Las ofertas para privatizar Agua y Saneamientos Argentina S.A. (AySA) se abrirán el próximo 27 de agosto y ya hay candidatos a quedarse con el 90% del paquete accionario de la empresa, hoy en manos del Estado nacional. Un dato clave es que la licitación es sin base: de esta manera el pliego no fija un precio mínimo, dando lugar a rifar un activo estratégico y vital para millones de vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
El proceso se da en un marco claro de avance sobre empresas claves en manos del Estado. El caso de Aysa no es una excepción y fue incluida en el artículo 7 de la Ley Bases como compañía “sujeta a privatización”. Un capítulo más de este avasallamiento fue el DNU 805/2025, que permitía a la empresa estatal a “proceder al corte del servicio público” a los usuarios residenciales que tengan un atraso en el pago de las facturas de 60 días, a partir del segundo vencimiento.
En 1993 la empresa Aguas Argentinas S.A., manejada por la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez y un grupo empresario argentino, se hizo cargo de la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Hasta entonces había sido controlada por la empresa pública Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Todo se dio en un marco de liquidación de empresas públicas para la sostenibilidad macroeconómica de la convertibilidad. Fue la misma ola de desfalco que inspiró al entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi: “Nada que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”.
Tomás Nasra es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Al referirse a Obras Sanitarias S.A., señaló que “como toda empresa que tomaba una concesión estatal, se tenía que comprometer a ciertos objetivos sociales que no los cumplió. Y me refiero a la ampliación de la red pluvial y mantenimiento”, al mismo tiempo que “hubo un aumento altísimo de las tarifas, como en el caso de Entel y Telefónica”.
Otro punto subrayado por Nasra es la venta de activos subvaluados y la asunción estatal de deudas. A propósito de Obras Sanitarias de la Nación y Entel, explicó que “se compraron ambas empresas por un valor mucho más bajo y la concesión se otorgó por dos años”. Resulta desalentador traer esta cuestión al presente y vincularla a la ausencia de un precio mínimo fijado en el llamado a licitación pública por Aysa.
Por otro lado, el historiador resaltó que en algunos casos se aplicaron mecanismos donde el Estado absorbió los pasivos y financió el saneamiento de las empresas antes de entregarlas. “Las deudas de esas empresas fueron un tanto raras porque el Estado se hizo cargo de muchos de los gastos de las empresas y se las entregaron con un moño”, sentenció. Por si fuera poco, las empresas privatizadas sufrieron “reducciones de personal categóricas”, engrosando las filas del desempleo de aquella época.
La posible privatización de Aysa arroja un interrogante: ¿cómo resultó la experiencia en los 90s y que culminó con su estatización en 2006? Una investigación de los economistas Daniel Azpiazu y Karina Forcinito ofrece elementos claros de este proceso y sirve como presagio de un drama social para cientos de miles de personas en el AMBA: aumentos de tarifas por encima del índice de precios al consumidor y falta de inversión que impacta en una menor cobertura de la red de agua potable. La falacia de la «eficiencia privada» para enmascarar un negocio millonario con el Estado como garante y la gente como víctima.
“Según lo establecía el marco regulatorio original, salvo razones excepcionales, las tarifas no podrían aumentar durante los primeros diez años de la concesión”, explican. A pesar de que las tarifas debían permanecer estables durante los primeros diez años, la factura media del servicio residencial acumuló un incremento del 88,2% entre mayo de 1993 y enero de 2002. “Dicho incremento tarifario no guarda relación alguna con la variación de los precios al consumidor que entre el comienzo de la concesión y enero de 2002 sólo registró un crecimiento del 7,3%”, agregan.
Otro punto clave de la investigación y que está directamente relacionado con lo anterior es la razón por la cual ganó la licitación e ilustra la pobreza jurídica de las privatizaciones de empresas públicas. El grupo francés había ganado la licitación con una rebaja del 26,9% de las tarifas. Sin embargo, la suba posterior de tarifas neutralizó por completo el descuento inicial con el que se ganó la licitación. Todo esto derivó en los holgados márgenes de ganancia que internalizó Aguas Argentinas S.A.
Estos márgenes de ganancia también se justificaron en la desinversión en infraestructura y tuvieron directo impacto en las obras comprometidas para expandir las redes de agua y cloacas. Estos incumplimientos afectaron “al 63% de la población comprometida en la oferta original (1.078.000 habitantes) para el servicio de agua potable, y al 88% de la correspondiente al servicio de cloacas (812.000 habitantes)”, resaltan.
Finalmente fue estatizada, durante la presidencia de Nestor Kirchner, en marzo de 2006 (decreto 304/2006) tras la rescisión del contrato con la concesionaria. Sin embargo, la historia parece repetirse, hoy en manos del gobierno de Milei.
Quien se refirió a los riesgos de concretarse esta privatización fue el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti. En diálogo con este medio sostuvo que una de las principales amenazas es la posibilidad de cortes de un servicio esencial por falta de pago. “El Poder Ejecutivo Nacional, mediante un decreto de necesidad y urgencia 493 del 2025, modificó el marco regulatorio creado por la Ley 26.221, habilitando a la empresa a cortar el suministro de agua y cloacas por una factura impaga durante 60 días”.
De acuerdo con los registros de la propia compañía, actualmente existen 393.000 usuarios en esa situación. “Esto equivale al 11% de los usuarios de AySA bajo la amenaza de corte del suministro de agua y cloacas por tener más de una factura impaga”, denunció.
Al mismo tiempo, Bussetti señaló deficiencias en la actual gestión del Poder Ejecutivo, particularmente en materia de inversión en infraestructura. “¿Cuántas obras interrumpió el gobierno nacional a partir de su gestión en diciembre de 2023 que estaban a cargo de AySA? 454 obras. Por ejemplo, estaba finalizar el sistema Riachuelo, que permite la ampliación de la cantidad de usuarios de cloacas en la Capital y Gran Buenos Aires, y otra obra importante, la planta depuradora de líquidos cloacales denominada Gregorio de Laferrere, que está en el partido de La Matanza, que se encontraba en un 25% de su construcción”.
El pliego estipula una concesión a 30 años sin el cobro de un canon a la empresa adjudicataria y el Gobierno espera recaudar 500 millones de dólares. Sin embargo, Bussetti también denunció que la cifra es una estimación discrecional e infravalorada del Gobierno. “Esto no ha tenido la correcta valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que es una estimación que hace el Ministerio de Economía, con lo cual el patrimonio de AySA hoy está subvaluado para ofrecérselo a una empresa privada”, declaró.
La década de 1990 trajo la liquidación de empresas estatales en manos de privados, resultando en aumentos extraordinarios de las tarifas, al mismo tiempo que se incumplían las metas de inversión prometicas a la hora de ganar las concesiones, engrosando los márgenes de ganancias. Hoy, el gobierno de Javier Milei parece querer reeditar ese capítulo al publicar los pliegos para la venta del 90% de las acciones. El peligro inminente y dramático es la interrupción del suministro por morosidad a los sectores más vulnerables.
