Se conoce como SPRINT, por sus siglas en inglés Sustainable Plant Protection Transition, al proyecto internacional financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, de los Países Bajos, que tenía como fin “estudiar la presencia de plaguicidas y sus posibles impactos sobre la salud ambiental, vegetal, animal y humana”, declara en una carta abierta la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio.
Esta iniciativa fue impulsada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina, pero no pudo llegar a su fin ya que la institución decidió no publicar sus resultados en 2023 debido a haber “excedido la incumbencia institucional”. Actualmente Aparicio, quien participó del proyecto, se enfrenta a una posible exoneración. Ante el silencio institucional, habitantes de distintos lugares fumigados de Argentina dan su testimonio sobre cómo es la vida entre los agrotóxicos.
Hace 30 años se autorizó en nuestro país la producción y comercialización de la soja resistente al herbicida glifosato, denominada soja RR1, a través de la resolución 167/1996 durante el gobierno de Carlos Menem y autorizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dirigida en aquel entonces por Felipe Solá.
Carina Miqueo vive en Exaltación de la Cruz hace 20 años, frente a un campo en el que se hacen fumigaciones, y contó a El Grito del Sur cómo vivió este suceso de transformación clave en la agricultura argentina. “El campo empezó a ser un verde uniforme, en donde no andaban pájaros ni otros animales. Había cierto momento, cuando se escuchaban maquinarias, que se morían las vaquitas de San Antonio en la ventana, que no teníamos bichitos de luz. Y a veces sentíamos como un hormigueo en las mucosas, una molestia fuerte. Ahí empecé a investigar qué era lo que estaban haciendo”.
Carina cuenta que con una vecina, Patricia Benítez, fundaron la agrupación vecinal Exaltación Salud y declara que, en un inicio, buena parte de los vecinos descreían y minimizaban los peligros contra la salud que conllevan las fumigaciones con pesticidas como el glifosato. También sostiene que en esa época comenzaron a colocar banderas amarillas para avisar a los lugareños sobre los días de fumigación.
Javier Souza Casadinho es ingeniero agrónomo y expresó que el uso de plaguicidas en Argentina pasó de 35 millones de litros en la década de 1990 a casi 500 millones en el año 2022. Además contó que actualmente en el país se usan 167 plaguicidas prohibidos en la Unión Europea y países tanto de África como de Latinoamérica. Además menciona que estos productos llegan a las poblaciones al ser arrastrados por el viento, a través de las napas de agua y terminan en bebidas, o -cuando se fumiga- en las cáscaras o dentro de hortalizas y frutas cuando el tiempo de carencia no es respetado.
En 2015, la Agencia Internacional de la Investigación para el Cáncer (IARC), órgano de la OMS, clasificó al glifosato como «probablemente cancerígeno para los seres humanos» y concluyó que existían pruebas sólidas de genotoxicidad en relación al glifosato puro y las formulaciones a base de glifosato. Souza afirmó respecto a los casos de enfermedades en los que se sospecha que fueron causadas por la exposición a agrotóxicos que “no se puede probar una relación directa, pero hay una relación”.
Mauricio Cornaglia es parte de la organización Paren de Fumigarnos de Santa Fe y comentó que en los pueblos fumigados “se multiplican los casos de abortos espontáneos permanentemente”. También resaltó el aumento de niños que nacen con malformaciones y el incremento en el hipotiroidismo, en comparación con épocas previas al uso indiscriminado de agrotóxicos. Por su parte, Carina se expresó sobre el tema: “Patricia, por ejemplo, tenía una farmacia en Capital y vendían cierta cantidad de productos para el asma. Cuando vino acá a Cardales se encontró con que, de repente, vendía el doble”.
Distintos vecinos de zonas afectadas cuentan cómo es el día a día con las fumigaciones que se vuelven un peligro cotidiano. Cornaglia mencionó la situación en las escuelas: “A veces avisan un día antes que se va a fumigar, entonces los docentes no dictan clases ese día. Pero en la mayoría de los casos no sucede, se sorprenden con las fumigaciones y tienen que estar cerrando las ventanas y las puertas de la escuela”. Santiago Ortigosa es vecino de Balcarce, forma parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) del lugar y denunció este mes en su Municipio, junto a la asamblea, que se arrojaron más de 200 bidones de pesticidas en un camino rural de la ruta 226, entre los cuales encontraron sustancias como Parquat, prohibida por la Unión Europea en 2007.
En los lugares afectados por la problemática de los agrotóxicos, cuando la gente se pronuncia sobre este tópico es inevitable que surjan conflictos. Carina señaló que existe una dependencia con el gobierno local que tienen los pueblos sojeros: “no hay casi nadie en el pueblo que no le deba un favor, algún puesto de trabajo. Y de ese puesto de trabajo hay una familia detrás que también calla. Entonces temen mucho hablar”. Agustín Brun, también de Exaltación Salud, contó una situación de enfrentamiento con el mismo gobierno en 2021, ya que ese año realizaron un estudio junto a la Universidad Nacional de la Plata en el que detectaron la presencia de al menos un agrotóxico peligroso para la salud en agua de red de Los Cardales y de Capilla del Señor.
Esto retorna el foco a lo que sucede actualmente: la clausura del proyecto SPRINT y la posible exoneración de Virginia Aparicio. El proyecto que el INTA introdujo a Argentina en 2020 debía comunicar sus resultados en 2023; sin embargo, esto no sucedió y meses después la institución retiró su participación. Desde 2024, Aparicio enfrenta un sumario administrativo y hoy una posible exoneración. Los resultados fueron publicados en Europa, pero Argentina guardó silencio.
Tres voluntarios del proyecto contaron sus vivencias dramáticas a este medio. Ivan Villarreal es habitante de Balcarce y declaró tener “17 agroquímicos respirables, 9 en sangre, 9 en orina, 7 en materia fecal”. Y agregó: “uno descubría que en Nueva York estaban hablando de Iván Villarreal con 20 agroquímicos en el cuerpo y que el gobierno de la República Argentina había decidido no decirle”. Esteban Zugasti es de Sierra de los Padres y productor agroecológico, dijo tener hasta 12 productos en sangre y aclaró: “aunque no estoy en un campo donde se fumigue”. Nair Pereira destacó tener la mayor concentración de glifosato en materia fecal entre las personas estudiadas, pero no así en sangre y agregó sobre el asunto que “comunicar los resultados no es solamente una cuestión científica: es también una responsabilidad ética”.
A pesar del difícil panorama, los entrevistados tienen -sino la esperanza- al menos distintas soluciones para que esta situación general pueda modificarse. Cornaglia hizo alusión a un proyecto de ley que, entre otras cosas, prohiba el uso de agrotóxicos a menos de mil metros de zonas urbanas y que haga hincapié en los derechos de la naturaleza, enseñándole a los niños y jóvenes a “terminar definitivamente con esta idea del antropocentrismo, que los humanos y humanas podemos hacer lo que se nos ocurre con el resto de los elementos de la naturaleza”.
Carina destacó los beneficios de la agroecología y de fomentar la producción local: “que se vuelva la cultura de nuestros abuelos y bisabuelos del cultivo en el hogar”. Souza explicó que se pueden tomar medidas paliativas con los pesticidas como, por ejemplo, aplicarlos cuando los vientos no son intensivos o tener un buen tratamiento de los envases, pero que la solución ideal sería su prohibición.
