Agotados, precarizados y empujados al límite por el brutal ajuste del gobierno de Javier Milei, trabajadores y trabajadoras de la salud decidieron salir a las calles. Entre guardias interminables, hospitales vaciados de insumos pero abarrotados de pacientes, y con salarios pulverizados, una vez más el personal sanitario denuncia que sostener la atención médica se volvió una tarea de supervivencia cotidiana. Mientras se multiplican los beneficios para sectores concentrados de la economía, hospitales, centros de salud y programas esenciales quedan librados al abandono.
La cita será este miércoles 20 de mayo a las 13 hs en el Ministerio de Salud, cuando sindicatos, profesionales, residentes y usuarios del sistema sanitario protagonicen una Marcha Federal por la Salud en rechazo al desmantelamiento del sistema público impulsado por el oficialismo.
“El gobierno nacional se ha propuesto seriamente destruir la salud como derecho social y derecho humano”, advirtió Pablo Maciel, recientemente reelecto como secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). Este gremio representa a más de 12.000 profesionales y técnicos de la salud de más de 100 efectores públicos bonaerenses, centros de salud, hospitales municipales y el Hospital Posadas, emplazado en territorio provincial. “Se están llevando adelante políticas muy destructivas que no solamente se reducen a un ajuste presupuestario”, continuó Maciel.
“Marchamos en contra de una definición política clara que tomó este gobierno, que es destruir el sistema de salud argentino”, aseguró por su parte Pedro Lynn, delegado de ATE Salud. “No se trata solamente del deterioro de la atención pública y de los hospitales estatales”, enfatizó. Además, aseguró que mientras las obras sociales atraviesan un fuerte proceso de vaciamiento y las prepagas aumentan sus cuotas mes a mes al mismo tiempo que empeoran sus prestaciones, el sistema público absorbe el impacto de una crisis que se expande sobre el entramado sanitario. Cada vez más personas llegan a hospitales y salitas después de quedar fuera de otros circuitos de atención, empujando al límite una estructura ya sobrecargada.
“El sistema público tiene que atajar a todas las personas que, después de los fallos de los otros sistemas, se suman y colapsan”, sostuvo Lynn. Para el dirigente sindical, el escenario actual no responde a una desorganización circunstancial sino a una decisión deliberada del gobierno nacional. “Esto no es un error, sino una definición política que tomó este gobierno y el ministro de Salud Mario Lugones”.
Vanina Rodríguez es secretaria de Formación de ATE Nacional y coordinadora nacional de Salud en ATE. “El plan ENIA para el control de embarazos no deseados en niñas y adolescentes fue lo primero que desarmó el gobierno de Javier Milei”, enfatizó. El Plan fue descontinuado en abril del 2024. Además, la no distribución de anticonceptivos en la atención primaria de la salud provoca un aumento significativo de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis. “En los últimos tiempos no se veía la cantidad de casos de sífilis en mujeres y adolescentes que hay ahora producto de la falta de distribución de preservativos”.
El aumento de la mortalidad infantil y las muertes vinculadas al embarazo aparecen como el síntoma de un proceso más profundo: el progresivo alejamiento del sistema de salud pública respecto de la vida cotidiana de la población. En ese escenario, la atención médica se vuelve cada vez menos accesible, en parte porque no hay efectores de salud cercanos y en parte porque el presupuesto no alcanza para sostenerlos.
La salud, entre guardias colapsadas y salarios pulverizados
Según denunciaron organizaciones sanitarias, el gobierno nacional recortó 63 mil millones de pesos destinados al área como parte del ajuste general aplicado sobre el Estado. Esta realidad impactó de lleno sobre el sistema sanitario: durante 2024, el Ministerio de Salud sufrió una fuerte caída presupuestaria en términos reales y programas históricos como Programa Remediar fueron desfinanciados, afectando la entrega de medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria (CAPS) y golpeando especialmente a los sectores que dependen exclusivamente de la salud pública, es decir los más vulnerables.
“Están intentando cerrar el Programa Remediar, que distribuye medicamentos crónicos de las patologías más extendidas en la Argentina a todo el país y lo hace desde el año 2002”, enfatizó Lynn. “Es un programa que garantiza que muchísimas personas tengan su medicación, previene de un gasto mucho mayor al Estado. Es mucho más costoso atender a una persona con un cuadro agudo que darle una medicación crónica barata que lo mantiene en los niveles adecuados cotidianamente”, aseguró.
Pedro Lynn explica que el impacto del ajuste no se limita únicamente a la falta de medicamentos: también afecta una de las funciones más importantes de la atención primaria, la prevención y la detección temprana de enfermedades. En los barrios, muchas personas se acercan a las salitas porque saben que allí no solo pueden consultar con un médico sino también acceder al tratamiento. A veces llegan por una fiebre o un malestar menor y, durante la consulta, aparecen otros problemas de salud que pueden abordarse antes de que se agraven.
Para el dirigente, esa lógica preventiva depende directamente de que los centros de salud cuenten con recursos básicos. Si en las salitas dejan de entregar medicamentos, mucha gente deja de acudir porque siente que la consulta pierde sentido: reciben un diagnóstico y una receta que después no pueden pagar. La consecuencia no es solo individual —la frustración, el abandono de tratamientos o el agravamiento de enfermedades—, sino también colectiva.
“Que una persona llegue con 37 grados y medio de fiebre y un médico pueda detectar a tiempo otra patología es mejor para todos”, sostuvo. Incluso desde un punto de vista estrictamente económico, argumenta, resulta más eficiente fortalecer la atención temprana que enfrentar después cuadros graves que demandan internaciones costosas y un sistema sanitario desbordado.
Sin embargo, Lynn consideró que el rumbo elegido por el gobierno nacional apunta exactamente en sentido contrario. “Es mentira que sean eficientes”, afirmó. Y concluyó: “Están destruyendo el sistema de salud para que solo se atiendan quienes tienen plata y para que haya sectores privados haciendo negocios”.
“Es una sumatoria de decisiones que va tomando el gobierno nacional que impactan muy fuerte en en la salud de la población y eso ya se puede ver con indicadores duros como el aumento de la mortalidad infantil, que no sucedía hace dos décadas”, remarcó Maciel y advirtió sobre el aumento de enfermedades que ya se encontraban controladas a mediados del siglo XX, como el sarampión y la tos convulsa. “Es una vergüenza a nivel internacional porque se previenen con la vacunación. Por ejemplo, aumentó la sífilis en el embarazo con todas las consecuencias que tiene la sífilis congénita”.
En 2025, Argentina notificó 46.779 casos de sífilis, lo que representa un aumento del 75,6% respecto a 2022. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la tasa nacional alcanzó los 117,2 casos por 100.000 habitantes, superando por primera vez los 30.000 casos anuales en 2023 y marcando el mayor registro histórico. A su vez, el sarampión volvió a encender las alarmas sanitarias. Las coberturas de vacunación de varios inmunizantes esenciales cayeron en los últimos años y, en algunos refuerzos clave del calendario infantil, ya se ubican por debajo del 50%, muy lejos del 95% recomendado para garantizar la inmunidad colectiva.
“Hay un aumento de internaciones por diabetes, por hipertensión, por enfermedades cardiovasculares. Todos los indicadores que nosotros vamos viendo en las estadísticas son muy alarmantes”, contó Pablo Maciel.
Sobre el regreso de las enfermedades que se habían retirado gracias a los avances médicos, Pedro encuentra dos razones: por un lado, un movimiento cultural global que implica un retroceso de la confianza en la ciencia y en la inmunización a través de las vacunas; por otro lado, el apoyo del gobierno argentino a esa desinformación: se trata del mismo gobierno que decidió salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hospitales al borde del colapso y sueldos pulverizados: la salud estalla en las calles
Otros reclamos que aparecen son los recortes en el PAMI y los topes impuestos a profesionales médicos; el debilitamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones, con denuncias de faltantes de vacunas; y la avanzada sobre la Ley Nacional de Salud Mental, que organizaciones del sector consideran un grave retroceso en materia de derechos. También denuncian ajustes en discapacidad, residencias médicas y formación profesional, pilares fundamentales para sostener el sistema sanitario.
Los entrevistados coinciden en la saturación del sistema de salud. En diálogo con El Destape, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre un aumento significativo de la mortalidad y señaló que las internaciones en hospitales públicos de la provincia crecieron un 35%, como consecuencia directa del deterioro económico y el colapso del sistema privado.
Desde la asunción de Javier Milei, las cuotas de las empresas de medicina prepaga registraron aumentos de más del 400% en algunos planes, según distintas estimaciones del sector. En ese contexto, organizaciones del área sanitaria advierten que cientos de miles de personas habrían dejado de contar con cobertura privada. Al mismo tiempo, desde el sistema universitario se advierten recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento de hospitales e instituciones vinculadas a la Universidad de Buenos Aires, en un contexto de tensión general sobre el financiamiento de la salud pública. En ese escenario, una parte significativa de la población —millones de personas en todo el país— tiene al sistema público como principal o única vía de atención, lo que incrementa la presión sobre los efectores estatales.
“En los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, el 52% de las camas de internación están ocupadas por pacientes que tienen obra social”, explicó el secretario general de CICOP. El dato, lejos de ser una excepción, revela el desborde creciente de un sistema al que cada vez más personas llegan cuando ya no pueden sostener una prepaga, conseguir turnos o pagar tratamientos. En los pasillos, las guardias y las salas de internación, los equipos de salud trabajan bajo una presión cada vez más asfixiante.
“Además, hay un nivel de ocupación de camas que está alrededor del 90%. Esto es un número de pandemia”, advirtió Maciel. Pero esta vez no se trata de un virus que paraliza al mundo, sino del impacto de una política económica que empuja a miles de personas hacia un sistema público exhausto.
La crisis ya dejó de ser una estadística para convertirse en una escena cotidiana dentro de casi cualquier familia argentina. “Hoy no hay familia en la Argentina que no esté afectada por esta situación”, continuó. Adultos mayores que no logran acceder a una consulta médica, personas con discapacidad que ven interrumpidas sus terapias, problemas para conseguir medicación o garantizar traslados básicos: las consecuencias del ajuste aparecen, una por una, en la vida diaria de quienes dependen del sistema de salud para sostenerse.
La salud mental, el último orejón del tarro
Otro de los motivos que empuja al personal de salud a salir a las calles es el intento del Gobierno de modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657. Para Maciel, la reforma no responde a una necesidad del sistema sino a una decisión política que desconoce años de debate, consensos y construcción colectiva entre trabajadores, usuarios y organismos de derechos humanos. Mientras desde el Ejecutivo se insiste en revisar la normativa, quienes sostienen cotidianamente la atención aseguran que el problema no está en la ley sino en el vaciamiento de las políticas públicas destinadas a garantizarla.
Según plantea el dirigente, lo que hace falta no es cambiar el marco legal sino aumentar el presupuesto, fortalecer los dispositivos comunitarios y garantizar el acceso a tratamientos y medicación. Pero el rumbo oficial avanza en sentido contrario: hubo recortes en las partidas destinadas a salud mental, ajustes sobre programas de medicamentos y un progresivo desfinanciamiento del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte, el único especializado en salud mental dependiente del Estado Nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
“Liquidaron las residencias interdisciplinarias en áreas nacionales, que en muchos lugares del país era la única herramienta que tenían para contar con psiquiatras y otras profesiones que hoy son críticas”, remató Pablo. “Además, en un contexto de profundización de la crisis social, aumentó la demanda en salud mental y se registran más situaciones de padecimiento subjetivo, consumos problemáticos y riesgo suicida. Es uno de los primeros ámbitos donde impacta el deterioro de las condiciones de vida”.
“La Ley Nacional de Salud Mental es una ley de avanzada pero falta muchísimo trabajo, inversión y recursos humanos para llevarla adelante”, subrayó Lynn. “El Gobierno -en vez de tomar la responsabilidad de seguir avanzando- lo que define es proponer una ley nueva que es un retroceso absoluto: implica volver a los manicomios y volver a la internación como forma de tapar los problemas. El Gobierno busca eso, tapar los problemas de manera sencilla y obtener titulares de alto impacto. Quieren que perdamos el tiempo en una batalla cultural, técnica, pero nosotros somos claros: queremos seguir con la ley que tenemos y trabajando sobre eso”.
Para Rodríguez se trata de otra manera de volver a expulsar a las personas con padecimientos de salud mental, haciendo guetos como en el siglo pasado. “Nosotros entendemos todo lo contrario, que la persona tiene que estar acompañada mediante un proceso de reinserción social y eso es con trabajo genuino, como lo están haciendo en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.
La Marcha Federal por la Salud se replicará simultáneamente en todas las provincias y expresa un malestar social cada vez más profundo frente a las políticas de ajuste del Gobierno. Con la movilización del miércoles, trabajadores y trabajadoras de la salud buscan romper el cerco de indiferencia y advertir que el ajuste no es una abstracción económica: tiene consecuencias concretas sobre la vida, los tratamientos y la posibilidad misma de acceder a la salud para millones de personas en todo el país.
