Hay muertes que interpelan por su contundencia. Sin embargo, muchas veces quieren ser barridas bajo la alfombra. No son producto de circunstancias excepcionales, sino el resultado de decisiones políticas, controles ausentes y un modelo que permite que personas en situación de extrema vulnerabilidad queden atrapadas en dispositivos de encierro sin garantías ni supervisión.
Como explica extensamente Judith Butler en su libro “Vidas precarias”, hay vidas que para la sociedad capitalista merecen ser lloradas y otras que no. Tal vez, bajo el paradigma del encierro, las vidas de quienes están en comunidades terapéuticas formen parte de este segundo grupo.
El 16 de mayo de 2026 sucedió otra muerte por suicidio en una comunidad terapéutica de la Provincia de Buenos Aires. Con ésta se suman cinco denuncias realizadas en los últimos meses por la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP), de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). Estas comunidades terapéuticas son instituciones que funcionan sin control estatal ni supervisión. Muchas de ellas incluso sin profesionales de la salud mental en su staff.
“En 2024 ya habíamos denunciado a la comunidad terapéutica Oasis del Ser, dirigida por Rubén Ramos, por secuestrar y torturar usuarios de drogas”, explica Pablo Galfré, periodista y coordinador de la UIP de ARDA. A pesar de las denuncias, Ramos quedó impune. La Justicia de Moreno archivó la causa. Después desarmó su grupo de tareas y fundó una comunidad clandestina. Esta es la comunidad donde se encontraba internado Pedro. Según el entevistado, su muerte fue especialmente cruenta.
“Rubén Ramos a su vez tenía de forma paralela un equipo de traslados que le llegaban a través del boca en boca”, relata Galfré. Los familiares de los y las usuarias de drogas accedían a través de la página web o de la cuenta de Instagram de la comunidad cuando sus familiares no querían internarse voluntariamente. Allí, Ramos actuaba como operador terapéutico de estas internaciones involuntarias.
“Yo hablé con Rubén Ramos por teléfono y me lo reconoció”, continúa Pablo. Ramos ofrecía este sistema de internaciones involuntarias, entraban a la casa de las personas con la autorización de la familia y les decía que tenía una orden judicial que indicaba internar, lo cual era mentira. Si éstas se resistían, les inyectaban psicofármacos para dormirlos y los ataban de pies y manos con precintos para llevarlos luego como cerdos.
Si bien es conocido que existe una ley de Nacional de Salud Mental (LNSM) y un proceso de desmanicomialización que se está llevando a cabo en la Provincia de Buenos Aires, desde la organización denuncian ausencia de inspecciones, retrasos burocráticos y falta de respuestas. Además, advierten que la internación debería ser el último recurso para los casos que así lo requieran.
“Hay que poner en duda si aquellas personas que realmente tienen problema de consumo necesitan una internación, porque la idea del encierro como único camino es un paradigma vetusto y fuera de uso. Sin embargo, es la idea que sigue imperando en Argentina desde el Estado y los medios de comunicación”, asegura Gafré.
Si bien el Órgano de Revisión (OR) de la Ley de Salud Mental, a partir de la Resolución Nro. 15/2014, establece que todo fallecimiento debe ser investigado por la Justicia como una “muerte dudosa”, y no archivado sin más, la práctica indica que el Poder Judicial no investiga los decesos producidos dentro de instituciones psiquiátricas.
Durante 2019, según la Comisión Provincial por la Memoria, 176 usuarios del sistema de salud mental murieron en instituciones públicas y privadas de la provincia. Sin embargo, no existe dentro de los Poderes Ejecutivos ni Judicial -en el ámbito nacional o provincial- una oficina o fiscalía que investigue violaciones a los DD.HH. o muertes dudosas en instituciones de salud mental.
Bajo el paradigma de reducción de riesgos y daños sostienen que una persona puede convivir con el uso de drogas sin que sea un consumo problemático, pero, en caso de serlo insisten en la necesidad de la creación de dispositivos comunitarios y ambulatorios para que la única solución no sea el encierro.
Morir en una comunidad terapéutica
¿Cuántas muertes hacen falta para que una tragedia deje de ser considerada un accidente y pase a ser reconocida como un problema estructural?
Sebastián (36), Catalina (20) y dos adolescentes de 17 años, a quienes llamaremos Braian y Juliana para resguardar su identidad, fueron las otras cuatro víctimas del sistema. Estos casos ocurrieron en instituciones de Escobar y Pilar que no estaban habilitadas ni eran controladas por el Estado, pese a que algunas de ellas ya habían sido clausuradas.
Desde la UIP explican que no se trata de hechos aislados. El año pasado, esta misma organización elaboró un informe de 20 muertes ocurridas en dispositivos de encierro durante una década: suicidios, homicidios culposos, incendios, ahogamientos y otras muertes evitables. El ritmo se acelera: en el informe de este año, su Excel ya carga 30 muertes.
“Detrás de estos expedientes no aparece un error, sino un sistema: encierros sin control, instituciones clandestinas, jóvenes aislados, prácticas violentas naturalizadas y un Estado que llega tarde o no llega”, enfatizan en su comunicado.
Lo que comenzó como denuncias sobre irregularidades en comunidades terapéuticas terminó revelando una realidad mucho más grave: una sucesión de muertes evitables en instituciones que funcionaban al margen de los controles estatales. Lejos de constituir episodios aislados, los casos exponen un entramado de abandono, precariedad y vulneración de derechos que organizaciones especializadas vienen advirtiendo desde hace años.
Sebastián y Catalina se suicidaron, en septiembre de 2024 y junio de 2025, en la comunidad terapéutica Sanar para Vivir, de Escobar (ahora trasladada a Pilar). Ambos fallecimientos fueron rápidamente archivados sin una investigación profunda: una comunidad no habilitada, que había sido clausurada, en la que las personas internadas vivían en un clima de amenazas y sobremedicación. Testigos relataron a la UIP que las autoridades de la granja insultaban a Sebastián y le gritaban: “Bolsa de falopa y maricón”. Los directores de Sanar para Vivir son Daiana Lizzi y su ex pareja Carlos Sasso.
Catalina, el día anterior a quitarse la vida, escribió en su cuaderno: “Me desperté con voces en mi cabeza”. Testigos dijeron a la UIP que lloraba, hiperventilaba, pedía ayuda y no la asistían; que la encerraban, la empujaban, la sobremedicaban y hasta le gritaban: “estás loca, pendeja de mierda”. Al día siguiente, se quitó la vida en su habitación.
Gracias a los informes de la UIP, las dos fiscalías de Escobar volvieron a investigar las muertes dudosas de Catalina y de Sebastián. “Si bien no los presentamos directamente en las causas, ya que no estamos catalogados como un particular damnificado, la Justicia tomó nuestras investigaciones para volver a investigar los hechos”, asegura Pablo.
Braian, un adolescente de 17 años con retraso madurativo y obesidad severa, falleció el 1° de enero de 2026 luego de ser trasladado, con un cuadro de neumonía, desde la comunidad terapéutica Nunca Más Solos, de Pilar, al Hospital J. Sanguinetti. Los dueños de la comunidad encubrieron la muerte de Braian. Lo dejaron abandonado y obligaron a su madre a firmar un “abandono de tratamiento”.
A pesar de que la institución ya había sido denunciada en noviembre de 2025 por la UIP e inspeccionada por la CPM, nunca fue clausurada. La muerte de Braian se agrava aún más si se considera que había sido derivado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro.
El cuarto caso es el de Juliana, de 17 años, fallecida el 2 de febrero de 2026 en la Comunidad Terapéutica Señales, de Grand Bourg, Malvinas Argentinas. La muerte fue informada preliminarmente como “ahorcamiento”, pero lo ocurrido exige una investigación inmediata y completa, porque se trata de una menor de edad en contexto de encierro en otra comunidad no habilitada. La UIP analizó la web de Señales y encontró la radiografía de una institución opaca y disciplinaria: hablaba de “cambio de conductas y hábitos” y de un “entorno controlado”, pero no exhibía un solo profesional de salud mental identificado con nombre, matrícula y función, ni informaba habilitación sanitaria o responsables clínicos. Sólo había números de WhatsApp.
Como en el resto de los casos, explican, la muerte de una adolescente en un contexto de encierro y violencia no puede archivarse como un simple “ahorcamiento” sin una reconstrucción seria de las causas de esa muerte. Un patrón que exige investigación y respuestas públicas. Las cuatro muertes muestran elementos comunes: personas en situación de vulnerabilidad alojadas en instituciones privadas no habilitadas, controles estatales inexistentes y respuestas judiciales que no avanzan en investigaciones exhaustivas.
“Lo que dice la ley Nacional de Salud Mental es que el último recurso tiene que ser la internación, que primero hay que intentar con tratamientos menos invasivos, como dispositivos ambulatorios, centros de día, hospitales de día, casas de medio de camino, dispositivos comunitarios cercanos a la red de contención de las personas usuarias”, enfatiza el periodista. En ese sentido, desde ARDA hacen referencia al modelo europeo que va hacia una legalización de las sustancias.
“No estamos en contra de la internación, pero éste debe ser el último recurso. Queremos que se dé en instituciones donde no se vulneren derechos humanos y donde se respete la subjetividad de cada uno”, plantean.
“Es hora de que los usuarios del sistema de salud mental tengan los mismos derechos y garantías que todas las personas privadas de su libertad y las violencias que sufren no permanezcan impunes”, aseguran desde ARDA, quienes buscan impulsar un proceso de memoria, verdad y justicia por los muertos en comunidades terapéuticas y manicomios.
Estos lugares que se presentan falsamente como refugio, terminan convirtiéndose en sombras. Prometen cuidado y esconden abandono; dicen contener el dolor y terminan amplificando el silencio. Los nombres de Sebastián, Catalina, Pedro, Braian y Juliana no son números en una estadística ni expedientes acumulados en un escritorio: son historias interrumpidas, trayectorias que quedaron suspendidas y preguntas que siguen buscando respuesta. Porque cuando una sociedad permite que alguien muera en el olvido, no sólo se pierden vidas; también se resquebraja el pacto más elemental de humanidad: que las vidas merecen ser lloradas.
