Las cifras oficiales dicen una cosa, la realidad del barrio otra. El INDEC mide el acceso al agua potable únicamente por la conexión a la red, pero la ONU también considera la continuidad y la calidad del servicio. Bajo esos criterios, un relevamiento de la Fundación Temas en la Villa 21-24 y Zavaleta junto a ACIJ y La Poderosa muestra una brecha contundente: aunque el 99% de los hogares está conectado a la red, apenas el 11,5% tiene acceso efectivo al agua potable. El Grito del Sur recorrió el barrio y conversó con quienes viven, día tras día, detrás de esos números.
Son las 2 de la tarde y el colectivo de la línea 70 nos deja en la calle Osvaldo Cruz, en el barrio de Barracas. A pesar del frío duro que jode desde hace unos días, el sol decidió aparecer sin resistencias de nubes y reconfortar a todos los que por allí caminan. En los primeros metros, las torres del Barrio Espora también parecen aprovechar los rayos de sol que a esa hora parecen eternos e indiscutidos. Al cruzar Iguazú nos adentramos en el Barrio 21-24, el más extenso y poblado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A partir de ese momento, el paisaje se convierte radicalmente: afloran los colores que los comercios ofrecen, verdulerías, almacenes, vendedores ambulantes que aprovechan el Mundial para vender camisetas de futbol, principalmente de Argentina y de Paraguay, y un sinfin de personas que pueblan las veredas. La tradicional geografía de cuadras de 100 metros es reemplazada por los pasajes, transformando el mapa en un centenar de ríos urbanos que confluyen en un mismo barrio.
A pocas cuadras se encuentra la Fundación Temas. Allí nos esperan Paz Ochoteco y Liliana Cubilla, trabajadoras y militantes de la Mesa Técnica. La componen otrxs compañerxs, principalmente mujeres, que bajo diferentes perspectivas, disciplinas y organizaciones atienden un dramático e histórico problema que afecta las condiciones de vida del barrio: el acceso al agua y saneamiento. Mientras nos acercamos al encuentro con ellas, el olor de cloaca anticipa lo que será parte del contenido de la nota.
La Fundación está en Calle de la Vía, en manzana. Interrumpimos el comienzo de una clase de apoyo —mucho más que una clase de apoyo, dicen—, donde dos mesas grandes reciben a algunos chicos. Alrededor, varios muebles ofrecen libros escolares, cuentos, cuadernos y útiles. Al fondo está Paz Ochoteco que calienta agua para el mate, mientras se queja del frío y dice estar más lindo afuera, bajo el sol. Subimos por una angosta escalera que dirige a un entrepiso, donde Liliana «Lily» Cubilla también espera en la mesa. Nos acompañan también algunos bombos y redoblantes colgados de una pared que, según explican, eran de un proyecto musical que la fundación tuvo hace un tiempo.
La conversación arranca rápidamente y desde el primer segundo no paran de transmitir información exacta, muestra de un conocimiento profundo del territorio y de su mayor crisis: “el problema del agua”. O los problemas. Son incontables, apilados uno sobre otro, sobre una estructural desidia estatal de la que el gobierno porteño parece hacer gala al ignorar a las villas, a sus vecinos, tan vecinos como cualquier persona que habite este suelo.
Lily vive en el barrio y la falta de agua no es solo una incomodidad cotidiana: es una amenaza directa a su salud. Padece una enfermedad renal crónica y depende del acceso al agua para su higiene y sus cuidados diarios. «Para mí el agua es determinante. Dependo muchísimo», dice. Cualquier interrupción del servicio la expone a riesgos mayores. El año pasado, además, se quedó sin la medicación que le permitía mantener la función mínima de sus riñones y el médico le propuso comenzar el proceso de pre trasplante. «¿Cómo vas a ser trasplantada en una casa que recibe agua en camión y en estas condiciones?», pregunta Paz.
Pero ahí están, al pie del cañón, explicando con lujo de detalles un reclamo histórico, en un barrio que creció aproximadamente 500% en los últimos 50 años, mientras que la Ciudad de Buenos Aires un 5%. “Cuando fue la pandemia, se organizó lo que llamamos Comité de Crisis en el que nos dividimos las tareas de cuidar a los viejos, de repartir todas las tareas que tuvieran que ver con la higiene, alimentos, también armar las campañas de vacunación. Todo eso fue garantizado y organizado en el territorio por las organizaciones”.
Hacen memoria y retroceden cinco años para encontrar el origen de la Mesa Técnica: un grupo de trabajo colaborativo, conformado por representantes del barrio, asesoras técnicas y el Ministerio Público de la Defensa, que -desde distintas perspectivas, experiencias y organizaciones- nació con el objetivo de exigir al Estado la ejecución inmediata de obras de infraestructura que garanticen un derecho humano básico como el acceso al agua segura.
“En la pandemia la indicación era lavarse las manos, pero acá no teníamos agua, en decenas de manzanas no tenían agua, y actualmente reciben agua en camiones”. En este duro contexto surgió la Mesa Técnica, que sostuvo el reclamo y a fines de diciembre de 2020 logró consensuar con el GCBA y AySa un proyecto de obra para resolver definitivamente la crisis hídrica del barrio. Estaba previsto que finalizara a mediados del año 2025 y consistía en el tendido de redes principales alrededor del barrio, a cargo de AySA, y de redes secundarias en las calles y pasillos internos, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
La obra estaba dividida en tres etapas e iba a permitir dar agua, cloaca y pluviales a un barrio que hoy tiene ni más ni menos que 80.000 habitantes. Sin embargo, mientras Aysa hizo su parte, el IVC ejecutó solo el 39%: a mediados de 2024 la empresa contratista a cargo, Automat Argentina S.A., rescindió su contrato y abandonó la obra. “Estamos llenos de agua alrededor hoy, pero hasta que el IVC no haga la obra interna, que depende de ellos, no va a llegar a las familias”, señalan las entrevistadas.
Mientras tanto, la Ciudad provee agua de manera limitada a través de camiones. Es la respuesta hídrica, paliativa e insuficiente, que tiene el Ejecutivo porteño para el barrio: un parche que pretende remendar una problemática estructural que pide a gritos una solución definitiva. De lunes a sábado pasan por las decenas de manzanas afectadas, donde largas mangueras ingresan por los pasillos para conectarlas a los tanques de las casas. “Un camioncito con una cisterna chiquita, de 5.000, 7.000 litros. 5.000 te da para 10 tanques y te estoy diciendo que en ese sector que vimos recién (unas pocas manzanas), hay 70 viviendas para cargar”, cuenta Liliana.
Por si no fuera poco, el esquema de prioridades premia hace años a la empresa privada que lleva a cabo el servicio: desde la Mesa Técnica calcularon que con unos pocos meses de contrato se podría pagar una obra de infraestructura definitiva. “¿Sabés cuánto tiene UGis de presupuesto? 8 mil millones de pesos. Tiene mucha plata. Se la da toda a los camiones”, denuncia Paz.
Hay un detalle que la política remendada de la Ciudad no tiene en cuenta y es el costo del tanque que los vecinos deben afrontar. Quienes no pueden hacerlo, se tienen que arreglar con baldes que llenan y llevan a sus casas. En algunos casos, los vecinos se organizan y comparten sus tanques que nunca son llenados en su totalidad porque el agua de los camiones no alcanza. En el peor de los casos, están obligados a comprar agua en bidones. La ecuación es perversa: si sos pobre, el costo de vida es mayor.
“Esta política es histórica y forma parte de las acciones de la UGis, que depende del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Es parte de asistir la emergencia o gestionar la precariedad, como decimos nosotras. Abastecer a una población de esta manera es casi una actividad de campaña, es casi una actividad de ayuda humanitaria. Lo hacés en situación de catástrofe, no puede ser una política establecida por décadas”, lamenta Paz, mientras caminamos por los pasillos de la Manzana 21, una de las más afectadas.
Benicia vive en la zona que llaman “Pavimento Alegre” y es una de las tantas personas que acceden al agua a través de camiones. Muestra la manguera de su casa y cuenta el truco que pensó para no desperdiciar agua. “Yo sé que cuando cargan agua, en mi manguera queda algo, como para llenar dos baldes. Entonces, ni bien desconectan, doblo la punta, así no desperdicio agua”. También sabe que el camión del día siguiente llega justo cuando se termina su agua, “con el último lavado de ropa”. Tiene todo cronometrado y calculado, infelizmente aprendió a gestionar el abandono.
También cuenta que compra seis bidones de agua por mes y el valor de cada uno es de $8.000, es decir $48.000 por mes. El escenario es inmoral: miles de personas tratando de acceder a un derecho humano básico, buscando reparar algo que el Estado rompió y no arregla. “Desde hace años que no le lleno la pileta a mi hijo, decidí no hacerlo por la falta de agua y lo difícil de conseguirla”.
Se necesitaron pocos minutos para comprobar que el problema del agua es multidimensional porque caminar por el barrio es un cachetazo que enseña. En cada rincón, hay una muestra de que es mucho más que tomar un vaso. Al barrio no entra el agua, pero tampoco hay forma de sacarla. Normalmente, los hogares están conectados a sistemas pluviales y cloacales, redes de tuberías independientes que se encargan de evacuar el agua de lluvias y los desechos, respectivamente. Pero este barrio es la excepción a la regla, no por deseo de los vecinos, sino por estricta voluntad del GCBA.
«Las cloacas en muchos sectores del barrio son cañerías que el gobierno llama “pluviocloacal”, algo que normativamente no debería existir, que es que la cloaca y el agua de lluvia vayan por el mismo caño. Hay una ecuación hídrica muy básica, que si vos traés más agua tenés que pensar cómo sacarla”, agrega Paz. La cuenta es sencilla: en cada lluvia, el barrio desborda de “agua y mierda».
Como si el barrio hablara, en cada paso que damos, nos acompaña desde el cordón de la calle un río de agua. Nos señalan un tapa de donde proviene y advierten: “Todo esto es cloaca. Esto quiere decir, vos pisas y te lo llevás a tu casa, lleno de Escherichia coli, lleno de salmonella, lleno de todas. Eso es todo desborde cloacal. Y con el agravante de que llegás a tu casa y no tenés agua para limpiar el piso, ni para lavar tus zapatillas. Es como un círculo viciado de la insalubridad”, define Paz con precisión filosa.
La caminata sigue y las historias de vecinos no terminan: una tras otra conforman el elenco de una película de terror. Por ejemplo, Luis vive en la Manzana 21 y no está conectado a la red; de hecho, hasta hace poco no tenía tanque para poder recibir agua de los camiones. Tiene una nena de 5 años y usaba botellas de agua para higienizarla. Pero su caso es uno más de una infinidad difícil de creer en una gestión cuyo presupuesto per cápita en dólares es mayor que el de Madrid o Barcelona. “Acá los chicos cursan cinco parasitosis en simultáneo. Cuando empecé a laburar en el barrio, vi chicos expulsando gusanos de 20 centímetros por la boca”, plantea.
Paz y Lily muchas veces se ríen porque no entienden cómo el Estado puede ignorar algo tan evidente. “Por ejemplo, acá queda una canilla comunitaria, en Santo Domingo y Luna, y hay una señora de 78 años que todos los días con un balde hace 200 metros hasta la canilla comunitaria, llena el balde y vuelve a su casa. Yo creo que piensan que no es verdad que en el barrio abrís la canilla y no sale agua, que la gente sobrevive, que está pidiendo agua a la vecina, levantándose a las tres de la madrugada para llenar un tanque porque hay poco más de presión. Hay momentos en los que estoy convencida que no lo entienden porque si lo entendés, no puede ser que sean tan poco empáticos con que la gente no tenga agua en el 2026”.
El recorrido termina y la conversación continúa unos minutos más, donde las calles Osvaldo Cruz y Calle de La Vía se encuentran en un punto neurálgico del barrio. Ya son las 5 de la tarde y el sol, hace poco indiscutido, comienza a esconderse en los edificios. En el poco tiempo parados allí, vemos cientas de personas que regresan de trabajar. “Esta es una comunidad muy potente. Es el mejor barrio del mundo, si andás mal te venís para acá. Pero traete una botellita de agua, no vengas con sed”, bromea Paz, mientras el río de gente no se detiene.
“Estas personas que vuelven, mal que le pese al gobierno porteño, son la fuerza de la Ciudad, vuelven de cuidar a los hijos de los empresarios, los arquitectos. Vuelven de laburar en la construcción. La Ciudad no se sostiene sin la fuerza de los barrios populares”, concluye.
