En estos dos años y medio de gestión, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei ostenta cifras récord de represión en manifestaciones, así como también una altísima letalidad por parte de las fuerzas de seguridad. 2585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias en protestas. La cifra es impactante en el caso de asesinatos estatales: en tan solo dos años hubo 1056 personas asesinadas por el Estado en diferentes circunstancias, como gatillo fácil o bajo custodia, lo que representa más del 10% del total de muertes ocurridas a lo largo de 43 años de democracia.
El informe sobre la situación represiva realizado por la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) y publicado en 2025 caracteriza a la gestión de Javier Milei como «el gobierno más represor de la democracia”. Razón no le falta cuando indagamos en detalle las cifras que dejaron estos años de mileismo. El uso de fuerza letal y los desproporcionados mega-operativos de seguridad en manifestaciones públicas tienen el aval institucional del Gobierno.
Por un lado, la Resolución 125/2023 del Ministerio de Seguridad modifica el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad, ampliando los criterios de implementación: “habilita a disparar incluso sin identificarse ni dar voz de alto, para lograr una detención, impedir una fuga, dentro de una cárcel o comisaría para ¨mantener la seguridad y el orden¨, aunque la persona esté desarmada o huyendo, pero el agente interviniente ¨presuma¨ que podría tener un arma”, advierte el informe.
Por otra parte, la Resolución 943/2023 -conocida como “protocolo anti piquetes”- terminó de formalizar la criminalización de la protesta, dando lugar a eventos represivos todas las semanas, particularmente la marcha de jubilados que sucede los miércoles. En ellas, pero muchas otras, la imagen se repite: un despliegue descomunal y desproporcionado frente a movilizaciones muchas veces pequeñas que son visiblemente superadas en número por los efectivos de seguridad.
Maria del Carmen Verdú, abogada militante y fundadora de Correpi, fue tajante al definir el orden represivo mileista: “El gobierno de La Libertad Avanza y sus sucursales provinciales vienen avanzando con tal gravedad contra los derechos y garantías de las personas que la situación actual sólo se puede definir como un verdadero cambio de régimen, por la reestructuración profunda del aparato estatal y del sistema normativo y los reiterados ataques a los derechos en todos los órdenes de nuestra vida”.
Además, estableció un vínculo directo entre los protocolos y resoluciones de seguridad y las cifras tristemente récord del Gobierno. “Se ven reflejadas a diario con el resultado constante y sonante de récord de fusilamientos de gatillo fácil, de detenciones arbitrarias en los barrios, en la represión y criminalización de la protesta, de muertes bajo custodia”, sentenció.
Uno de los puntos más sensibles es el número de víctimas de gatillo fácil. El informe de la Correpi identificó en el curso de 25 meses, desde el 10 de diciembre de 2023, 285 fusilamientos y una tendencia creciente. No es casualidad, sino resultado de la “instalación y ampliación desaforada de protocolos de actuación sin límites para las fuerzas de seguridad, la reestructuración por decreto de las fuerzas, la vocación de incorporar esos criterios como ley nacional a través de la reforma del Código Penal y la defensa desembozada de los fusiladores por funcionarios como Patricia Bullrich”, sentencia el informe.
Entre las muertes estatales, se destaca la categoría de aquellas víctimas bajo custodia y es la de mayor incidencia en la cifra total: 715. Este subgrupo de asesinatos en manos del Estado incluye personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y otros lugares de detención. Al mismo tiempo, el informe subraya que estas muertes se deben a “clásicos suicidios”, que encubren -en una enorme proporción- la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no se presta auxilio o se hace tardíamente”. Otros motivos no menos alarmantes son “ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica”. Si desglosamos esta cifra por edad, el dato es aterrador: la franja etaria más afectada es la de 15 a 25 años, que representa el 40% del total de las víctimas.
Otro elemento que se desprende del informe es el índice de letalidad de la Policía de la Ciudad, que posee el ratio más alto del país: 1 de cada 138 agentes cometió un homicidio, frente a 1 de cada 158 en la Policía Bonaerense.
Carlos “El Sueco” Lordkipanidse, ex detenido desaparecido que estuvo dos años y medio en la ex ESMA e histórico militante por los derechos humanos, también aportó su mirada sobre el actual escenario represivo y describió un “claro deterioro y retroceso, un empoderamiento de las fuerzas de seguridad”. Al mismo tiempo, evidenció cuáles son las prioridades de este gobierno: “Imaginate que a la SIDE le triplicaron el presupuesto, cuando para el Garrahan no hay plata”.
A propósito del protocolo “anti piquetes”, lejos de retroceder, Lordkipanidse redobló la apuesta y planteó que la militancia y la movilización “se sostienen con masividad” y puso el ejemplo el 24 de marzo: “Con cientos de miles de personas en la calle, el protocolo se lo metieron, bueno, donde les entró. No solamente acá en Plaza de Mayo, sino a lo largo y ancho del país la gente copó las calles y contra eso no hay aparato represivo que se pueda sostener”.
Respecto a la criminalización y represión de la protesta, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaboró un informe sobre el accionar de las fuerzas de seguridad a lo largo del año pasado y fue notorio el crecimiento exponencial de la violencia. En 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones reprimidas en comparación con 2024. Dentro de esta cifra, “destacan los periodistas o trabajadores de prensa alcanzados por la violencia estatal que se duplicaron, los adultos mayores o jubilados que se cuadruplicaron”, subraya el informe. El caso más ilustrativo es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica provocada por una granada de gas lacrimógeno arrojada por el efectivo de gendarmería Héctor Jesús Guerrero.
Según los datos relevados por el CPM, también hubo un aumento de heridos por represión de manifestaciones. Esto creció un 13% en el segundo año, registrando 1216 heridos en 2024 y elevándose a 1369 en 2025. Dentro de esta cifra se encuentran 184 trabajadores y trabajadoras de prensa, 20 defensores de derechos humanos y 155 adultos mayores. También hubo 5 chicos de 4, 8, 13, 14 y 16 años, todos afectados por gas pimienta.
Una característica que identifica el informe es la “desproporción de los operativos de seguridad”. Amparado e incentivado por el protocolo “anti piquetes”, se registraron operativos con proporciones extremas, como el del 16 de abril de 2025, donde hubo 7 policías por cada manifestante (615 efectivos para 80 manifestantes). Esta tendencia continuó por el resto del año. Por ejemplo, en una marcha de jubilados del 13 de agosto de 2025 monitoreada por el CPM, se registraron 410 efectivos policiales y 150 manifestantes, una proporción de 3 policías por cada manifestante.
Otro aspecto alarmante publicado en el informe es el uso de armamento prohibido e inteligencia. En el 78% de los operativos se detectó la portación de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, se registraron tareas de inteligencia ilegal (filmaciones y personal de civil) en el 69% de las manifestaciones monitoreadas. “Efectivos filmando con cámaras portátiles, sacando fotos con los celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos de las movilizaciones, vestidos de civil participando de la marcha y luego colaborando o conversando con agentes identificados, etc.)”, concluye el informe de la CPM.
