Con más de 1500 efectivos en acción, drones, cámaras y una fuerte cobertura mediática, el Gobierno de la Ciudad desplegó el pasado 14 de mayo un mega operativo llamado «Tormenta negra» donde -con la excusa de “terminar con el narcotráfico”- avanzaron con más violencia sobre los barrios populares. El operativo duró desde las 19 hasta las 22 horas. Según los registros oficiales, hubo 20 detenidos con pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro. La acción se llevó adelante en los barrios 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica, Cildañez y Mitre.
Desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) repudiaron el operativo del GCBA: “Este tipo de intervenciones despliega sobre las personas que viven en villas y barrios populares prácticas de control estatal que serían impensables en otras zonas de la ciudad en las que también se cometen irregularidades y delitos de distinto tipo. La discrecionalidad policial, las requisas ilegales, los controles masivos y la ocupación territorial se aplican sobre comunidades enteras bajo la presunción de sospecha permanente”.
El CELS hizo referencia a que la ley se aplica de manera selectiva sobre los vecinos de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, alegando que todos forman parte de un “mismo sistema criminal”, en el cual no se acciona de la misma forma en otros barrios porteños.
En las redes sociales se puede observar lo que sufrieron los vecinos durante el operativo, volviéndose viral un video del Jefe de Gobierno porteño que se rió cuando una vecina le gritó desde arriba: “vayan a los countries a buscar a los delincuentes, están con ustedes”. De la mano de ese video, circuló otro de una mujer contando que “detuvieron a una persona sin motivo alguno, porque no tenía DNI”.
El Grito del Sur pudo conversar con Silvana Olivera, militante de Peronismo por la Ciudad en la Villa 31 e integrante de la Mesa de Urbanización del barrio y el Comité de Crisis, quien señaló: “No se realizaron allanamientos en vivo, el que se hizo en el barrio fue dos días antes. En el operativo, la policía se acercó a donde se había clausurado el supuesto «búnker narco» para marcar con una equis en rojo para la prensa la puerta del lugar”.
“El operativo formó parte de un desfile de ley y orden que él quiere implementar; el vendió a la televisión allanamientos, pero no vinieron a clausurar ningún búnker ni capturaron a nadie que esté haciendo nada malo. La mayoría de los detenidos del barrio eran vecinos que, al no tener el documento en el momento que la policía les pidió el DNI, han demorado por averiguación de antecedentes. Tanto mayores como menores de edad fueron requisados”, contó Olivera.
La referente barrial agregó: “Se contrató personal que no es de Espacio Público y aún así trabajan para el gobierno porteño. En estos operativos, asimismo, no se presentó ningún acta de secuestro de materiales, mercadería o cosas de los vecinos para que ellos puedan avanzar con el pago de la multa correspondiente, sino que solamente los despojaron de sus cosas que utilizan para sostenerse día a día”.
De esta forma, la administración de Macri dejó de lado el proceso de urbanización de la 31. Así lo resumió Silvana Olivera: “Desde que asumió el actual Jefe de Gobierno, solamente se dejaron 2 entradas principales abiertas, el resto de los accesos se cortaron y se impidió la circulación de vehículos. Según él, es para controlar el ingreso de materiales de construcción porque no quiere que se continúe la construcción de viviendas en el barrio. Lo cierto es que esto impide el acceso a los bomberos, la ambulancia y la policía. Además no se regularizan los servicios públicos; por ende, es imposible conseguir las habilitaciones correspondientes para los comercios que nos pide la Agencia Gubernamental de Control, enviada por el propio gobierno. El operativo demuestra mucho gasto para los pocos resultados obtenidos y más teniendo en cuenta que se discontinuó el proceso de urbanización”.
El impacto del operativo no se limitó únicamente a las clausuras de comercios, sino que alteró la vida cotidiana de los barrios. Muchos vecinos comenzaron a modificar sus rutinas por temor a nuevos controles y comerciantes que sostenían la economía barrial desde la informalidad quedaron en una situación todavía más precaria.
“Es una nueva forma de estigmatización, de que se siga generando odio hacia los barrios populares y personas migrantes. Cada vez nos ubican más en un lugar de vulnerabilidad. Esto no se dio solo con este operativo, se viene dando hace meses junto a las clausuras de comercios y episodios de violencia hacia los cartoneros independientes. Secuestran sus herramientas de trabajo y no pueden continuar trabajando”, explicó María Muñoz, referente del Barrio Mugica -ex Villa 31 y 31 BIS-.
Por su parte, Lucas Bogado, referente barrial de la villa 21-24 de Barracas, contó lo sucedido en dicho barrio: “El operativo generó mucho miedo en el barrio, en los pibes y vecinos. Fundamentalmente en los comerciantes que tienen sus puestos, quienes venden ropa, comida, verduras. Fueron clausurados muchos comercios de comida, ellos continúan vendiendo dentro de sus casas porque tienen que subsistir. Los vecinos no saben dónde ir a buscar la mercadería que fue secuestrada y como el barrio no está registrado, no se puede obtener el título de propiedad que pide la AGC (Agencia Gubernamental de Control)”.
En territorios históricamente atravesados por la falta de acceso a derechos básicos, la llegada masiva de fuerzas de seguridad profundiza la situación de abandono estatal y refuerza la idea de que los barrios populares son observados más como espacios a controlar, sin tener en cuenta la organización de los vecinos, que es la que hace que los barrios puedan continuar existiendo.
Mientras el Estado porteño muestra drones, patrulleros, policías armados y operativos como prueba de control, en los barrios populares queda otra sensación: la de vivir bajo sospecha y estigmatización de forma permanente. “Tormenta Negra” no solo dejó detenidos y malas sensaciones, también volvió a poner sobre la mesa una pregunta: ¿cuál es el modelo de Ciudad que queremos? ¿Qué sucede cuando el Estado llega primero con fuerzas de seguridad y show mediático antes que con políticas sociales?
