El 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por suerte, por necesidad o porque el tema ya no puede seguir escondiéndose debajo de la alfombra, durante esa jornada distintos medios de comunicación decidieron hablar de salud mental, suicidio y tratamientos.
Entre ellos estuvo OLGA, el canal de streaming dirigido por Migue Granados. Allí, Martina Benza puso sobre la mesa una pregunta que suele quedar fuera de las conversaciones sobre salud mental: el precio de la medicación. “Gasté $300.000 en medicamentos con el descuento de la obra social y yo tengo el privilegio de poder pagarlos”, contó la conductora.
La frase puede leerse como una reflexión con conciencia de clase o como el puntapié para una pregunta poco charlada en la sociedad. ¿Cómo se sostiene un tratamiento psiquiátrico en un momento de crisis? ¿Cuánto cuesta tomar psicofármacos en Argentina?
Pastillitas de colores
Los tratamientos psiquiátricos, a diferencia de otros gastos, no suelen ser una compra excepcional sino una rutina que se repite mes a mes. Lejos de la fantasía del presidente Javier Milei, que supone que los argentinos se endeudaron para comprar un televisor por el Mundial, la medicación psiquiátrica es de suma importancia para quienes conviven con un padecimiento de salud mental y parece haberse convertido en una causa de morosidad.
Al 9 de septiembre de 2026, una caja de sertralina de 50 mg podía encontrarse a valores de entre aproximadamente $30.700 y $39.300, dependiendo de la marca. En el caso de la lamotrigina de 50 mg, las 30 unidades pueden llegar hasta alrededor de los $60.000 según la marca. Entre algunas de las presentaciones disponibles de sertralina, existe una diferencia de más de $8.500 por caja. Si bien el precio de lista no necesariamente es el precio que termina pagando una persona con obra social o cobertura estatal, los valores reflejan que existe una fuerte diferencia entre laboratorios.
Santiago Levin, médico psiquiatra, psicoanalista y presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), entiende que hay psicofármacos más accesibles y otros muy caros. Sin embargo, como las prepagas y obras sociales cubren cada vez menos y la retirada estatal va en aumento, una franja importante de la población solo puede acceder a éstos pagando su precio final, sin descuentos. “No solo hay un aumento del consumo de psicofármacos en el último tiempo, sino que nuestro país es uno de los que más consume ansiolíticos en el mundo, con y sin receta”, declaró Levin.
Un estudio publicado en la Revista de Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), titulado “Psicofármacos, precios, políticas y acceso en contexto de ajuste y desregulación”, analizó la evolución de los precios de siete psicofármacos a partir del Listado de Precios de Referencia del Ministerio de Salud. El resultado es difícil de pasar por alto: durante 2024, esos medicamentos aumentaron en promedio 189,5%, mientras que la inflación general fue del 117,8%. Es decir, los psicofármacos analizados aumentaron 71,7 puntos porcentuales por encima de la inflación general. Algunos casos fueron todavía más extremos. El haloperidol, por ejemplo, registró un incremento de más del 300% en el período analizado.
Pero el problema no quedó congelado en 2024, explica Camila Barreto, co-autora del estudio junto con Eugenia Bianchi. Ella advierte que los psicofármacos incrementaron más su valor que otros medicamentos de la canasta básica.
Además, considera que la crisis económica impactó aún más en los menos privilegiados. Para las personas con discapacidad que tienen obra social o prepaga, la Ley 24.901 establece la cobertura integral de las prestaciones vinculadas con su discapacidad, incluidos los medicamentos que correspondan al tratamiento. Si bien para que quede cubierto por el CUD el medicamento debe tener una relación con la discapacidad o patología acreditada, el trámite no es instantáneo porque además deben cumplirse los requisitos de la cobertura. Acceder a ese derecho no siempre es sencillo: según Camila, cada vez hay más obstáculos burocráticos para obtener el CUD y hacer efectiva la cobertura.
“No estamos locos, sabemos lo que queremos”
La medicación psiquiátrica no es un fenómeno marginal ni se trata de una problemática que pueda encerrarse en consultorios individuales. Los psicofármacos forman parte de la vida cotidiana de una porción significativa de la población.
En 2022, el INDEC y el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) de la SEDRONAR realizaron la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado (ENCoPraC), que relevó a personas de entre 16 y 75 años en 31 aglomerados urbanos. El estudio encontró que el 14,1% había consumido tranquilizantes alguna vez en su vida. El 12,5% declaró haberlos consumido con prescripción médica y el 2% sin receta.
A su vez, el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, realizado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) en 2025, encontró que el 11% de los estudiantes secundarios había consumido tranquilizantes alguna vez en la vida, con o sin prescripción.
Malena Fontan, psiquiatra y dueña de la cuenta @psiquiatriadetrasdeescena , señala que las posibilidades de elección también están atravesadas por el lugar donde una persona se atiende, la disponibilidad de determinadas marcas y el precio de los medicamentos.
“Hay tres tipos de laboratorios: están los que se compran en hospitales públicos, en los que muchas veces hay que llegar a las dosis máximas para que hagan efecto; están los laboratorios nacionales, que son buenos y tienen muchos programas de descuentos; y están los internacionales, que pueden ser mejores pero son mucho más caros”. Esto puede generar que con más dinero se tomen menos pastillas.
Las patologías también varían según clase social: en el hospital público está más presente la psicosis o la esquizofrenia y otros padecimientos que te inhabilitan para trabajar, mientras que en el hospital privado se ven más trastornos de personalidad o autismo que no necesariamente necesitan medicación. “Esto termina alterando la clase social”, continuó la psiquiatra, quien intenta conseguir muestras gratis y descuentos para los pacientes.
Remediar sin remedios
En enero de 2022, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que, por primera vez, los botiquines de Remediar incorporarían psicofármacos específicamente destinados a los problemas de salud mental en el primer nivel de atención. Se incorporaron seis medicamentos: sertralina, escitalopram, diazepam, risperidona, haloperidol, biperideno.
Sin embargo, Remediar sufrió un fuerte ajuste durante los últimos años, pero en el último mes el gobierno nacional concretó la etapa definitiva del desmantelamiento del programa. La canasta que originalmente comprendía alrededor de 77 medicamentos fue recortada paulatinamente hasta llegar a solo tres fármacos vinculados con enfermedades cardiovasculares: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina. Además, solo 800 centros de salud recibirán estos insumos, mientras que alrededor de 7.300 establecimientos dejarán de contar con esa provisión.
“El plan Remediar era fundamental para mitigar una grieta económica y permitir el acceso a los tratamientos farmacológicos de personas que no tienen acceso alguno a la seguridad social”, enfatizó Santiago Levin.
La migración de buena parte de la clase media a la atención pública, combinada con la reducción de presupuesto, aumenta la presión sobre los hospitales públicos y su personal. Según la nota metodológica del Instituto Argentina Grande (IAG), 1.246.285 personas dejaron de contar con cobertura de obra social, prepaga o mutual entre fines de 2023 y el primer trimestre de 2026, ampliando potencialmente la demanda sobre el sistema público. Además, por el aumento de las cuotas, Médicus informó haber perdido alrededor de 25.000 afiliados durante 2024.
“Esta inaccesibilidad en los psicofármacos, la saturación de los hospitales públicos e inclusive la precarización de los trabajadores de la salud contribuyen a esa degradación”, agregó Camila Barreto, quien considera que son necesarias políticas públicas que puedan regular los precios y dar subsidios para medicación.
“El abandono estatal de la población debería considerarse un delito. Pocas cosas son más injustas y crueles que quitar derechos por la vía de la desfinanciación y el abandono”, finalizó Santiago Levin.
