El nacimiento de un bebé con cocaína en sangre en la provincia de Neuquén volvió a exponer una escena que suele permanecer en los márgenes: una infancia atravesada por el abandono estatal, madres víctimas de diferentes violencias -físicas, estatales y sociales- y el abandono en la contención de los consumos problemáticos.
El bebé recién nacido dio positivo por cocaína en sangre y sus padres fueron acusados de abandonarlo en el hospital, una situación que generó preocupación entre sus familiares, quienes ahora buscan obtener la custodia para hacerse cargo de su cuidado. Entre el amarillismo mediático y el pedido de justicia, rápidamente aparece la posibilidad de buscar una culpable individual: la madre. Pero detrás de esa reacción aparece otra pregunta, mucho más incómoda y estructural: ¿qué redes existen para acompañar a las mujeres que maternan mientras atraviesan consumos problemáticos? ¿Qué hace el Estado antes de que aumente el riesgo?
Mientras los medios se hacen eco del caso de Neuquén, el debate vuelve a girar sobre un punto conocido: la maternidad como territorio de vigilancia y castigo. Cuando una mujer consume sustancias durante el embarazo o la crianza, el señalamiento social suele caer sobre ella con una violencia particular. No se juzga solamente el consumo; se juzga también una idea de feminidad y de maternidad. La figura de la “buena madre” aparece como una vara moral imposible, construida sobre exigencias de pureza, sacrificio y disponibilidad absoluta.
En ese esquema, las mujeres que consumen quedan rápidamente ubicadas del lado del peligro, la irresponsabilidad o la monstruosidad, incluso antes de recibir atención, escucha o acompañamiento. Esto no solo es un obstáculo para la continuidad del tratamiento, sino que genera el mayor fantasma que puede tener una madre: que le quiten a sus hijos. “Siempre queda por fuera la figura paterna”, resalta Lucía Eva Di Leo, psicóloga de la UBA, diplomada en Consumo Problemático y trabajadora de un dispositivo ambulatorio de Villa Soldati que prefiere no nombrar por respeto a los pacientes.
“Hay muchas mujeres que ni siquiera llegan a tener controles prenatales por las condiciones de vida que atraviesan, por la lógica de supervivencia en la que están inmersas”, cuenta Leila Argüello, licenciada en Obstetricia y trabajadora de un hospital del municipio de Morón, cuyo nombre nuevamente quedará reservado. Cuando hay un embarazo sin seguimiento no tiene que ver con un desinterés individual, sino con realidades atravesadas por la pobreza, los consumos problemáticos, la violencia, el miedo y un sistema de salud cada vez más deteriorado que muchas veces llega tarde o directamente no llega.
“Muchas no cuentan la realidad porque piensan que hay una mirada punitiva sobre su situación. Para nosotras es al revés: cuando sabemos lo que pasa podemos acompañar desde otro lugar, ofrecer pautas de cuidado, estrategias de reducción de riesgos y daños, pensar otro tipo de abordaje”, explica Leila.
Alejandra Torres es referente de Casa Pueblo en Malvinas Argentinas, un dispositivo de atención y acompañamiento comunitario de consumos problemáticos impulsado por el Movimiento Evita. En diálogo con este medio explica que la mayoría de las mujeres embarazadas están en situación de calle, ejerciendo el trabajo sexual o sin una red de acompañamiento familiar. En ese sentido, antes de sacar el dedo acusador o trabajar la culpa, ellos optan por la política de reducción de daños.
“La danza del narcotráfico en los barrios es lo que facilita la droga y determina que las compañeras estén como soldados, porque la primera que no tiene laburo, lo que va a hacer es ir a buscar el mango”, afirma y explica que, en estos últimos dos años, las pocas unidades productivas en las cuales las chicas del barrio podían buscar una changa cerraron.
“El consumo destruye totalmente los lazos: no hay un lazo familiar que soporte y aguante el consumo, porque esas mamás -antes de llegar a estar embarazadas- seguramente le vaciaron la tarjeta a algún familiar o vendieron cosas que tienen en su casa para comprar droga. El riesgo no es solamente que nazca un bebé con la abstinencia, sino con una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) porque llegan sin ningún tipo de cuidado”.
En 2022, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el documento “Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas y para la contención y cuidado de las personas afectadas”. Allí se sostiene que los consumos problemáticos durante el embarazo no pueden pensarse por fuera de las condiciones materiales y afectivas que atraviesan la vida de las personas gestantes: pobreza, violencias, dificultades de acceso al sistema de salud, precarización y desigualdad de género.
El informe también advierte que existe un fuerte subregistro de los consumos durante el embarazo, ya que muchas mujeres y personas gestantes evitan informar esas situaciones por miedo al estigma, a sanciones institucionales o incluso a intervenciones judiciales. Distintos estudios retomados por el documento ubican la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo entre el 5% y el 10%, aunque los especialistas señalan que las cifras reales podrían ser mayores.
La propia investigación oficial advierte que la perspectiva de género resulta central para comprender el problema. No todas las personas consumen del mismo modo ni enfrentan las mismas consecuencias. Las mujeres suelen cargar con una sanción moral mucho más dura que los varones porque sobre ellas recae históricamente el mandato del cuidado. Así, el consumo femenino es leído muchas veces como una falla ética antes que como un problema de salud pública. La consecuencia es conocida: el miedo a perder a sus hijxs, a ser denunciadas o estigmatizadas termina alejándolas de los sistemas de atención.
“A muchas mujeres les cuesta muchísimo más pedir ayuda por miedo a que un tratamiento las aleje de sus hijos”, explica Di Leo. La psicóloga describe historias atravesadas por embarazos no planificados, vínculos sostenidos hasta último momento a pesar de la violencia, gestaciones que llegan sin buscarse o decisiones en torno a la posibilidad de abortar. Mientras el cuerpo atraviesa los cambios del embarazo, también carga con los síntomas de abstinencia, la presión social y, muchas veces, con hogares donde el consumo problemático forma parte de la vida cotidiana. Todo eso —dice— termina por profundizar la vulnerabilidad cuando no existe una red que sostenga.
Pero incluso frente a esos datos, los abordajes centrados únicamente en la culpa individual muestran sus límites. Según las entrevistadas, muchas mujeres señalan que a veces el cuidado de los hijos funciona como motor para iniciar tratamientos, aunque la ausencia de redes familiares, institucionales y comunitarias vuelve muy difícil sostenerlos. La maternidad aparece entonces atravesada por una contradicción brutal: las mujeres son obligadas socialmente a cuidar en soledad mientras, al mismo tiempo, son juzgadas por no poder hacerlo bajo condiciones extremas de vulnerabilidad.
“Hay mujeres que llegan a parir después de haber consumido. A veces entran acompañadas por sus madres, que dicen no saber nada, o quizás realmente no lo saben. Y ahí aparece toda la crudeza de un sistema que abandona”, cuenta Leila. Por otro lado, no hay equipos suficientes y cada vez merman más los dispositivos de acompañamiento. “Una intenta hablar con la familia, explicar, contener, pero muchas veces esa mujer está en un estado en el que ni siquiera puede escuchar por efecto de la droga. Es muy complejo”, agrega.
Leila explica que en toda la provincia faltan profesionales de salud mental y que, frente a esa ausencia estatal, son las y los trabajadores quienes terminan improvisando redes para que nadie quede completamente sola. Habla de obstetras “multitasking” que articulan con organizaciones políticas, gubernamentales y también religiosas. “Los consultorios son interdisciplinarios porque no solo nos ocupamos de lo médico, sino de lo emocional”.
En Argentina, además, distintos informes del Observatorio Argentino de Drogas muestran un aumento del consumo de sustancias entre mujeres en los últimos años, especialmente en relación con el alcohol, psicofármacos y cannabis en determinados grupos etarios. A su vez, datos de la Organización Mundial de la Salud indican que las mujeres reciben con mayor frecuencia diagnósticos de ansiedad y depresión, además de una mayor prescripción de ansiolíticos, somníferos y antidepresivos.
Sin embargo, buena parte de la conversación pública continúa abordando estos consumos desde una mirada individual o moralizante, muchas veces desligada de las condiciones materiales, las violencias y las sobrecargas cotidianas que atraviesan la vida de muchas mujeres y personas gestantes. “A partir del 2020 con el tema de la pandemia se destapó un poco la olla, yo creo que también hubo una situación de crisis a nivel de la salud mental. El encierro llevó a que mucha gente se quede sin trabajo. Esto terminó de detonar la situación”, relata la obstetra.
Alejandra cuenta que, hace algunas semanas, una joven de 25 años que ejercía el trabajo sexual para pagarle a sus abogados se suicidó al no contar con el dinero suficiente para que éstos garanticen que no le quiten a sus hijos. Creía que no iba a ser capaz de poder llevar a cabo un tratamiento. “No existe una política integral de acompañamiento para las pibas, para las mujeres embarazadas ni siquiera antes del embarazo”, dice con bronca y cansancio. “Antes había más espacios de contención, había lugares donde ir. Incluso cuando una mujer hacía una denuncia por violencia o pedía una exclusión del hogar, había algún tipo de respuesta. Hoy todo eso se recrudeció”.
“El recursero que manejamos es muy escaso. Nosotros no podemos llegar a prever esas situaciones”, explica. Lo básico empieza a faltar: preservativos en las salitas, anticonceptivos, acceso a métodos de larga duración como el DIU. “Para ponerte un DIU te tenés que ir a otro distrito, las pastillas anticonceptivas tampoco se están entregando. Entonces tampoco es que las pibas tengan herramientas para prevenir”.
Cada vez que un caso como el de Neuquén conmueve al país, la discusión parece comenzar demasiado tarde. La pregunta no es solamente quién falló en una historia particular, sino por qué las políticas de cuidado siguen llegando después del desastre. Qué dispositivos existen para acompañar a las mujeres antes del colapso. Qué lugar tienen la salud mental, la reducción de daños y las redes comunitarias en contextos de pobreza y exclusión. Y por qué, todavía hoy, tantas maternidades vulneradas siguen siendo observadas más desde la sospecha y el castigo que desde el cuidado colectivo.
