Para millones de familias argentinas, sostener un techo bajo el cual vivir se convirtió en un factor central de asfixia financiera y vulnerabilidad social. El entrecruzamiento entre el aumento de los valores de los alquileres, la desregulación del mercado tras la derogación de la Ley N° 27.551 y la erosión constante del poder adquisitivo derivó en un fenómeno alarmante: el endeudamiento sistemático para pagar el alquiler.
El último informe trimestral de Inquilinos Agrupados revela que el 72,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas. La jerarquización del gasto ubica a la vivienda en el primer escalón de las prioridades, pero a costa de una fragilidad extrema: la mitad de quienes contraen deudas lo hace para comprar alimentos (55,3%), mientras que cerca del 40% lo hace directamente para no caer en la mora del pago mensual del alquiler.
A la par, de acuerdo con el relevamiento nacional realizado por la Fundación Tejido Urbano, seis de cada diez inquilinos en la Argentina (el 57,6%) deben recurrir al endeudamiento con entidades financieras o al auxilio familiar para afrontar el costo de la vivienda. En el Gran Buenos Aires, esa cifra escala al 63,2%. Según explica Matías Araujo, investigador de la entidad, el alquiler llega a representar entre el 52% y el 63% del ingreso total para el 41% de las personas registradas en los deciles más bajos de ingresos.
Para la comida y otros gastos, se suele apelar a la tarjeta de crédito. Para el alquiler, abundan los préstamos de familiares, amigos y conocidos. Pero se suma un fenómeno creciente: Mercado Pago y tasas que superan el interés que cualquier usurero de barrio podría cobrar. La billetera virtual más grande de Argentina presenta tasas de Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de hasta 1.375,94% en sus préstamos.
La extracción de renta
La profundización de las crisis en las finanzas domésticas es consecuencia del modelo de ajuste y desregulación aplicado por el gobierno de Javier Milei. Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, analiza la dinámica que ahoga a los trabajadores: “El alquiler desregulado significa precios totalmente desbocados, que no acompañan en lo más mínimo los ingresos del inquilino. En el caso de los que alquilamos en departamentos, pagamos absolutamente todas las expensas. Al desprenderse los rentistas de la obligación de pagar algo de las expensas, hay mucho menos control de los administradores porque ya no es un problema general de los propietarios, sino de los inquilinos, que cargamos con todos los gastos de los edificios”.
Además, en los últimos años se han sumado cuantiosas cargas a la hora de ingresar a un inmueble. La irrupción de las aseguradoras como requisito obligatorio para poder cerrar un contrato abona un nuevo negocio para financieras y bancos que ofrecen un seguro de caución. Así, el inquilino debe hacerse cargo de un costo que protege al propietario. Muñoz apunta que este “combo de gastos, sumado a las comisiones de intermediarios parasitarios, el sellado de contratos e impuestos provinciales, ha generado que el 73% de los inquilinos tenga deudas activas” desde antes de firmar el contrato.
Esta dinámica desemboca, según Muñoz, en una espiral que transfigura la naturaleza del alquiler: “Es una especie de sinfin que ya no tiene que ver con el acceso a la vivienda, sino con la financiarización del sistema. Un sistema que te empuja a la pobreza a través de un descontrol absoluto sobre la renta, que te extrae todos los ingresos y que, junto con el aumento desmesurado de los servicios públicos, te empuja a endeudarte. La política llega al final, cuando ya tenemos el agua hasta la frente, a discutir sobre los endeudados y no sobre la regulación o ponerle un límite a la renta”.
Desalojo económico
El deterioro del poder adquisitivo ha forzado transformaciones estructurales en la vida cotidiana de las familias inquilinas. Ante la imposibilidad de cubrir los aumentos trimestrales —que alcanzaron una mediana de $656.500 en las mediciones recientes de Inquilinos Agrupados —, el recurso al pluriempleo se volvió una constante: el 47,4% de los hogares encuestados declara contar con dos o más trabajos para sostener el contrato.
Sin embargo, cuando la suma de empleos y el crédito privado resultan insuficientes, la consecuencia directa es el desalojo económico. Las mudanzas forzosas han escalado progresivamente hasta alcanzar al 20% de las familias inquilinas, reflejando que 1 de cada 5 hogares debe abandonar su vivienda por la incapacidad de hacer frente a los ajustes económicos o a las exigencias contractuales.
A la presión que ejerce el endeudamiento privado sobre los ingresos familiares, se le suma la tensión en el espacio urbano. Mientras las familias recurren a créditos formales e informales para no ser desalojadas, la disponibilidad de inmuebles y tierras públicas en las grandes urbes se encuentra bajo la mira de los negocios inmobiliarios y la especulación.
La disputa por los inmuebles en CABA
Gigi Krein es referenta e integrante activa de las Consejerías de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Para ella no hay dudas de quiénes son los perdedores y ganadores del modelo de exclusión: «Los perdedores somos el pueblo, porque hay cada vez más emergencia habitacional y espacios que deberían estar destinados para cumplir una función social. Los ganadores de este modelo son las desarrolladoras, que consiguen terrenos e inmuebles muy baratos». “Sabemos que muchos de estos inmuebles son adquiridos efectivamente por holdings y por empresas inmobiliarias”, señala Krein.
El entramado de datos y testimonios refleja que el acceso a la vivienda en Argentina ha dejado de operar bajo lógicas de previsibilidad social o económica. La combinación entre un mercado locativo desregulado, el crecimiento acelerado de créditos formales e informales para cubrir gastos básicos y la falta de políticas de retención o utilidad pública del suelo genera una pinza peligrosa: por un lado, la transferencia compulsiva de ingresos del trabajo hacia el sector rentista; por el otro, la amenaza inminente de la exclusión habitacional y la calle para cientos de miles de personas en todo el país.
