Las cárceles nunca son una prioridad en la agenda pública. Aparecen cuando sirven para una foto de campaña, para alimentar discursos punitivistas o para convertirse en un negocio inmobiliario. El intento del cierre de la cárcel federal de Devoto parece reunir esas tres dimensiones: una decisión impulsada por los gobiernos nacional y porteño que, lejos de responder a una política penitenciaria seria, amenaza con profundizar la crisis del sistema carcelario mientras desmantela una de las experiencias más singulares de organización y acceso a derechos dentro del encierro.
El conflicto comenzó hace algunos meses, cuando las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Gobierno de la Ciudad y de los servicios penitenciarios nacional y porteño confirmaron su intención de trasladar a las personas detenidas en Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. El objetivo es liberar el predio para que la Ciudad avance en su desafectación y posterior demolición.
La decisión llega en un contexto paradójico. Mientras el propio Ministerio de Seguridad prorrogó una vez más la emergencia penitenciaria -al reconocer que el Servicio Penitenciario Federal funciona al 106 % de su capacidad-, el Gobierno pretende cerrar la tercera prisión más grande del sistema federal. Si además se consideran las más de 2.300 personas que permanecen hacinadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad esperando un cupo en una cárcel, el colapso es aún mayor.
“Hay un uso abusivo por parte de la Justicia de la prisión preventiva. Un poco por la orientación general del sistema hacia lo punitivo y otro poco por restricciones legales que se fueron acumulando a lo largo de los años y que privilegian medidas de privación de la libertad frente a otras”, asegura Juan Pablo Parchuc, docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), director del Programa de Extensión en Cárceles y socio fundador de la Asociación Civil Dar Margen. “Hay una tendencia general a encerrar a las personas en lugar de pensar medidas alternativas que descompriman un poco el sistema, pero que también den la posibilidad a las personas de transitar su pena de una manera más productiva, por ejemplo, formándose, trabajando y no simplemente estando encerrados”, continúa.
En ese escenario, destinar las nuevas plazas penitenciarias de Marcos Paz para reemplazar a Devoto, en lugar de resolver la situación inhumana que atraviesan quienes permanecen detenidos en dependencias policiales, revela cuáles son las prioridades políticas. Antes que enfrentar una crisis humanitaria, se privilegia una operación inmobiliaria largamente anhelada y un mensaje de campaña basado en la idea de que sacar la cárcel del barrio equivale a resolver el problema.
“El cierre de Devoto combina negocios inmobiliarios con propaganda punitiva de alto impacto, pero no vela por la vida de las personas privadas de la libertad y de los vecinos de la Ciudad”, agrega Parchuc a este medio.
Según datos oficiales, más de 8300 personas permanecen detenidas por causas iniciadas en la Ciudad de Buenos Aires. Esa cifra, explican en un documento elaborado por los alumnos del Centro Universitario de Devoto (CUD), exige una discusión profunda sobre el uso abusivo del encarcelamiento preventivo y sobre alternativas penales para delitos de menor lesividad.
Aunque el año pasado la Ciudad de Buenos Aires creó su propio Servicio Penitenciario, todavía no cuenta con cárceles propias donde alojar a las personas privadas de la libertad. Por ese motivo, depende de la infraestructura del sistema federal y alquila plazas al Servicio Penitenciario Federal, que administra, entre otros establecimientos, la cárcel de Devoto.
Esa dependencia explica por qué el cierre de Devoto genera tanta preocupación. Sin establecimientos penitenciarios propios, la Ciudad continúa recurriendo a soluciones de emergencia para alojar a las personas detenidas: además de contratar plazas en cárceles federales, mantiene a cientos de personas en comisarías, alcaidías e incluso en módulos de detención tipo contenedores, construidos para hacer frente a una sobrepoblación que se agravó en los últimos años.
“Ni siquiera con el nuevo penal de Marcos Paz hay plazas suficientes para alojar a todas las personas que hoy están en Devoto, sumado a las alcaldías y comisaría”, añade Juan Pablo.
Porque Devoto no es solamente un edificio
Durante varias décadas, Devoto fue construyendo una identidad que la distingue dentro del sistema penitenciario argentino. Es la cárcel federal que más visitas familiares recibe. Investigaciones muestran que la cantidad de personas que ingresan durante las jornadas de visita triplica la del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Esa cercanía no es un dato menor: responde a un principio reconocido por los organismos internacionales de derechos humanos, que establece que las personas deben cumplir sus condenas lo más cerca posible de sus vínculos afectivos para reducir el impacto del encierro sobre sus familias, especialmente sobre niñas, niños y adolescentes.
Cerrar Devoto sin construir una cárcel que la reemplace dentro de la Ciudad significa alejar a miles de personas de sus redes de cuidado y dificultar aún más el ejercicio de un derecho tan básico como recibir la visita de quienes las sostienen afuera.
Pero la singularidad de Devoto tampoco termina allí. Hace más de 40 años, la Universidad de Buenos Aires creó allí el primer programa universitario en cárceles de la Argentina. El CUD cuenta tanto con carreras universitarias como con cursos de formación. Allí los estudiantes detenidos encuentran pertenencia en un proyecto transformador y se convierten en referentes que sostienen el espacio. Muchos de ellos se gradúan y ejercen la profesión para la cual se formaron, o emplean los conocimientos adquiridos para crear emprendimientos y cooperativas productivas que les permiten construir proyectos de vida digna.
Aquella experiencia pionera terminó expandiéndose en buena parte del país y hoy involucra a decenas de universidades públicas. No se trata solamente de ofrecer carreras universitarias detrás de los muros. Se trata de reconocer que el acceso a la educación superior constituye una herramienta concreta para ampliar derechos, fortalecer proyectos de vida y disputar el sentido mismo de la cárcel.
“Es un proyecto realmente transformador para la población penal y para la vida de las personas. En el CUD se han generado, por ejemplo, espacios de asesoría jurídica donde estudiantes avanzados o ya recibidos asesoran en las causas a sus compañeros”, señala Parchuc.
La cárcel también fue escenario de otra construcción excepcional: la organización colectiva de las personas privadas de libertad. Allí nacieron un centro de estudiantes, cooperativas de trabajo, una asesoría jurídica gratuita para otros detenidos y hasta un sindicato de trabajadores privados de libertad.
Se consolidaron espacios de diálogo permanentes entre representantes de los pabellones, autoridades penitenciarias, organismos de control y universidades. Desde estos espacios surgieron propuestas que luego se transformaron en políticas públicas y reformas legales, como la ampliación del arresto domiciliario para mujeres embarazadas y madres de niños pequeños o la llamada ley de estímulo educativo.
Sin garantías de continuidad para ese programa, el cierre de Devoto amenaza con interrumpir una experiencia reconocida internacionalmente como modelo de educación en contextos de encierro. Su cierre implica desarmar esa trama de solidaridad y truncar las posibilidades de otros futuros.
Parchuc explica: “Está comprobado que los espacios universitarios en cárceles reducen significativamente la reincidencia y aportan a la construcción de experiencias comunitarias dentro y fuera de la cárcel que realmente mejoran la convivencia y la seguridad. Es un espacio que sería lamentable perder”.
Memoria, verdad y justicia en las cárceles también
Durante la última dictadura cívico-militar, Devoto alojó a centenares de presos y presas políticas. Mientras los centros clandestinos de detención funcionaban en las sombras, la cárcel era exhibida por la dictadura ante organismos internacionales como una supuesta demostración del respeto a los derechos humanos. Por eso, actualmente en Devoto funciona un sitio de la Memoria.
El establecimiento también fue escenario de uno de los episodios más brutales de la historia penitenciaria argentina: la masacre del Pabellón Séptimo, cuando más de 60 personas murieron durante una feroz represión desatada por el Servicio Penitenciario tras una protesta de los detenidos. El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 condenó a Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez a 25 años de prisión por el hecho.
El juicio llegó 47 años después y puso fin a décadas en las que la versión oficial presentó el episodio como el llamado «Motín de los Colchones», responsabilizando a las propias víctimas. La sentencia reconoce que existió una represión ilegal ejercida por funcionarios del Estado y representó un avance fundamental para la Memoria, la Verdad y la Justicia respecto de los crímenes cometidos dentro del sistema penitenciario durante la dictadura.
Esa causa se pudo reabrir, gracias a la iniciativa de organismos de derechos humanos, abogados y las propias víctimas. En el proceso participaron los estudiantes del CUD. Esa memoria tampoco puede demolerse con una topadora.
“Si se llega a demoler, seguramente se estarían perdiendo medidas de prueba que pueden ser motivo de otras causas que todavía están abiertas sobre la última dictadura”, finaliza Juan Pablo Parchuc.
El debate sobre el futuro de Devoto no puede reducirse a una discusión urbanística ni a la valorización de los terrenos que ocupa. Lo que está en juego es el modelo penitenciario que la Argentina pretende construir: uno basado exclusivamente en el castigo, el aislamiento y el negocio inmobiliario, o uno que reconozca que incluso detrás de los muros las personas siguen siendo sujetos de derechos.
Cerrar una cárcel nunca debería ser sinónimo de destruir memoria, desarticular redes comunitarias y alejar a las personas de sus familias. Mucho menos cuando la emergencia penitenciaria continúa vigente y miles de personas sobreviven hacinadas en comisarías. Si el objetivo es transformar el sistema carcelario, la respuesta no puede ser simplemente barrer el problema bajo la alfombra.
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El próximo sábado 4 de julio a las 12 hs, en Desaguadero y Nogoyá, más de 20 organizaciones se convocarán para visibilizar su rechazo al cierre de la Cárcel de Devoto. En ese marco, se realizará un homenaje al Indio Solari con una interpretación colectiva de «Todo preso es político», tanto dentro como fuera de la cárcel.
