Tras la reconfiguración de la Jefatura de Gabinete (en un intento de superar el Adornigate) y la necesidad de retomar el control de la agenda en el tramo final del mandato presidencial, el gobierno libertario envió en abril al Senado de la Nación el proyecto legislativo 110/26 que lleva el ambicioso nombre de “Reforma Electoral Integral”. Presentada bajo las banderas de la transparencia, la modernización tecnológica y la reducción del gasto público, un análisis de la iniciativa revela un trasfondo sustancialmente distinto, como suele ocurrir, respecto a las fundamentaciones gubernamentales explicitadas: la reconfiguración de las reglas de juego institucionales como un mecanismo de ingeniería orientado a favorece la reelección presidencial de Javier Milei en 2027, según advierten varias voces.
Seguidamente analizaremos los ejes centrales del proyecto original, las mutaciones incorporadas al debate parlamentario y el profundo divorcio que esta agenda gubernamental mantiene con las urgencias de la ciudadanía.
Radiografía crítica de las disposiciones sustanciales del proyecto oficialista
El texto enviado al Congreso articula una serie de modificaciones que redefinen las condiciones de supervivencia de las fuerzas políticas en el llano y las dinámicas de competencia en las urnas.
Afiliaciones partidarias y regulación de partidos políticos
El proyecto endurece drásticamente las condiciones de subsistencia y el reconocimiento de las personerías jurídico-políticas. Se propone elevar la exigencia de afiliados al 0,5% del padrón electoral nacional y se duplica el requisito de representación territorial: para que un partido adquiera rango nacional de manera autónoma deberá acreditar reconocimiento legal en al menos 10 distritos (provincias), frente a los 5 exigidos históricamente. Asimismo, se estipula la eliminación definitiva de las afiliaciones en formato papel, reemplazándolos por un sistema de validación estrictamente biométrica.
Si bien la retórica oficial argumenta el combate contra aquellas agrupaciones políticas que popularmente se conocen como “sellos de goma” y las inscripciones fraudulentas, el efecto real es de carácter oligopólico. Esta disposición impone una barrera de entrada asfixiante para fuerzas minoritarias o de reciente creación que carecen de la infraestructura burocrática del Estado, blindando el tablero en favor de las maquinarias hegemónicas preexistentes.
Régimen de financiamiento partidario
El Ejecutivo Nacional plantea una virtual liberalización del financiamiento privado de las campañas y de los partidos políticos, disminuyendo o retirando los techos regulatorios vigentes y reduciendo sustantivamente los fondos de aporte público directo. Acompaña a esto la eliminación de la cesión obligatoria y gratuita de los espacios publicitarios en medios audiovisuales (televisión y radio).
Bajo la premisa de que la política no debe costarle al contribuyente (suponiendo, equívocamente, que la democracia es un costo que no merece ser afrontado), se abre una preocupante compuerta para la captura de la agenda pública por parte de grandes grupos económicos. En un contexto de asimetría informativa, la eliminación de los espacios radiales y televisivos gratuitos suprime el principio de equidad en la contienda, transformando la campaña electoral en un mercado donde la visibilidad democrática queda supeditada a la capacidad financiera del candidato.
Eliminación de las elecciones PASO
La iniciativa establece la derogación total y definitiva del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) instaurado en 2009, en una búsqueda del kirchnerismo de mitigar los efectos internos al peronismo de la derrota de ese año en la provincia de Buenos Aires. El argumento del actual gobierno se apoya en su naturaleza de costosa “encuesta” pagada por el Estado.
Sin embargo, lejos de ser un mero ahorro fiscal, la eliminación de las PASO interviene directamente en la gobernabilidad interna de las coaliciones de la oposición. Al suprimir la mediación de la ciudadanía para dirimir y/o ratificar candidaturas (sin siquiera contemplar la posibilidad de primarias optativas), las internas vuelven a los “viejos aparatos” partidarios y a las negociaciones a puertas cerradas. Esta medida tiende a fragmentar aún más y de forma deliberada el espacio opositor, impidiendo la confluencia de frentes unificados competitivos y beneficiando la centralidad del oficialismo.
Reforma de la Boleta Única en Papel (BUP) y régimen de simultaneidad
Aunque la BUP nacional ya fue sancionada para debutar en las elecciones legislativas nacionales de 2025, el nuevo proyecto busca refinar sus parámetros de aplicación e incidir sobre el régimen de simultaneidad. Así, se busca limitar la capacidad de las provincias para acoplar esquemas de votación tradicionales y concurrentes que distorsionen la oferta nacional.
Ahora bien, el nuevo diseño de la BUP con un casillero de “voto en lista completa” —o la rigidez impuesta al régimen de simultaneidad— busca neutralizar el peso de los gobernadores de la oposición y su ejercicio de “la lapicera” (o el whats app). Se puede inferir que el Ejecutivo pretende evitar tanto la injerencia de los mandatarios locales en las definición de las candidaturas como la utilización que pueda hacer de las elecciones subnacionales para potenciar candidatos legislativos que luego bloqueen la agenda de la Casa Rosada.
Ficha Limpia
El proyecto incorpora de forma orgánica el principio conocido como Ficha Limpia, impidiendo que ciudadanos con condenas penales confirmadas por tribunales de alzada por delitos de corrupción o contra la administración pública puedan inscribirse como candidatos a cargos electivos nacionales.
La instrumentalización de la inhabilitación penal en el marco de una pretendida reforma electoral integral genera suspicacias en torno a la llamada judicialización de la política (lawfare). Se corre el riesgo de utilizar las sentencias de tribunales intermedios como un tamiz de proscripción selectiva antes de que existan fallos firmes y definitivos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora bien, a medida que el proyecto ingresó al laberinto de comisiones del Senado de la Nación, el purismo ideológico de La Libertad Avanza cedió ante el pragmatismo de la negociación con los gobernadores y sus representantes en la Cámara alta. Dos aspectos centrales se adosaron al debate legislativo sin haber formado parte del mensaje original enviado por el Ejecutivo:
El retorno de las “colectoras” bajo la BUP
Para sumar voluntades parlamentarias entre mandatarios provinciales y fuerzas provinciales aliadas, la Casa Rosada —a través de la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli— habilitó la discusión sobre la reintroducción de las llamadas listas “colectoras”. Esto permitiría que diferentes partidos locales lleven en sus respectivas boletas al mismo candidato presidencial de La Libertad Avanza.
Cabe hacer notas que este aditamento desvirtúa por completo el espíritu de transparencia e inteligibilidad que se le adjudicaba a la Boleta Única de Papel. Las “colectoras” confunden al electorado, atomizan la representación y contradicen el discurso oficial de “terminar con los vicios de la vieja política”. No nos engañemos, es una concesión netamente instrumental: el Gobierno sacrifica la coherencia técnica del sistema electoral a cambio de asegurar un tendido territorial que sostenga la candidatura de Milei en el interior del país.
Cambios en la administración electoral
Tras la reestructuración del organigrama del Ejecutivo con la eliminación formal del Ministerio del Interior (una de las carteras que integra el Gobierno desde la formación del Estado Nacional), del cual dependía históricamente la Dirección Nacional Electoral (DINE), la administración del proceso electoral quedó en un limbo institucional, más allá de las atribuciones nuevas que se darían a la Cámara Nacional Electoral (como la creación del Subregistro de Ficha Limpia). En lo que hace a las atribuciones del Ejecutivo, la reforma busca reordenar la gobernanza electoral, posiblemente traspasando esas facultades en áreas dependientes de la Jefatura de Gabinete o la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
Notemos que ubicar la DINE bajo la órbita directa del corazón político del Ejecutivo, en lugar de un Ministerio con dilatada tradición de interlocución federal, debilita la percepción de imparcialidad, puesto que la organización material de los comicios debe estar nítidamente separada de la mesa chica que digita la campaña de reelección presidencial. Es verdad que en el proceso electoral de 2015, a los efectos de garantizar la imparcialidad del organismo especializado, hubo un fugaz traspaso de la DINE a otra cartera del Ejecutivo, pero se trataba del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El horizonte 2027: Motivaciones implícitas e impacto sistémico
La literatura politológica enseña que las reformas electorales no nacen de una súbita epifanía valorativa de las élites partidarias, sino más bien del cálculo estratégico, históricamente situado, de los actores dominantes para maximizar sus posibilidades de conservación del poder y, eventualmente, aumentarlo. Según entiendo, el propósito subyacente de esta reforma es estructurar un escenario de polarización asimétrica para la contienda presidencial de 2027.
Si logra eliminar las elecciones PASO, el oficialismo asestaría un duro golpe a la capacidad de reconfiguración de la centroderecha tradicional (el PRO) y del centro histórico (la UCR por fuera del gobierno), forzándolos a una asimilación bajo los términos de La Libertad Avanza o a una dispersión de votos que los vuelva irrelevantes. Simultáneamente, el endurecimiento de los requisitos de personería pulveriza a los partidos emergentes de izquierda y liberales independientes.
Al parecer, la estrategia gubernamental busca dejar en pie únicamente dos grandes polos: el oficialismo libertario y un peronismo/kirchnerismo arrinconado en sus bastiones tradicionales. En ese marco de antinomia extrema, la Casa Rosada acaso confía en reeditar la lógica del balotaje desde la primera vuelta electoral, apelando al voto antikirchnerista para asegurar la reelección de Javier Milei sin necesidad de someterse al desgaste de una interna previa.
Además, tengamos en cuenta que el proyecto libertario tensiona nociones fundamentales de la representación democrática. Al suprimir el financiamiento público equitativo y las PASO, la reforma mileísta acelera la transición hacia una democracia donde la legitimidad se nutre de una aclamación plebiscitaria en el ámbito digital (al cual es particularmente afecto el Presidente) y el dinero privado define el perímetro de lo elegible.
Así, se pretenden campañas electorales que prescindan de los espacios públicos asignados por ley, disponiendo además plazos más breves para las campañas “cara a cara” con la ciudadanía. En esta perspectiva, la política deja de ser el lugar del bien común (complementada por su costado agonal) y pasa a ser gobernada meramente por la lógica de mercado. En este sentido, las reglas electorales (nunca neutrales) ya no tienen en el horizonte garantizar el juego democrático íntegro y justo, sino la optimización de la victoria del gobernante.
El divorcio de la representación en una economía con problemas
A partir de los aspectos señalados y asumiendo una posición crítica, entendemos que el rasgo más sintomático y problemático de la “Reforma Electoral Integral” radica en una cuestión más de fondo: su absoluta desconexión respecto de las demandas prioritarias de la sociedad civil. Mientras el Congreso de la Nación invierte su capital político en debatir la ingeniería biométrica de las afiliaciones o los laberintos técnicos de las listas “colectoras”, la realidad de los ciudadanos de a pie transcurre bajo las coordenadas de una economía estancada, altos niveles de vulnerabilidad social y el constante endeudamiento de muchas familias argentinas.
Esta desconexión con los temas prioritarios para el común de la ciudadanía evidencia que el proyecto gubernamental está lejos de resolver la profunda crisis de representación política que afecta a la democracia argentina (también tensionada en otros contextos), que presenta un alarmante nivel de desafección cívica, como se evidenció en el histórico ausentismo electoral en las elecciones de 2025. Siguiendo la conceptualización de Guillermo O’Donnell (1994) sobre la democracia delegativa, el Gobierno interpreta su triunfo electoral de 2025 no como un mandato para el consenso, el fortalecimiento institucional y la equidad social, sino como un cheque en blanco para modelar las instituciones a su imagen y semejanza.
Al clausurar los canales democráticos de selección interna (PASO) y privatizar el financiamiento de las campañas, la reforma no democratiza la política; por el contrario, profundiza el foso que separa a la ciudadanía de sus representantes. La reforma electoral de Milei corre el riesgo de ser recordada no como un hito hacia una democracia de partidos más transparente y vigorosa, sino como un sofisticado ejercicio de ingeniería de supervivencia diseñado con un objetivo (implícito) tan básico como retener el poder, en detrimento de la unidad plural de nuestra sociedad.
(*) Doctor en Ciencia Política. Docente universitario (UNR-UNSAM-UCA).
