que vaya a la escuela con el celular, pero como sabe que la herramienta está ahí cuando sale, como es una adicción, va a estar horas con el celular.
¿Cómo se puede regular esto?
El gran problema que tenemos hoy es cómo regular las pantallas y el debate entre prohibirlas y regularlas. Además, hay que terminar con la idea de que el niño tiene derecho a la intimidad. Hay que poner límites de horario y al igual que un padre revisa la mochila, la carpeta, los cuadernos, debe revisar su celular. Por otro lado, ningún equipo de fútbol, ni siquiera el mío, del cual soy fanática, puede tener en su camiseta estampada una empresa de apuestas en línea. No basta que digan: «Recuerden que los niños no pueden apostar”, porque la mayoría de los ídolos de esos chicos son los que están en la cancha.
El problema no es solo las apuestas en línea, que es el tema más hablado en el momento; hay grooming, pornografía, hasta trata de personas que comienza en internet. A su vez, están las consecuencias físicas: vos tenés niños con hipoacusias tempranas porque se les pone una pantalla con auriculares más grandes que sus cabecitas cuando hacen el primer berrinche. Hay cochecitos de paseo que vienen con un dispositivo para ponerse el celular. Las maestras te dicen: «Hoy los niños llegan a la sala de 4 años sin lenguaje».
Por último, ¿qué pensás del proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada? ¿Cómo afecta a las niñeces?
No estoy para nada de acuerdo. Yo no sé por qué Losada, que ha tenido tan buenos proyectos y yo la he acompañado en muchos de ellos, ha aceptado presentar éste. Es un proyecto que silencia las voces de aquellas personas que denuncian, que en general son las que cuidan: la maestra, la psicóloga, la trabajadora social del hospital o de la escuela, las mamás. Silenciando esas voces, vos silenciás la voz de las niñas y de los niños. El niño, sobre todo los más chicos, hablan con los que lo rodean, no sólo denuncia la mamá, denuncian profesionales que, si se aprueba la ley, van a tener miedo de hacerlo por el backlash. Por un caso en un millón (porque yo no digo que no haya alguna falsa denuncia), no podés poner una ley que va a penalizar y generar que la gente no denuncie. Se habla del proyecto en términos de género, pero no se habla desde la perspectiva de las infancias y adolescencias. ¿Cómo se va a silenciar la voz de los niños?
