Hay mujeres que habitan las orillas y aprenden a leer el territorio como quien aprende a leer una herida. Saben cuándo el agua baja demasiado, cuándo el monte desaparece, cuándo los peces ya no regresan. También saben reconocer las marcas de la violencia, porque muchas veces las mismas lógicas que avanzan sobre los cuerpos feminizados avanzan sobre los humedales, los ríos y la tierra.
Desde Río Feminista, una red integrada por mujeres y diversidades que viven, trabajan y producen en relación con los territorios ribereños, esa conexión no es una metáfora: es una experiencia cotidiana. Lo que ocurre con el río, sostienen, también ocurre con quienes lo habitan. La explotación, el saqueo, la invisibilización y la falta de escucha son prácticas que atraviesan tanto a los ecosistemas como a los cuerpos.
“Consideramos que hay una relación entre lo que nos pasa a nosotras, como mujeres y diversidades, y lo que le pasa al territorio: a los humedales, al monte nativo, a ciertos animales. Trabajamos bajo esa lógica”, explica a este medio Valeria Enderle, Directora Ejecutiva de Fundación Cauce e integrante de Río Feminista.
Cuando hablan de la Hidrovía Paraná-Paraguay, recientemente privatizada por el gobierno de Javier Milei, las integrantes de la organización no se refieren solamente a una discusión técnica o económica. Hablan de una disputa por la vida. Desde distintas organizaciones que integran la red vienen denunciando las irregularidades del proceso licitatorio impulsado por el Estado nacional y adjudicado al consorcio liderado por la empresa Jan De Nul. La falta de estudios actualizados de impacto ambiental, la ausencia de evaluaciones acumulativas y estratégicas, las dificultades para acceder a información comprensible y la inexistencia de consultas previas a los pueblos indígenas forman parte de un largo listado de cuestionamientos que incluso derivaron en acciones judiciales.
La disputa judicial atravesó distintos capítulos. En una primera instancia, la medida cautelar presentada por las organizaciones fue rechazada. Posteriormente, se sumaron a un amparo federal impulsado ante un juzgado de Santa Fe junto a diversas organizaciones socioambientales de esa provincia. Sin embargo, el pasado 5 de junio la Justicia desestimó también esa presentación, por lo que actualmente el caso se encuentra en etapa de apelación ante la Cámara Federal de Rosario.
El amparo cuestiona, entre otros puntos, la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental estratégico y de impacto acumulativo para toda la hidrovía Paraguay-Paraná, herramientas fundamentales para dimensionar los efectos que una intervención de esta magnitud podría generar sobre los ecosistemas y las comunidades que habitan la cuenca. También denuncia la falta de acceso efectivo a la información pública, ya que gran parte de la documentación presentada durante el proceso oficial resultó difícilmente accesible para la ciudadanía.
Según explican, la información puesta a disposición consistió en más de nueve mil páginas de documentación técnica sin herramientas que facilitaran su lectura, análisis o comprensión por parte de la población. A ello se sumó la escasa difusión del proceso en los distintos territorios involucrados y los reducidos plazos otorgados para su evaluación. Además, señalan que nunca se garantizó la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas potencialmente afectados, un derecho reconocido por la normativa nacional e internacional.
Las críticas también alcanzan a la denominada audiencia pública convocada por el Gobierno. Para las organizaciones, aquella instancia difícilmente pueda ser considerada una verdadera audiencia pública vinculada a un proceso de evaluación ambiental. «No existían estudios de impacto ambiental actualizados que permitieran discutir los alcances reales del proyecto», sostiene Valeria. En ese sentido, desde Río Feminista consideran que la convocatoria funcionó más como una instancia meramente informativa que como un mecanismo genuino de participación ciudadana capaz de incidir en la toma de decisiones.
“Más del 90% de las personas indicaron que no estaban de acuerdo ni con ese tipo de audiencia, ni con el proceso licitatorio y sin embargo siguieron adelante”, apunta Enderle.
Sin embargo, detrás de los expedientes existe una preocupación mucho más profunda. Si el dragado profundiza el cauce principal del Paraná, el río podría dejar de comportarse como río para transformarse cada vez más en un canal de navegación diseñado para las necesidades del comercio exterior. El agua que hoy alimenta humedales, lagunas y zonas de reproducción de numerosas especies sería absorbida por ese corredor artificial. Las consecuencias no son abstractas: ciudades con dificultades para acceder al agua potable, desaparición de humedales, pérdida de biodiversidad y alteraciones irreversibles en los ciclos naturales.
“La realidad es que -dependiendo qué suceda en esa vía navegable- vamos a tener distintos impactos”, asegura la entrevistada. “Por ejemplo, si se draga 44 pies, el río va a dejar de ser tan río y va a pasar a ser más un canal navegable por donde van a poder transitar barcos que es la necesidad, entre comillas, que tiene el país para sacar su producción adelante, para exportar, para toda una serie de cuestiones económicas. Pero la realidad es que va a haber ciudades enteras que se van a quedar sin agua”.
Cuando el territorio se deteriora, las primeras en sostener la crisis suelen ser las mujeres. Son ellas quienes multiplican las tareas de cuidado cuando faltan recursos, quienes garantizan la alimentación familiar cuando escasean los alimentos y quienes continúan trabajando la tierra incluso cuando desaparecen los apoyos estatales. En las zonas rurales, el desmantelamiento de organismos como el INTA o la Secretaría de Agricultura Familiar profundiza una desigualdad histórica: menos acompañamiento para la producción y más carga sobre los hombros de quienes sostienen la vida cotidiana.
“Muchas veces son las mega instalaciones portuarias, que afectan nuestros cuerpos en relación al hábitat, en relación a los alimentos, en relación a los cuidados en sí que podamos tener”, declara Valeria. “La privatización y la toma de ciertos recursos naturales tiene que ver con un gesto patriarcal en la mayoría de los casos y es el modelo que hoy está vigente”, aclara.
La mirada feminista que proponen desde Río Feminista permite comprender que los conflictos ambientales nunca son neutrales. El extractivismo, la concentración de la tierra y la privatización de bienes comunes responden a una lógica de poder que históricamente ha sido patriarcal: una forma de relacionarse con la naturaleza basada en la apropiación, la explotación y el control. La misma lógica que considera al territorio como un recurso disponible suele reducir también a las mujeres y diversidades a cuerpos destinados a cuidar, producir y resistir en silencio.
Por eso, la defensa del río es también una defensa de la soberanía. De la soberanía sobre el agua, sobre los alimentos, sobre los territorios y sobre las formas de vida que todavía resisten frente al avance de un modelo que mide todo en términos de rentabilidad. En las orillas del Paraná, las mujeres organizadas recuerdan que no hay justicia ambiental sin justicia de género. Y que cuidar el río es, también, cuidar los cuerpos que desde hace generaciones encuentran en sus aguas la posibilidad de vivir, alimentarse y construir comunidad.
“La privatización de la hidrovía es una pérdida de soberanía”, finaliza la directora de Fundación Cauce. “Todo lo que tenga que ver con nuestra imposibilidad de poder consumir alimentos también es pérdida de soberanía. Cada vez tener más productos que vienen del exterior y seguir alabando las producciones de otros lugares es una pérdida de soberanía totalmente”.
