La Pluriversidad Indígena Puelmapu se declaró en «crisis humanitaria» luego de que, el pasado 6 de agosto, el Senado aprobara la media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, proyecto que ahora debe debatirse en la Cámara de Diputados. Desde esta comunidad plantean que el proyecto de ley permite facilitar la compra de tierras a extranjeros por intermedio del desalojo de 1300 pueblos originarios. Además, denuncian que el gobierno nacional tiene acuerdos con Estados Unidos e Israel y con múltiples empresas transnacionales bajo el propósito de obtener beneficios económicos.
“La ley de extranjerización es una amenaza para nosotros porque prevalece la propiedad privada, es decir permite que cualquier extranjero pueda venir y comprar tierras a su antojo”, declara a El Grito del Sur Florentino Nahuel, quien es vocero de la comunidad Paicil Antriao en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. El referente mapuche señala dos casos puntuales: por un lado, Luciano Benetton, dueño de la empresa textil Benetton, quien posee más de un millón de hectáreas en la zona de la Patagonia, y por otro lado, el magnate británico Joe Lewis, quien tiene en su poder unas 12 mil hectáreas en Río Negro.
En esa línea enuncia que estas empresas van tras los recursos naturales. “Tanto Benetton como Lewis son el claro ejemplo que van en busca del agua dulce. Esta es la razón por la que querían modificar la Ley de Glaciares. Y los incendios en los bosques no son casuales tampoco, quieren vender todo a costa del disfrute de unos pocos”, confiesa Nahuel. Asimismo, remarca que en esta batalla por la biodiversidad se suman las organizaciones ambientalistas y la de Derechos Humanos. “Cuando se trata de cuidar el medio ambiente nos interpela a todos”, dice. Para las comunidades indígenas, detrás de cada territorio hay un pueblo. “Si no contáramos con los elementos naturales, no existiríamos. Entonces el territorio es todo. Nos dejan sin éste y morimos culturalmente”, expone la autoridad mapuche.
Conforme a lo que señalan, el arribo de intereses económicos se refleja también ante la llegada de israelíes que se preparan para recibir 300 mil refugiados y aseguran que se hace cada vez más notoria la presencia de extranjeros de Qatar y de Emiratos Árabes. “Por ejemplo, la empresa de agua nacional Mekorot de origen israelí ya cumple roles en el manejo del agua en 12 provincias. Ademas, en las inmediaciones de la Patagonia aterrizan aviones que llegan de la ciudad de Bariloche o de Comodoro Rivadavia con banderas árabes”, dice con firmeza Nahuel.
A lo largo de la historia, las culturas indígenas han sido despojadas de sus territorios de forma violenta. El último intento de desalojo que se registró fue el de las comunidades mapuche Lof Melo y la Lof Quintriqueu en el departamento de Los Lagos de Neuquén. Sin embargo, la intervención de las fuerzas de seguridad no se ejecutó. “Los policías se vieron obligados a suspenderlo porque no respetaron el protocolo. En el lugar estaba personal de salud, bomberos y policía, pero les faltaba la presencia de otra institución, y ahí se dieron cuenta que estaban por cometer un acto ilegal”, relata. Aun así, Nahuel expresa que los operativos no son seguros y que teme por la seguridad de su familia. “Es súper peligroso que te desalojen a las altas horas de la noche porque te pueden tirar una bala de plomo y después no podes identificar quién fue”, plantea y luego revela: “La mayoría de nosotros tenemos familia con hijos y es muy riesgoso para ellos”.
Los pueblos originarios que habitan a lo largo y ancho de todo el país reclaman por la aplicación de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, cuyos efectos fueron interrumpidos por el presidente Javier Milei mediante el DNU 1083/2024. Ésta planteaba la suspensión de órdenes judiciales y operativos, realizando un relevamiento de todos los grupos indígenas existentes. Según aclara Nahuel, el costo de aprobación de la antes llamada ley de extranjerización de tierras podría dar paso a la eliminación del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) junto al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, conquistas que garantizan y promueven los derechos colectivos e individuales indígenas.
También es cierto que los derechos indígenas están respaldados por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), el cual es gestionado por Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Macri. “El gobierno nacional vació el INAI en tanto presupuesto como en jerarquía”, dice Nahuel y añade: “Lamentablemente el INAI debería ser un órgano de aplicación que nos proteja ante cualquier amenaza. No obstante, Claudio Avruj no nos apoya. De hecho, ha dicho públicamente que no quiere ver la bandera mapuche en ningún mástil de ente público”, explica.
Los miembros de las comunidades indígenas deben lidiar con el discurso de odio de carácter racista. “Nos tratan de indios malos e inclusive nos han llegado a llamar terroristas. Nosotros lo único que queremos es salir en defensa de nuestros territorios e impedir que sigan haciendo avances inmobiliarios”, concluye Nahuel.
