Frente al móvil de Crónica TV, Natalia, de Aristóbulo del Valle (provincia de Misiones) relata lo sucedido: agobiada por las deudas, planeaba arrojarse desde el puente de Cuñapirú. Si bien familiares y vecinos lograron salvarla, ante las cámaras de televisión ella delineó el camino que la llevó hasta ahí: todo comenzó con una deuda por un préstamo de 300.000 pesos para pagar boletas de luz y agua. Ahora debe 5 millones y el interés sube cada mes. “Ya no puedo pagar la luz ni el agua. Pensé en quitarme la vida, pero mis hijos me necesitan”, confiesa.
La escena no es aislada: alguien endeudado, alguien deprimido, alguien a quien no le alcanza para la medicación psiquiátrica. El tema está rondando en nuestras cabezas, en los medios de comunicación, en el discurso público. Para algunos, como Natalia, incluso como una posibilidad. El suicidio dejó de aparecer como una tragedia lejana y empezó a formar parte de las conversaciones cotidianas.
“Siempre hay que tener en cuenta que un suicidio es multicausal. No podríamos explicarlo únicamente con una crisis económica, pero lo cierto es que en nuestro país hay varias cuestiones que se están superponiendo y que la crisis está acelerando”, declaró a El Grito del Sur Marcy Ojea, periodista especializada en suicidio y coautora de la investigación periodística «Hablemos del suicidio», junto a Fernando Tocho.
Si bien los entrevistados de esta nota coinciden en que no puede pensarse de manera lineal la crisis económica y el aumento de los suicidios, también consideran que hay un entramado social que expulsa a parte de la población y la arrincona contra el sufrimiento y el dolor.
Lo que ocurrió con Natalia parece formar parte de una fotografía mucho más grande. En 2025, 5209 personas murieron por suicidio, según el Observatorio de Política Criminal, lo que representa una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes. Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta en Argentina; en 2025 casi triplicó a los homicidios dolosos.
El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con algunos de los momentos más críticos de la historia reciente. En 2001, el año de la crisis económica, social y política que terminó con la renuncia de un presidente, la tasa había sido de 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes. Hoy es un 40 por ciento más alta.
“Hay mucha gente que no está pudiendo costear el acompañamiento psicológico o las obras sociales porque tienen que dar prioridad a otras cuestiones”, explica la periodista. “Los sectores bajos saben cómo rebuscarse, pero una persona de clase media trabajadora no está acostumbrada a lidiar con determinadas carencias”.
Leonardo Fernández Camacho comparte el diagnóstico. Es abogado, trabajador social y secretario general de ATE del Hospital Laura Bonaparte, uno de los establecimientos nacionales con mayor prestigio en lo que refiere a salud mental y consumos problemáticos. En octubre de 2024, el gobierno de Javier Milei intentó cerrarlo. Aunque no lo logró, comenzó una muerte por goteo de la institución. Según Camacho, recortaron más del 50% de los profesionales en tres años y el presupuesto se redujo 44% entre diciembre de 2023 y lo asignado para el año 2026, mermando la capacidad operativa del hospital.
“Nosotros vemos un deterioro absoluto de las personas cuando llegan al hospital. En las guardias y en las primeras consultas, están destruidos”, enfatiza. “Se les cayó todo, se les rompieron las redes tanto familiares como laborales y comunitarias”. Camacho asegura que muchos de quienes llegan a las guardias son personas de clase media y “vienen al hospital público en situaciones muy graves”.
No es casual que un relevamiento de la Facultad de Psicología de la UBA haya mostrado que el 55,9% de las personas que atravesaban una crisis personal la vinculara con problemas económicos y que la Dirección Nacional de Salud Mental en Argentina haya registrado que el 40% de las llamadas a líneas de emergencia en 2025 estuvieron relacionadas con problemas financieros y deudas impagables.
“En estos últimos años se modificó mucho el perfil del paciente”, describe Leonardo y resume el panorama con la frase “está todo roto”. El delegado asegura que el Bonaparte está “haciendo agua” a partir de los recortes presupuestarios, los despidos, las renuncias y las jubilaciones que no son reemplazadas. “Perdimos cerca del 60% de los psiquiatras. En consultorios externos no hay reemplazos, lo que significa que cerca de 180 pacientes se quedan sin tratamiento. Se tienen que buscar otro lado y no hay otro lado. No existe”, sentencia.
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Pero la crisis no sólo aparece en quienes llegan a los hospitales públicos. También atraviesa instituciones fuertemente marcadas por la masculinidad, como las fuerzas de seguridad.
“Se incrementaron los suicidios de las fuerzas en 2025, hubo un 30% más que en 2024. Pero les cuento algo: se incrementaron los suicidios en el país y las fuerzas federales no escapan a esa realidad”, dijo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en una entrevista en Radio Mitre.
Como publicó Sebastián Furlong en este mismo medio, según el informe sobre Uso de la Fuerza (2020-2023), realizado por ACVI y EN FOCO, entre 2020 y 2023 hubo 86 muertes de integrantes de fuerzas de seguridad vinculadas al uso del arma reglamentaria. De ellas, 57 fueron suicidios: más del 66%.
En sus declaraciones, Monteoliva vinculó los suicidios con problemas de salud mental, deudas y salarios bajos. Pero hay otra dimensión que también atraviesa a las fuerzas de seguridad y que la ministra no llegó -o no quiso llegar- a exponer: los mandatos de masculinidad asociados a la autoridad, la autosuficiencia, el uso de la fuerza y el acceso a armas.
En ese sentido, hay una marca de género imposible de ignorar: el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) informó que el 78,6% de las víctimas de suicidios en 2025 fueron varones, con una concentración especialmente fuerte en quienes tienen entre 18 y 34 años.
Parte de la literatura sobre masculinidades apunta a un problema específico: la dificultad para reconocer el sufrimiento y pedir ayuda. Las fuerzas de seguridad condensan algunos de esos mandatos: autoridad, autosuficiencia, fuerza, control emocional y, además, acceso cotidiano a armas. Pero, para los especialistas, ese modelo de masculinidad puede dificultar que los varones reconozcan el sufrimiento y acudan a un tratamiento de salud mental.
“Los mandatos de restricción emocional y de autosuficiencia tienen un correlato concreto en la forma en la que los varones se relacionan –o no– con el sistema de salud. Desde la infancia se les enseña que pedir ayuda, expresar miedo o tristeza y reconocer limitaciones son signos de debilidad y feminización”, explican Luciano Fabbri, Nicolás Pontaquarto y Ariel Sánchez en el artículo “El derrumbe”.
“El mandato social hace que los hombres estén formateados para no hablar”, subraya Ojea, quien enfatiza que los varones son mucho más reacios a comenzar un tratamiento psicológico o psiquiátrico. “Si bien son las mujeres quienes tienen más intentos de suicidio, utilizan métodos menos letales que los hombres, quienes llegan a quitarse la vida con mayor frecuencia”.
Como explican Fabbri, Pontaquarto y Sánchez, a esto hay que sumarle un sesgo institucional: los equipos de salud suelen reconocer la depresión a partir de manifestaciones tradicionalmente más visibles y asociadas a lo femenino, como la tristeza, el llanto o la expresión explícita de desesperanza. Sin embargo, muchos varones tramitan y exteriorizan el malestar de otras formas, como la irritabilidad, el aislamiento, los consumos problemáticos, las conductas de riesgo o las somatizaciones. Cuando estas señales no son identificadas como posibles expresiones de sufrimiento psíquico —y, en particular, como indicadores de riesgo suicida—, se reduce la posibilidad de detectar el problema a tiempo y ofrecer una intervención temprana.
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Falta de trabajo, dificultades económicas, despidos, ausencia de proyectos y la dificultad de los adultos para acompañar los procesos de los jóvenes que no ven salidas, son algunas de las razones que Graciela Margules -psicóloga e integrante de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires- enumera cuando se le consulta por el aumento de los suicidios.
Sin embargo, asegura, sería un error poner el foco en lo individual y privado, cuando el crecimiento estadístico se da en un contexto de quita de derechos que va afectando día a día, gota a gota, la salud mental de los jóvenes.
Según el Observatorio de Política Criminal, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito, que durante años ocuparon ese lugar.
Si el suicidio no tiene una sola causa, tampoco puede prevenirse desde un único lugar. En ese sentido, Margules nombra la Ley Nacional de Salud Mental, que establece un abordaje interdisciplinario y reconoce la salud mental como un derecho. Ésta exige evaluar cada situación de manera interdisciplinaria y contempla la internación involuntaria únicamente ante un «riesgo cierto e inminente» para la vida o integridad de la persona o de terceros.
“Tenemos una Ley Nacional de Salud Mental que sostiene la salud mental como derecho humano y ha sido muy boicoteada por los gobiernos neoliberales a través de un discurso que tiene mucho que ver con lo económico, con lo mercantilista, con el consumo de medicación y una mirada exclusivamente médica”, asegura Graciela. Mientras esto sucede, insiste, muchos profesionales de la salud buscan salidas: debaten, reflexionan y generan tejidos humanos que construyan redes.
“El futuro son estos niños y adolescentes que están viviendo una violencia simbólica que los atraviesa en profundidad. No podemos cerrar los ojos, no solamente los psicólogos, sino todos aquellos que trabajamos en pos de la salud mental”.
¿Qué hay detrás de los números de suicidios? Subjetividades. Una familia rota, una clase media en declive, un mandato de resistencia al dolor, una tristeza inabarcable, pibes y pibas solitarios e incomprendidos, miles de cuentas por pagar.
“Yo lo único que pido es trabajo para mi familia. Un día hay, al otro llueve, y semanas enteras no se consigue nada”, expresa Natalia detrás del característico micrófono rojo. Para ella, como para muchos, la vida pende de un hilo.
- Si vos o alguien que conocés atraviesa una crisis emocional o necesita ayuda, puede comunicarse con la línea de prevención del suicidio a los siguientes números: 135 (CABA Y GBA), (011)5275-1135 o 0800-345-1435 (desde todo el país).
