El auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados empieza a llenarse mucho antes de que comience la conferencia. Entre las filas se mezclan periodistas, estudiantes, investigadoras, militantes feministas y trabajadoras sexuales. Hay murmullos, saludos y expectativas. Sobre el escenario, mientras las últimas personas toman asiento, una tela roja se despliega. Las letras negras, enormes, ocupan toda la bandera: PUTA. La palabra, históricamente utilizada como insulto y estigma, aparece allí resignificada como identidad política, reivindicación y declaración de presencia.
La escena no es casual. En tiempos donde los discursos sobre trabajo sexual suelen construirse sin escuchar a quienes lo ejercen, la presentación del primer informe sobre trabajo sexual y plataformas virtuales -elaborado por AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), junto a las investigadoras Deborah Daich y Estefanía Martynowskyj de la UBA/Conicet-, buscó precisamente correr el foco: poner en el centro las voces de las propias trabajadoras.
El encuentro, realizado el 11 de junio, contó con el acompañamiento de la diputada nacional de Unión por la Patria Córdoba, Gabriela Estévez, quien preside la Comisión de Mujeres, Diversidad e Igualdad de Género. Desde el inicio, la legisladora destacó el valor político de abrir las puertas del Congreso a experiencias que históricamente fueron marginadas de los espacios institucionales.
“Hay voces que no llegan. Hay voces que no se quieren escuchar”, afirmó. Y agregó que habilitar la presentación del informe significaba permitir que otras mujeres —aquellas cuyos relatos suelen quedar fuera de las agendas públicas— pudieran contar sus propias realidades. En un contexto de fuertes disputas dentro de los feminismos sobre el trabajo sexual, la diputada sostuvo que si el feminismo pretende transformar las estructuras de desigualdad, debe ser capaz de escuchar a todas.
Esa idea atravesó toda la jornada. No solo por los resultados de la investigación, sino también por la forma en que fue construida. Tanto las investigadoras como las integrantes de AMMAR insistieron en que no hubo una relación tradicional de extractivismo entre academia y los sujetos investigados. Las trabajadoras sexuales no fueron observadas desde afuera ni convertidas en objetos de estudio. Participaron activamente en la elaboración de preguntas, objetivos, diagnósticos y conclusiones.
La metodología se convirtió así en una declaración política. Porque si algo ha cuestionado históricamente el feminismo, es la producción de conocimiento sobre las mujeres y diversidades sin que estxs opinen al respecto. En este caso, el informe buscó construir saberes desde la experiencia de quienes conocen de primera mano las condiciones materiales, económicas y sociales que atraviesan el trabajo sexual en entornos digitales.
Los datos revelan un universo mucho más complejo de lo que suelen mostrar los prejuicios. La edad promedio de quienes realizan trabajo sexual virtual es de 31 años. La mayoría no tiene hijas, hijos ni personas a cargo, alquila su vivienda y posee niveles educativos altos: una parte importante cursa estudios terciarios o universitarios. Para muchas, la venta de contenido erótico-sexual constituye su principal fuente de ingresos, aunque más de la mitad combina esta actividad con otros trabajos, en su mayoría informales.
Las motivaciones también cuestionan simplificaciones frecuentes. La necesidad económica aparece como el principal factor, pero no es el único. Muchas personas señalaron la accesibilidad de esta modalidad laboral, la posibilidad de compatibilizar con estudios, tareas de cuidado u otros empleos, e incluso con determinadas condiciones de salud que dificultan el acceso a trabajos más tradicionales. Los datos muestran trayectorias laborales diversas, atravesadas por las mismas precariedades y estrategias de supervivencia que afectan a amplios sectores de la sociedad.
Para Georgina Orellano, presidenta de AMMAR, esto constituye una herramienta para disputar sentidos. “El informe es justamente poder disputar narrativas, lenguajes y sentidos”, sostuvo durante la presentación.
En ese marco, cuestionó los efectos de la Ley 26.364, señalando que su aplicación terminó equiparando la trata de personas con el ejercicio autónomo del trabajo sexual. Según explicó, esa mirada produjo mayores niveles de clandestinidad y vulnerabilidad para muchas trabajadoras, que quedaron expuestas a situaciones más precarias y con menos posibilidades de acceso a derechos.
“Frente a esa embestida brutal, punitiva y criminal, nosotras salimos a disputar la política”, expresó. La apuesta, explicó, fue generar evidencia que permitiera mostrar los impactos concretos de determinadas políticas públicas sobre la vida cotidiana de quienes ejercen el trabajo sexual.
Hacia el final de la jornada, la discusión volvió a un punto central: los derechos laborales. Para Orellano, las transformaciones tecnológicas modificaron las formas de ejercer el trabajo sexual, pero no la necesidad de protección legal. Ya sea en la calle, en un departamento, en un bar o a través de plataformas digitales como OnlyFans, quienes realizan este trabajo continúan enfrentando problemas vinculados a la precarización, la falta de reconocimiento y la ausencia de garantías laborales.
En ese sentido, el 88,1% de las personas encuestadas considera que el sector debería tener representación, ya sea a través de un sindicato o de otro tipo de organización colectiva.
“[Es necesaria la organización porque] es un trabajo muy solitario sin ningún tipo de amparo en la ley. Además trabajo hace 5 años y no tengo ningún tipo de aporte, obra social ni derecho laboral básico”, aseguró una de las encuestadas.
«“La representación siempre es importante, nos hace ver que no estamos solas. Y reconocer el trabajo sexual como trabajo quizás ayude a sacar un poco el estigma”, finaliza el informe.
Mientras las exposiciones terminan y el auditorio comienza a vaciarse, la bandera roja permanece desplegada sobre el escenario. La palabra sigue ahí, inmóvil y desafiante. Quizás porque el verdadero núcleo de la discusión no gira únicamente en torno a las plataformas virtuales ni a las estadísticas. Lo que estuvo en juego durante toda la tarde fue una pregunta profundamente feminista: quiénes tienen derecho a nombrarse, a contar su propia historia y a participar de las decisiones que afectan sus vidas. En un debate atravesado por tensiones, silencios y disputas, las trabajadoras sexuales llegaron al Congreso para reclamar precisamente eso: que ninguna conversación vuelva a darse sin ellas.
