El pasado mes de mayo, cinco mil trabajadores fueron sorprendidos por una inesperada decisión del GCBA: el jefe de Gobierno Jorge Macri anunció el cierre del programa Veredas Limpias, dejando sin trabajo a quienes desde hace 20 años se encargaban del mantenimiento y la limpieza de las calles de barrios populares. La medida se da en el marco de un agresivo avance sobre derechos de los habitantes de la Ciudad, en sintonía con las acciones del gobierno nacional.
Walter Córdoba es referente de Barrios de Pie y participante del programa y remarcó que la noticia tomó a todos los trabajadores por sorpresa. “El cierre es inesperado porque en enero firmamos la renovación -como todos los años- hasta diciembre, y tres meses después nos enteramos que el gobierno porteño, a través de un decreto, quiere dar de baja el programa ‘Veredas limpias’”, explica. La medida, como tantas otras, persigue una agenda que busca imitar al gobierno nacional. “Como resultado, miles de familias corren riesgo de perder un ingreso que les permitía subsistir en una economía que golpea especialmente a los sectores más vulnerables”, continúa.
Si bien la medida fue inesperada, cobra bastante sentido y coherencia bajo la perspectiva que el macrismo tiene de los sectores más vulnerables y los barrios populares. “Creemos que el gobierno no quiere generar empleo, no quiere generar trabajo, lo que busca es ponernos en una bolsa diciendo que son planes sociales y que la gente no quiere trabajar, que la gente es vaga. Tiene una idea estigmatizante de los sectores populares”, agrega Córdoba.
La medida oficial eliminó otros programas como el VIEL (Programa de Vivienda, Infraestructura y Empleo Local ), el FIT (Formación e Inclusión para el Trabajo) y el PREASIS (para la reinserción de personas con problemas de salud mental), con el propósito de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas”, según el gobierno porteño.
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sintetizó el Jefe de Gobierno en sus redes sociales, mientras la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires se eleva al 21,1% y la indigencia a casi un 7%.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, celebró la decisión y agregó: “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”.
El programa funciona desde el año 2006 y nació en un contexto y bajo una perspectiva diametralmente opuestos a quienes hoy gobiernan y su agenda económica y social. En el mismo decreto, la Ciudad formalizaba sus intenciones: “Es objetivo de acción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear fuentes de empleo y por intermedio de organizaciones sociales constituidas en cooperativas, contribuir a la inclusión en el mercado laboral de la población más vulnerable”. Los tiempos cambiaron y también las prioridades de la gestión.
El impacto social de este cierre resulta crítico y Córdoba remarcó que golpea de lleno en los barrios populares. “El programa Veredas limpias tiene un cupo, una planta de 5.000 cooperativistas. Esto va a generar un impacto muy grande en el barrio. Pensemos que este programa es el sustento de madres jefas de hogar, de muchas personas que están en edad de jubilarse, adultos mayores; también significa el primer empleo para jóvenes de los barrios populares, es un programa también de integración de barrios populares y los sectores populares al empleo, al trabajo”, alertó.
La explicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires niega el despido de miles de trabajadores. En su lugar, dicen proponer un esquema de capacitación laboral articulado con empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa. Desde el portal de la Ciudad anunciaron que “el programa tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como un puente hacia el cierre definitivo de la dependencia estatal”.
Sin embargo, la implementación de este supuesto esquema resulta en la realidad mucho más precario, limitado e incierto. “El gobierno porteño plantea una capacitación por 12 meses bajo un programa que se llama Ciudadanía Laboral”, asegura el entrevistado. En concreto, explica, recién están armando el circuito administrativo. “Las disposiciones nos están llegando ahora. La información que nos llega la tratamos de obtener de alguna forma entre las distintas organizaciones porque el gobierno se niega a mantener reuniones con las cooperativas”.
