Hay algo que caracteriza a nuestra época: nunca fue tan fácil encontrar discursos sobre cómo vivir mejor. Basta con atravesar una crisis afectiva, sufrir un ataque de ansiedad, perder el trabajo o simplemente sentir que algo no anda bien para que las redes sociales comiencen a ofrecernos respuestas.
El algoritmo detecta el interés y, en cuestión de minutos, aparecen decenas de propuestas de acompañamiento personal y desarrollo del bienestar: coaches, mentores, facilitadores emocionales, instructores de mindfulness, consteladores familiares, terapeutas holísticos, especialistas en bienestar, influencers e incluso plataformas de inteligencia artificial que ofrecen distintos tipos de orientación. Muchas de estas prácticas cumplen funciones específicas dentro de sus propios campos. El problema aparece cuando comienzan a presentarse como alternativas terapéuticas para abordar padecimientos en salud mental.
Quien busca ayuda difícilmente encuentra, a primera vista, diferencias claras entre unas y otras. La apariencia es la de un gran mercado de soluciones donde todas las propuestas parecen equivalentes y donde la elección depende, muchas veces, de la simpatía que genere quien habla, de la cantidad de seguidores que acumula o de la eficacia de una campaña publicitaria.
Este escenario plantea una pregunta central: ¿cómo distingue una persona que está sufriendo quién está realmente habilitado para intervenir sobre un padecimiento psíquico? La pregunta no es menor. Quien consulta no suele hacerlo desde la curiosidad intelectual. Consulta porque atraviesa un momento de vulnerabilidad. Deposita en otro una confianza extraordinaria. Y esa confianza constituye, precisamente, el principal insumo de un mercado que crece de manera acelerada y que encontró en el sufrimiento humano uno de sus negocios más rentables.
La discusión, entonces, no gira alrededor de si existen herramientas útiles por fuera de la psicología. Las hay y muchas cumplen funciones valiosas en ámbitos como la educación, las organizaciones, el deporte o el desarrollo de habilidades específicas. El problema comienza cuando cualquier forma de acompañamiento empieza a presentarse como si fuera un tratamiento terapéutico y cuando el sufrimiento psíquico se transforma en un territorio donde intervenir sin formación sanitaria y sin regulación profesional. En ese punto ya no estamos frente a un debate corporativo. Estamos frente a un problema de salud pública.
I. Resoluciones rápidas y éxitos con recetas
Vivimos en una cultura que desconfía profundamente de los procesos largos. La velocidad se convirtió en un valor en sí mismo y esa lógica también colonizó la manera en que imaginamos el sufrimiento. Queremos resolver en semanas aquello que muchas veces necesita tiempo, palabra, elaboración y vínculos. Y el mercado, siempre atento a detectar nuevas oportunidades, aprendió rápidamente a transformar esa expectativa en una oferta inagotable. La promesa aparece bajo múltiples formatos. Hay cursos que aseguran cambiar la vida en pocos encuentros, programas intensivos para desbloquear emociones, mentorías que prometen descubrir el verdadero potencial personal, retiros de fin de semana capaces de producir transformaciones profundas y plataformas digitales que garantizan bienestar mediante algoritmos. La inteligencia artificial también comenzó a ocupar ese lugar, ofreciendo conversaciones aparentemente empáticas que simulan una escucha clínica y prometen acompañamiento emocional las veinticuatro horas del día.
No se trata de fenómenos aislados. Todos forman parte de un mismo clima cultural donde la complejidad del padecimiento humano resulta reemplazada por la lógica de la optimización permanente. Si hay angustia, debe existir una técnica para eliminarla. Si aparece un duelo, habrá un método para atravesarlo más rápido. Si una relación termina, alguien ofrecerá una estrategia para recuperarse sin dolor. El malestar deja de ser una experiencia que necesita ser comprendida para convertirse en un obstáculo que debe ser removido con eficiencia.
Ese cambio explica por qué proliferan figuras que hablan con enorme seguridad sobre depresión, ansiedad, trauma, vínculos o suicidio sin haber transitado una formación específica en salud mental. Paradójicamente, cuanto más compleja se vuelve la vida contemporánea, más exitosas resultan las respuestas que prometen simplificarla.
II. La industria de la confianza
Existe una diferencia importante entre vender un producto y vender confianza. Un producto puede evaluarse, compararse, devolverse si no funciona. La confianza, en cambio, implica una entrega mucho más profunda. Supone aceptar que otro posee un saber capaz de orientarnos en un momento de incertidumbre. Por eso constituye uno de los bienes más valiosos cuando alguien atraviesa una situación de sufrimiento.
La expansión de la llamada industria del bienestar puede comprenderse precisamente desde esa perspectiva. Allí reside buena parte de su potencia, pero también de su riesgo.
En los últimos años comenzaron a multiplicarse situaciones que muestran hasta qué punto esa confianza puede ser capturada por el mercado. Plataformas que ofrecen acompañamiento emocional mediante inteligencia artificial; aplicaciones que anuncian procesos terapéuticos sin participación de profesionales habilitados; personas que, desde distintas formaciones, utilizan términos propios de la psicología clínica para ofrecer tratamientos que exceden claramente las incumbencias de su formación; organizaciones que presentan intervenciones sobre el sufrimiento psíquico como si se tratara de servicios equivalentes a la atención en salud mental.
Nunca hubo tanta oferta de ayuda y, sin embargo, nunca resultó tan difícil distinguir quién está realmente habilitado para intervenir sobre un padecimiento psíquico.
Esa confusión beneficia al mercado porque instala la idea de que todas las propuestas son intercambiables y que la diferencia entre un terapeuta o un facilitador emocional depende únicamente de las preferencias del consumidor. Pero el sufrimiento no funciona como cualquier otro mercado. Cuando una persona consulta porque no puede sostener su vida cotidiana, porque padece violencia, porque atraviesa una depresión o porque piensa en quitarse la vida, no está eligiendo entre marcas. Está buscando cuidado. Y el cuidado exige responsabilidades que no pueden quedar libradas exclusivamente a la lógica de la oferta y la demanda.
III. ¿Qué hace a un terapeuta?
En medio de este escenario aparece una pregunta que, paradójicamente, parece haberse vuelto incómoda: ¿qué distingue a un terapeuta de cualquier otra persona que ofrece ayuda?
Un terapeuta no se define solamente por un título universitario. Se define por un recorrido formativo prolongado, por una práctica supervisada, por la pertenencia a un campo disciplinar que produce conocimiento de manera sistemática, por una matrícula que habilita el ejercicio profesional y por un conjunto de obligaciones éticas y legales que regulan su trabajo. Detrás de cada consulta existe una responsabilidad profesional que excede ampliamente la buena voluntad o la experiencia personal.
En Argentina, la psicología constituye una profesión sanitaria regulada por leyes nacionales y provinciales que establecen quiénes pueden ejercerla, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades. Esa regulación no responde a un privilegio otorgado a un colectivo profesional. Responde a un principio mucho más elemental: proteger a quienes consultan.
La matrícula profesional no es un trámite burocrático, constituye una garantía para la ciudadanía. Significa que existe un organismo capaz de controlar el ejercicio profesional, recibir denuncias, sancionar conductas antiéticas y exigir actualización permanente. Significa que quien interviene sobre un padecimiento responde institucionalmente por las consecuencias de sus actos. Algo similar ocurre con el secreto profesional. No se trata solamente de una obligación de confidencialidad. Es una condición que hace posible la existencia misma del vínculo terapéutico.
También la formación merece una reflexión. La clínica no consiste únicamente en escuchar. Un terapeuta debe poder evaluar riesgos, reconocer síntomas, diferenciar cuadros clínicos, advertir indicadores de violencia, abuso o suicidio, comprender cuándo una situación requiere derivación interdisciplinaria, conocer los alcances y límites de su intervención y sostener decisiones clínicas que tienen consecuencias relevantes para la vida de las personas. Todo ello requiere formación, supervisión y práctica.
En los últimos años comenzó a instalarse una idea tan seductora como peligrosa: si alguien logra ayudar a otras personas, entonces estaría habilitado para ejercer una práctica terapéutica. El razonamiento parece razonable hasta que se lo traslada a cualquier otra profesión sanitaria. Nadie aceptaría que una persona sin formación médica realizara diagnósticos clínicos sólo porque «ha leído mucho» o porque «ayudó a muchos pacientes». Sin embargo, cuando se trata de salud mental, esa exigencia parece diluirse con demasiada facilidad. Pero intervenir sobre la subjetividad implica intervenir sobre la salud.
IV. Cuidar la salud mental
Existen herramientas valiosas desarrolladas en ámbitos como la educación, el deporte, el liderazgo organizacional o la comunicación. El coaching, por ejemplo, puede resultar útil para el trabajo con equipos, el desarrollo de habilidades específicas o la planificación de objetivos laborales. Las prácticas contemplativas, la meditación o el mindfulness también cuentan con aplicaciones específicas que han sido estudiadas en diversos contextos cuando forman parte de intervenciones adecuadamente delimitadas.
El problema aparece cuando esas herramientas abandonan el campo para el cual fueron concebidas y comienzan a ocupar el lugar de la psicoterapia. Cuando un dispositivo originalmente orientado al desarrollo personal, al liderazgo o al cumplimiento de objetivos comienza a ofrecer respuestas frente a cuadros clínicos como una depresión, un trastorno de ansiedad o una situación de riesgo. O cuando un facilitador ofrece tratamientos para el trauma, una plataforma promete reemplazar la escucha clínica mediante inteligencia artificial o cualquier persona comienza a presentarse públicamente como terapeuta sin reunir las condiciones necesarias para ejercer esa función.
No se trata de negar la utilidad de otras prácticas. Se trata de reconocer que no todas responden a los mismos objetivos ni implican las mismas responsabilidades.
Una crisis suicida no constituye un desafío de liderazgo. Un trastorno por consumo no representa un problema de productividad. Un duelo traumático no puede reducirse a una dificultad para gestionar emociones. La violencia de género, los abusos, las psicosis, los trastornos de ansiedad severos o las depresiones requieren dispositivos clínicos preparados para intervenir en escenarios de enorme complejidad.
La Ley Nacional de Salud Mental constituye, en este sentido, un punto de referencia ineludible. Su perspectiva reconoce que el padecimiento psíquico no puede comprenderse separado de las condiciones sociales, culturales y vinculares en las que transcurre la vida de las personas. También afirma que toda intervención debe respetar los derechos humanos, la dignidad y la singularidad de quienes consultan.
Ese paradigma del cuidado resulta incompatible con una lógica puramente comercial del bienestar. Allí donde el mercado necesita clientes, la salud mental necesita sujetos de derecho. Allí donde la publicidad promete resultados garantizados, la clínica reconoce la incertidumbre, los tiempos singulares y la complejidad de cada historia. Allí donde el algoritmo busca retener usuarios, el trabajo terapéutico procura producir autonomía.
Quizás por eso la pregunta central no sea quién tiene derecho a ofrecer servicios, sino quién asume la responsabilidad cuando esos servicios fracasan. ¿Quién responde si una persona con riesgo suicida recibe consejos inadecuados? ¿Quién interviene cuando un cuadro psicopatológico grave es confundido con un problema de actitud? ¿Quién protege a quien consulta cuando el vínculo se establece fuera de todo marco ético e institucional?
La regulación de las profesiones sanitarias nació precisamente para responder esas preguntas. No para limitar la libertad de trabajar ni para impedir la existencia de otras formas de acompañamiento, sino para garantizar que, cuando el sufrimiento psíquico requiere atención clínica, las personas encuentren profesionales formados y sometidos a controles públicos. Defender esa diferencia no significa proteger una corporación. Significa proteger un derecho.
Porque un coach puede ayudar a organizar objetivos, mejorar la comunicación o desarrollar competencias específicas. Un terapeuta, en cambio, interviene allí donde una persona deposita lo más frágil de su existencia: su sufrimiento. Implica intervenir en el marco de una profesión sanitaria regulada. Y cuando lo que está en juego es la salud mental, el derecho a recibir atención por profesionales habilitados deja de ser una discusión para convertirse en una garantía de salud pública.
