La empresa Emova está en el ojo de la tormenta hace semanas debido a la sanción que sufrieron varios trabajadores por medidas gremiales. De manera injustificada e ilegal, la dueña de la concesión del transporte subterráneo junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizan una persecución a trabajadores, al mismo tiempo que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad le impuso decenas de multas millonarias por diversos incumplimientos en el Subte registrados entre 2022 y 2025.
El Ente lleva aplicadas 35 multas a la concesionaria Emova entre los meses de abril y mayo. En distintas estaciones se detectaron condiciones de abandono que dejan en peligro a los trabajadores y a los pasajeros que diariamente deben usar el transporte. Faltantes de elementos de seguridad en paradas de todas las líneas de la red, fallas en escaleras mecánicas y ascensores e incumplimiento en plazos de reparaciones, así como ausencia de matafuegos. Incluso una de las multas aplicadas se debe a las salidas de emergencia de la Estación Constitución de la Línea C, la más concurrida de todo el subte y donde el conurbano sur se conecta con la Ciudad a través del Ferrocarril Roca.
Al abandono de parte de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A y la persistencia de fallas de seguridad, se le sumó un episodio aún más insólito y descarado: ante medidas de fuerza que trabajadores del subte llevaron a cabo, Emova decidió sancionarlos con un descuento en los salarios en concepto de los días afectados por el reclamo. En algunos casos, aplicaron descuentos de hasta 30 días, pagando cero pesos. Por si no fuera suficiente, la concesionaria denunció penalmente a 171 empleados por medidas gremiales realizadas en 2024 y 2025. La fiscal Celsa Ramírez impulsa la acción penal bajo la carátula de asociación ilícita.
A raíz de estas sanciones, recientemente el Sindicato de Subte y el Premetro (AGTSYP) anunció nuevas medidas de fuerza: el pasado lunes 11 de mayo de 7 a 8 horas se levantaron los molinetes en hora pico y en un punto de alta concurrencia de pasajeros como la estación Federico Lacroze de la Línea B.
La secretaria de Organización de AGTSyP, Virginia Bouvet, expuso a El Grito del Sur la estrategia política y penal para desactivar los reclamos por condiciones de trabajo y salarios: “La acusación de la fiscal Celsa Ramírez por asociación ilícita no es la primera vez que sucede; de hecho en el 2018, cuando estábamos en un conflicto salarial que duró varios meses la resolución, también esta fiscal nos acusó de asociación ilícita. Nos resulta insólito, jurídicamente absurdo”.
Al mismo tiempo, Bouvet resaltó la legitimidad de los reclamos realizados y el absurdo jurídico de calificar como «organización criminal» a un sindicato por llevar adelante medidas amparadas por la Constitución. “Somos una asociación legal que no comete delitos, que toma acciones gremiales cuando se agotan los recursos en las mesas de diálogo. Esto es algo constitucional, legal. Es un contrasentido llamar asociación ilícita a una asociación gremial”, sentenció.
La secretaria de Organización enmarca esta persecución dentro de un clima generalizado de estigmatización sindical, multas a organizaciones y judicialización del derecho a huelga: “No nos sorprende que en estos momentos en donde se está estigmatizando a los sindicatos, donde se avanzó con una reforma laboral, también venga acompañado de la judicialización de la conflictividad gremial, del derecho a organizarse para vivir mejor, que es en definitiva el fin de los sindicatos. Son los tiempos que nos tocan atravesar y habrá que responder con mayor organización y movilización en las calles también”.
Otra cuestión que cobra relevancia en este contexto es el tarifazo que desde la llegada de Jorge Macri todos los usuarios del subte sufren, al mismo tiempo que las condiciones del transporte público son cada vez peores. En diciembre de 2023, el boleto costaba cerca de $80 pero desde entonces no paró de aumentar: el 1 de mayo entró en vigencia el último aumento de la tarifa y su valor pasó de $1414 a $1490. Sin embargo, a pesar de pagar un precio superior a ciudades europeas, los usuarios son víctimas de un peor servicio y una infraestructura deteriorada.
En este sentido, Bouvet señaló que el boleto de subte ya subió un 1000% desde diciembre de 2023 y la cantidad de pasajeros ha disminuido. También analizó el humor social: “La queja es cada vez mayor y además están las formaciones que se quedan, los días de lluvia se inunda todo dentro del subte, los ascensores para discapacitados no funcionan, tampoco las escaleras mecánicas. Por eso la queja es cada vez mayor”.
El mismo humor y comentarios recogió recientemente este medio en su cuenta de Instagram cuando se propuso preguntarles a sus seguidores cómo califican el servicio. Las respuestas no dejaron dudas: “Pésima la línea B; odio la línea C; una bosta; la gente cada vez más hacinada; en horario pico es imposible subirse y las estaciones están destruidas; nunca andan las escaleras mecánicas y tampoco los ascensores; malísima y carísima”.
Juan Pablo Riggio es secretario de Salud de la CTA de los Trabajadores de CABA y también se refirió a la imputación contra 171 trabajadores, lo cual marcó un hecho sin precedentes: es la primera vez que se imputa a tantos referentes de base, no solo a dirigentes. “Para nosotros esto tiene la clara intención de encuadrar el derecho de huelga como un delito”, sentenció. Al mismo tiempo, señaló el costo que muchas veces pagan por el tarifazo y el deterioro del servicio: “Todo esto afecta negativamente el ánimo de los pasajeros. Como somos la cara visible del sistema, la bronca que genera la desidia de las autoridades suele descargarse sobre nosotros”.
A pesar de no ser el objeto de las recientes medidas de fuerza, el asbesto es otro drama que afecta el día a día de los trabajadores del subte y ya se ha cobrado la vida de varios de ellos. Riggio es también parte del equipo técnico que interviene en el conflicto del asbesto en el ámbito subterráneo. “Lamentablemente, cerca de 140 compañeros han sido afectados por enfermedades cuya causa ha sido comprobada como resultado de la exposición al asbesto. Cuatro de ellos padecen cáncer y cinco han fallecido”, denunció.
En este sentido, Riggio señaló que los avances para combatir esta problemática fueron gracias a los trabajadores y dejó en claro los objetivos: “Desasbestizar el ámbito subterráneo para que no haya más compañeros afectados, ayudar a quienes sufren secuelas y sacar a la luz un problema que muchos quieren esconder debajo de la alfombra”. Para esta meta, cuenta, formaron “equipos interdisciplinarios integrados por médicos, abogados, técnicos, ingenieros, psicólogas sociales y geólogos que actúan de manera conjunta con los trabajadores de Subterráneo y Premetro”.
“Se impulsaron más de 900 inspecciones, como también el retiro definitivo de flotas enteras, el retiro de asbesto acopiado en 7 talleres clave, y la limpieza industrial de la infraestructura del Taller Rancagua y seis subestaciones eléctricas”, detalló.
El conflicto del subte porteño sintetiza una profunda crisis donde el colapso del servicio y la persecución laboral corren por vías paralelas. Por un lado, los usuarios sufren un tarifazo del 1000%, a la vez que el deterioro del servicio, mientras que los trabajadores son víctimas de condiciones sanitarias mortalmente peligrosas. Por el otro, se convirtió en un laboratorio de pruebas para limitar el derecho a la huelga, utilizando figuras penales como la de «asociación ilícita» para castigar los reclamos gremiales.
