“Un país vale por la calidad de los hombres que lo pueblan y lo sirven. El deporte está dirigido a eso, a formar por sobre todas las cosas una buena persona”, decía Juan Domingo Perón[1] al referirse al sentido profundo de la práctica deportiva. Esa definición, leída medio siglo después, conserva una actualidad incómoda: ¿qué calidad de comunidad puede construir una Nación que abandona a sus clubes, desfinancia el deporte de base y mira a las instituciones barriales como un gasto en lugar de reconocerlas como una inversión social, económica y cultural?
Durante años, quienes defendemos a los clubes de barrio insistimos con razón en su función social. Dijimos que los clubes contienen, educan, forman ciudadanía, construyen comunidad, ordenan la vida de miles de pibes y pibas, promueven salud, identidad y pertenencia. Todo eso sigue siendo cierto. Pero quizás llegó el momento de dar un salto de calidad y agregar una dimensión que muchas veces queda en segundo plano: los clubes de barrio no solo contienen, también producen.
Producen trabajo. Producen servicios. Producen consumo. Producen eventos. Producen formación deportiva. Producen demanda de indumentaria, alimentos, transporte, comunicación, mantenimiento, salud, tecnología, publicidad y turismo local. Producen valor social, pero también valor económico. Y si el Estado tuviera una mirada estratégica, debería dejar de pensarlos únicamente como instituciones que necesitan asistencia para sobrevivir y empezar a tratarlos como actores centrales de una economía deportiva nacional.
La Selección campeona en Qatar[2], Las Leonas[3] o Los Pumas[4] no son fenómenos aislados ni milagros deportivos: son el resultado de una red centenaria de clubes de barrio que sigue funcionando como semillero social y deportivo de la Argentina. Cada victoria internacional genera un efecto contagio donde miles de chicos y chicas quieren ponerse esa camiseta, practicar ese deporte y formar parte de algo más grande. Ahí aparece el verdadero movimiento de pinzas de nuestro modelo deportivo: el deporte de élite inspira desde arriba y los clubes de barrio absorben esa demanda desde el territorio, organizando comunidad, identidad y futuro nacional.
Los datos ayudan a ordenar la discusión. En la Argentina existen 11.870 clubes y entidades deportivas, con casi cinco millones de participantes activos: alrededor del 10% de la población nacional. Sin embargo, esa red territorial funciona en condiciones cada vez más difíciles. Entre 2024 y 2025, un 40% de los clubes declaró estar peor económicamente que en 2023; en el primer semestre de 2025, la ejecución presupuestaria nacional destinada a clubes habría sido del 0%; y la reducción real del apoyo estatal respecto de 2023 alcanzó el 61,4%.[5]
Aun así, más del 50% de los clubes logró sumar participantes incorporando nuevas actividades. Es decir: los clubes crecen a pesar de la crisis. La sociedad los necesita, las familias los buscan y los barrios los sostienen. El problema no es que los clubes no funcionen; el problema es que funcionan a pesar del abandono. No podemos seguir romantizando la rifa, la cuota subcobrada y la beca sostenida a pulmón como si fueran virtudes del sistema. Muchas veces son apenas síntomas de un abandono estructural.
El deporte, además, mueve economía. Según Táctica, el fútbol y la actividad económica de los clubes representan alrededor del 0,22% del Valor Agregado Bruto argentino, y ese número asciende al 1,11% si se suman los sectores asociados. El mismo informe estima que el fútbol mueve unos 1.300 millones de dólares al año y que, por cada peso generado por los clubes, se movilizan 3,7 pesos en medios, indumentaria, publicidad, construcción, gastronomía, hotelería y turismo. También genera entre 35.000 y 40.000 puestos de trabajo directos. Si ampliamos la mirada al conjunto de clubes, proveedores, profes, árbitros, kinesiólogos, comercios cercanos, textiles y servicios, la dimensión productiva es todavía mayor.
Sin embargo, mientras los clubes sostienen comunidad y dinamizan economías locales, el presupuesto deportivo nacional muestra una tendencia regresiva. Táctica informó que el presupuesto deportivo 2026 presenta una caída real interanual del 8% y una reducción del 66% si se lo compara con 2023. En paralelo, Página/12[6] sintetizó una contradicción que define muy bien el problema: los clubes de barrio son “la base de un sistema que no los incluye”.
Ahí está el núcleo de la discusión. El sistema deportivo argentino se apoya sobre los clubes, pero no siempre los incorpora como sujetos centrales de política pública. Se los invoca cuando hay que hablar de contención, infancia, valores o identidad, pero se los deja solos cuando hay que financiar infraestructura, sostener tarifas, formalizar empleo, profesionalizar la gestión o integrarlos a una cadena económica más amplia.
Por eso, la pregunta no debería ser si los clubes “tributan poco”. La verdadera pregunta es cuánto le costaría al Estado reemplazar todo lo que los clubes hacen todos los días. Y también, cuánto podría ganar el país si en lugar de dejarlos resistir a pulmón, decidiera potenciar su capacidad productiva.
En un artículo anterior[7] propusimos pensar una política específica de generación de empleo en clubes de barrio: programas de formación, registración, acompañamiento y financiamiento para transformar tareas que ya existen entrenamiento, administración, mantenimiento, comunicación, coordinación deportiva, cuidado de instalaciones en puestos de trabajo reconocidos, formalizados y sostenibles.
Pero esa agenda laboral debería formar parte de una política más amplia: pasar de una lógica de subsidio defensivo a una lógica de desarrollo deportivo-productivo. No se trata únicamente de ayudar al club a pagar la luz. Se trata de construir una economía social del deporte, con el club como centro de una red de producción, servicios y trabajo local.
Si el diagnóstico es correcto, la respuesta no puede ser apenas un subsidio de emergencia ni una política defensiva para evitar que los clubes cierren. Hace falta una política nacional que los trate como lo que son: infraestructura social y productiva. Los clubes de barrio no necesitan solamente alivio para sobrevivir; necesitan herramientas para desplegar toda su potencia comunitaria, laboral y económica.
Esa política podría apoyarse en cuatro decisiones.
Primero, fortalecer los eventos deportivos barriales. Cada torneo, encuentro, jornada recreativa o competencia local mueve mucho más que una pelota: activa trabajo, consumo, comercios cercanos, profes, árbitros, alimentos, indumentaria, comunicación, transporte y servicios. Cuando un club organiza deporte, también organiza economía.
Segundo, profesionalizar la gestión. No alcanza con tener historia, legitimidad territorial y voluntad militante: también hacen falta herramientas administrativas, jurídicas, contables y comunicacionales. Capacitar dirigentes, ordenar documentación, asistir jurídicamente, mejorar la administración y acompañar la formulación de proyectos permitiría que más clubes accedan a financiamiento, convenios, programas públicos y alianzas privadas.
En esa agenda, la registración deportiva de jugadores y jugadoras es clave. La Ley 27.211 sobre derechos de formación permite que los clubes recuperen parte del valor que generan cuando un deportista formado en sus espacios es transferido o contratado por otra institución. Ese reconocimiento puede volver al club en dinero, equipamiento, indumentaria o materiales para seguir formando. Por eso, las fichas, inscripciones, constancias de liga y documentación federativa no son papeles menores: son derechos, recursos y futuro. La cadena de valor del deporte muchas veces empieza en una ficha firmada en un club de barrio. El Estado podría proveer la infraestructura digital necesaria para que las instituciones implementen sistemas de gestión administrativa, contable, societaria y de registro de deportistas. Esta medida optimizaría y ordenaría su funcionamiento institucional, económico y deportivo.
Tercero, crear un régimen de Compre Deportivo Nacional. Si el Estado invierte en clubes, esa inversión debería priorizar indumentaria, equipamiento, materiales, servicios y tecnología producida por pymes nacionales, cooperativas y proveedores locales. De esa forma, cada peso destinado al deporte tendría un doble impacto: fortalecería al club y, al mismo tiempo, dinamizaría trabajo argentino.
Cuarto, y quizás lo más importante, crear un régimen de incentivos fiscales para pymes, micropymes, cooperativas y empresas nacionales que inviertan en clubes de barrio. Porque si queremos que los clubes sean parte de una economía deportiva nacional, también tenemos que construir una red de actores productivos alrededor de ellos. El club no puede ser pensado como una isla: es el centro de una cadena de valor que puede unir deporte, trabajo, producción local y comunidad organizada.
La idea es simple: si una pyme local auspicia a un club, fabrica indumentaria, financia una obra, provee alimentos para el buffet, brinda servicios audiovisuales, equipa un gimnasio o sostiene una escuela deportiva, esa inversión no debe ser vista solo como publicidad privada. Debe ser reconocida como inversión productiva con impacto social.
En ese sentido aparece una falsa dicotomía: reducir el debate sobre el capital privado en el deporte a estar a favor o en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Qué se pretende privatizar en un club de barrio? ¿El patín artístico, la escuelita de fútbol, el básquet recreativo, la cancha donde entrenan los pibes? Muchas veces, detrás de ese planteo, no hay un interés real por desarrollar el deporte popular, sino por capturar activos: tierra, ubicación, marca y renta futura. Porque el capital privado ya participa todos los días en los clubes: es el buffet administrado por un vecino, el kiosco de la institución, la carnicería que aporta alimentos, la pyme textil que fabrica camisetas o el comercio local que acompaña una actividad. Ese es el capital privado que nos interesa potenciar: el que forma parte de la economía comunitaria del deporte, no el que llega para quedarse con el espacio físico de una institución social.
El Estado podría permitir que esas inversiones sean deducibles o computables contra determinados impuestos, con topes, controles y criterios claros. Pero el incentivo no debería ser igual para todos: mayor beneficio para micropymes, cooperativas y comercios locales; beneficio intermedio para pymes nacionales; beneficio menor para grandes empresas; y un esquema limitado o condicionado para multinacionales.
Si el régimen es igual para todos, lo capturan los que tienen más espalda económica. Si es progresivo, orienta recursos hacia los pequeños actores locales y nacionales, que son quienes más empleo generan y quienes más cerca están de la vida cotidiana de los clubes.
Así, una casa de deportes del barrio, una textil nacional, una productora audiovisual, una empresa de alimentos, una pyme tecnológica, una cooperativa de mantenimiento, un medio local o un comercio gastronómico podrían encontrar en el club no solo un espacio de publicidad o un cliente más, sino un socio estratégico. El club gana recursos, equipamiento y servicios. La pyme gana mercado, visibilidad e incentivo fiscal. El Estado gana formalización, actividad económica, empleo y tejido comunitario.
Esta política permitiría construir una cadena de valor deportiva nacional desde abajo: clubes, pymes, cooperativas, proveedores, medios, profesionales, entrenadores, comercios y familias. No sería un subsidio aislado, sino una estrategia de desarrollo. No sería caridad, sino inversión. No sería asistencia, sino planificación.
El desafío es cambiar la mirada. Mientras el club de barrio sea pensado únicamente como un lugar que contiene chicos después de la escuela, la política pública llegará tarde, mal y con recursos insuficientes. Pero si entendemos que el club es también una unidad productiva social, una plataforma de empleo, consumo, servicios, salud, cultura, comunicación y economía local, entonces la discusión cambia por completo.
Argentina tiene un diferencial histórico y profundamente propio: sus clubes de barrio. En un tiempo marcado por el individualismo, la fragmentación social y el consumo problemático de pantallas, los clubes siguen ofreciendo pertenencia, comunidad y futuro.
Pero no alcanza con celebrarlos en el discurso mientras se los abandona en la política pública. Los clubes no son una carga para el Estado: son una infraestructura social ya existente, distribuida en todo el territorio nacional, con legitimidad comunitaria y una potencia económica subutilizada. Un país que desfinancia a sus clubes abandona mucho más que una política deportiva. Abandona una herramienta de desarrollo nacional. Porque allí donde hay un club funcionando, hay comunidad organizada; y donde hay comunidad organizada, también puede haber trabajo, producción, valor agregado y futuro
[1] Perón y el Deporte – 1974.
[2] https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/de-los-clubes-de-barrio-y-la-amalgama-federal-salio-el-nuevo-campeon-mundial/
[3] El caso de Las Leonas muestra el rol central de los clubes como semillero deportivo nacional: buena parte de sus campeonas mundiales y medallistas olímpicas se formaron en clubes sociales y deportivos de hockey del área metropolitana y del interior, como Lomas Athletic Club, Quilmes, San Martín o Mitre, entre otros.
[4] Los clubes de rugby en argentina son semi-amateurs.
[5] “Durante 2024, el Gobierno Nacional redujo un 61,4% —en términos reales— su apoyo a los clubes en comparación con 2023. En el primer semestre de 2025, la ejecución presupuestaria de créditos destinados a los clubes fue del 0%.” – tacticadeporte.com.ar/presentacion-de-la-encuesta-nacional-de-clubes/
[6]https://www.pagina12.com.ar/2026/04/16/los-clubes-de-barrio-la-base-de-un-sistema-que-no-los-incluye/
[7] clubjusticialista.com/modelo-argentino-para-el-proyecto-nacional-deportivo/
