Ya no hay quien niegue la injerencia de Washington en Brasil. Aranceles, sanciones, cierre de embajadas y consulados, y hasta la amenaza de una incursión militar en territorio soberano se han puesto sobre la mesa. Todos los actores institucionales se han visto expuestos: desde un juez del Supremo Tribunal Federal que fue sancionado junto a sus familiares hasta el sistema de pagos PIX (un Mercado Pago pero del Estado brasilero). Trump hizo pública su supuesta desconfianza en el desarrollo de una «elección injusta» y la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN) subió a “crítico” el riesgo de influencia e interferencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Brasil.
Esta escalada no fue repentina. En marzo de 2025, el Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó formalmente la acusación penal contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Ese mismo mes, Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, comenzó una intensa campaña de lobby en Estados Unidos. El punto de inflexión llegó en junio de ese año, cuando Trump publicó una carta dirigida a Lula en la que anunciaba aranceles del 50% a productos brasileños y vinculaba explícitamente esa medida con el caso Bolsonaro, al que calificó como una «cacería de brujas».
Menos de un mes después, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició una investigación contra Brasil por las políticas adoptadas para regulación de redes. Julio fue el mes de la escalada sancionatoria. El Departamento del Tesoro aplicó la Ley Magnitsky Global contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (el cual había sido colocado por Michele Temer) y congeló sus activos en territorio estadounidense bajo el pretexto de supuesta censura, lo que consideraba como detenciones arbitrarias y juicios “politizados” en el marco del proceso contra Jair Bolsonaro.
Era la primera vez que esa ley se aplicaba a un juez en funciones de la máxima corte de un país soberano. Eduardo Bolsonaro celebró en redes sociales: «Misión cumplida». La secuencia continuó porque casi en simultáneo a que el máximo tribunal brasilero confirmaba la condena contra Bolsonaro, el Departamento del Tesoro estadounidense amplió las sanciones a varios familiares de quien fuera el presidente del STF y que actualmente se desempeña como vice.
En marzo de 2026, Flávio Bolsonaro pidió públicamente en la CPAC que Estados Unidos «garantice elecciones justas» en Brasil e insistió una y otra vez con una intervención mayor en la política doméstica brasilera. Su reclamo fue atendido y el 28 de mayo, emulando lo que hizo en Venezuela con el Cartel de los Soles, Trump incluyó al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho dentro de su lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Más allá de la declaratoria, la decisión abre la puerta a una posible autorización para que las fuerzas armadas de Estados Unidos ingresen en Brasil.
En paralelo, se abrió una disputa en torno al sistema PIX. El gobierno de Trump lo incluyó como barrera comercial, alegando que «discrimina injustamente a los proveedores de servicios de pago estadounidenses». Lula respondió de inmediato: «El PIX es brasilero, creado por brasileros».
Javier Milei también tiene su parte en la estrategia bolsonarista, visitó Brasil y se mostró en un mitin del propio Flávio Bolsonaro. Además, en las últimas semanas se sumó un escándalo en torno a la banca Master que involucra al propio STF. El más reciente movimiento en esta línea fue el mismo viernes, día en el que suspendió temporalmente los servicios consulares en su embajada en Brasilia y en todos sus consulados alegando “cuestiones de seguridad”.
Aline Miklos, abogada y gerente de Incidencia Pública de Instituto Vladimir Herzog, señaló a El Grito del Sur que esto es parte de un mecanismo evidente, al tiempo que advirtió que el oficialismo esperaba un evento en las últimas 48 horas antes de las elecciones que genere una sacudida en la opinión pública: «Se piensa que habrá una ‘bomba’, pero no cuándo. El objetivo es que el PT no tenga tiempo de recuperar su imagen». La dinámica recuerda lo ocurrido en Honduras, donde 48 horas antes de la elección llegaron mensajes masivos advirtiendo que, si no ganaba el candidato de derecha, Trump prohibiría las remesas.
La respuesta de Lula
Lula eligió una línea de contraataque clara: responder a toda la presión externa con un llamado a la defensa común de la soberanía. «Brasil no es una república bananera», declaró tras la condena de 27 años contra Bolsonaro. «El presidente de un país no puede interferir en las decisiones de otro país soberano».
El experimentado Lula tiene como estrategia vincular las amenazas arancelarias y las sanciones como ofensas a la dignidad nacional, de la cual se muestra como garante. Mientras que, por otro lado, la dependencia del comercio con Estados Unidos no es relevante y representa apenas el 1,7% del PBI brasileño, mientras que China absorbe el 28,7% de las exportaciones.
Sin embargo, la incertidumbre de los últimos resultados electorales a nivel regional- que contradijeron a la mayoría de las encuestas- dejan un resultado incierto para la contienda de este domingo. Resta esperar si es que Lula consigue la mitad más uno de los votos, si la contienda se dirimirá en la segunda vuelta prevista para el próximo 25 de octubre, o si los resultados contradicen a todos los sondeos previos.
