«Ojalá no sea tarde cuando se den cuenta de lo que implica vaciar a un organismo como el SENASA», explica Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional a El Grito del Sur, en medio de la creciente preocupación tanto de trabajadores del organismo como de productores agropecuarios. La inquietud surge tras la publicación de una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que establece nuevas condiciones para las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.
La historia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria está estrechamente ligada al desarrollo agropecuario argentino y a la necesidad de controlar enfermedades animales, plagas vegetales y garantizar la calidad de los alimentos. El organismo actual nació en 1996, cuando el gobierno nacional fusionó el Servicio Nacional de Sanidad Animal y el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal. De esta unión surgió el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, conocido por sus siglas SENASA.
La creación respondió a la necesidad de contar con un organismo único capaz de supervisar toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta la comercialización y exportación.
Sin embargo, recientemente el SENASA modificó las excepciones de su Resolución 1259/2023, que permitían el traslado de bovinos y bubalinos sin vacunar durante los primeros 15 días de cada campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.
«El SENASA es un organismo de prestigio internacional que, históricamente, se sostiene gracias al compromiso de sus trabajadores y trabajadoras. A pesar de salarios bajos y condiciones adversas, son quienes garantizan que nuestros productos lleguen a más de 180 países y que, en nuestras propias mesas, consumamos alimentos de calidad”, advirtió Cabezas. “Sin embargo, puertas adentro, existe un fuerte lobby de empresas que buscan que el Estado compre sus productos, como vacunas, o contrate a su personal, entre veterinarios y técnicos».
Desde ATE vienen denunciando que, en marzo, Bulgaria rechazó un cargamento argentino de semillas de girasol tras detectar niveles de malatión y deltametrina que superan entre tres y cinco veces, respectivamente, los límites permitidos por la Unión Europea. El embarque fue declarado oficialmente «en incumplimiento», mientras otros diez buques, con unas 440.000 toneladas, se encontraban en camino.
En paralelo, China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef, uno de los principales exportadores del país, debido a la presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional. La situación obligó a desplegar gestiones diplomáticas urgentes para intentar revertir la medida. Ambos episodios, señalan desde el gremio, están vinculados a fallas en los controles sanitarios.
Las nuevas políticas del SENASA bajo el gobierno de Javier Milei buscan optimizar los “tiempos operativos de vacunación” aunque eso ponga en riesgo a la población entera.
“Si se sigue debilitando el sistema, pueden aparecer enfermedades o situaciones que hoy están bajo control”, apuntó la entrevistada. “Hace unas semanas nos enteramos, a través del Boletín Oficial, de nuevas condiciones para las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en la Argentina. Ahora, los productores podrán elegir libremente a un veterinario privado, y eso es sumamente peligroso”.
Por su parte, Jorge Ravetti, Coordinador Nacional de ATE SENASA hizo referencia a que la directora del organismo María Beatriz Giraudo no recibe a los trabajadores “las puertas cerradas, no hay audiencias ni reuniones”. “Hay mucho silencio porque estamos próximos a recibir una auditoría de Estados Unidos en distintas plantas fundadoras que tienen como destino la exportación a ese país.”, concluye y advierte que desde ATE Nacional SENASA no descartan medidas de fuerza para las próximas semanas.
Para los trabajadores del organismo, la discusión excede una resolución o una campaña de vacunación específica. Lo que está en juego es el futuro de una institución construida durante décadas para proteger la salud de la población, garantizar la calidad de los alimentos y sostener la capacidad exportadora del país. Frente a las políticas de ajuste y desregulación, sostienen que defender al SENASA es también defender el rol del Estado como garante del interés público frente a los intereses privados.
