En un acto reciente en un club de golf de Nueva Jersey, Donald Trump prometió bajar el precio de la electricidad en doce meses si gana las elecciones para favorecer la industria de su país. A pesar de que Javier Milei lo señale como el líder a seguir, no repite sus pasos en materia energética y elige el camino contrario para Argentina: reprivatizar y concesionar las represas hidroeléctricas. Dos opciones que, si se practican tal como se hicieron en los ‘90, conducen al encarecimiento de las tarifas y a la falta de inversión en la materia.
Luego de 30 años y tras de una prórroga del gobierno de Alberto Fernández, vencen las concesiones de las represas hidroeléctricas del Chocón, Alicurá, Piedra de Águila y Cerros Colorados. En ese contexto, Milei emitió un confuso decreto que habilitó interpretaciones sobre una posible venta del patrimonio nacional. Sin embargo, el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, desmintió que se trate de una “transferencia de bienes de dominio público al privado” y aclaró que “siguiendo la experiencia exitosa del ’93, para la organización del concesionario, el Estado creará 4 nuevas unidades de negocio (S.A.) a quienes le otorgará la concesión para generar electricidad, aportando los bienes de dominio público en uso. En nada de esto hay una privatización”. Es decir, repetiría la experiencia menemista aunque faltan precisiones que lo ratifiquen.
Al cierre de esta edición, lo que es seguro es que la Ley Bases otorga amplias facultades al Ejecutivo y el Decreto 418/2024 establece en su artículo 6 que la Secretaría de Energía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, “con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario” de las nuevas sociedades anónimas que concesionarían las represas ubicadas en Neuquén y Río Negro. Habría que recordarle a Chirillo que hay experiencias en nuestra historia que privatizaron bienes de dominio público.
En la decisión presidencial se pone en juego el patrimonio nacional, pero también provincial. El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, fue recibido por Chirillo recién después de la emisión del decreto. Y, si bien sostuvo que llegó a un acuerdo con Nación para “participar del concurso”, los reclamos de Neuquén sobre la participación en las decisiones que involucran a sus recursos naturales son mucho más profundos. En ese sentido, el diputado patagónico de Unión por la Patria, Pablo Todero, afirma: “El decreto está lejos de lo que los neuquinos y el gobernador, según lo que él mismo ha afirmado públicamente, esperaban. Nosotros queríamos participar en la administración y titularidad de las represas”. En el Congreso esperan ser tratados distintos proyectos para la provincialización de la generación de energía, como el de la legisladora Tanya Bertoldi. Un concurso abierto a capitales nacionales y extranjeros para la venta de las acciones de Chocón Hidroeléctrica S.A., luego de 30 años de concesión por la española Enel, deja afuera cualquier injerencia del Estado provincial o nacional.
Historia de las hidroeléctricas
La represa del Chocón tiene un origen muy diferente a la propuesta actual. Ubicada sobre el río Limay, fue construida por el Estado como “La obra del siglo”, tras ejecutar un proyecto que trascendió gobiernos de diferentes signos. Según un informe exhaustivo de la revista de Jacobo Timerman, Primera Plana, la idea de construir la represa se inició luego de una crecida enorme del río que inundó la provincia en 1899. Durante la “Década Infame” se realizaron estudios en la zona (1938) y, posteriormente, en el segundo peronismo se definió el primer Programa Hidráulico Nacional para la construcción del embalse (1953). El objetivo era prevenir las inundaciones, ampliar la zona de riego para la agricultura y generar energía eléctrica. Recién en 1967, el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía comenzó las obras, luego de conformar la Sociedad Anónima con mayoría estatal (51%) “Hidronor”. Hidronor construyó el Chocón y ocho centrales más, y como empresa mayorista vendía energía en bloque al Sistema Interconectado Nacional. Este sistema virtuoso se truncó con el menemismo. Carlos Saúl Menem desguazó Hidronor, la dividió en sociedades anónimas pequeñas, de las que vendió el 59% de sus acciones, y a las que les concesionó las represas estatales.
Durante el lapso de las concesiones, las empresas privadas no invirtieron en nuevas represas pero obtuvieron ganancias cuantiosas. Las hidroeléctricas requieren una inversión inicial muy alta para su construcción, pero después los costos de mantenimiento son mucho menores que los de otros tipos de energía. Desde 1994, la participación de la hidroenergía en la matriz energética disminuyó del 43% de potencia instalada al 25% actual.
La privatización impacta en las tarifas. El senador Oscar Parrilli, en su exposición frente a Chirillo en el Senado durante el debate apresurado de la Ley Bases, aseguró: “Cammesa paga a las represas binacionales de Salto Grande y Yacyretá 3 dólares y 5 dólares el megavatio, respectivamente. En cambio, a las centrales que están en el río Limay, como están en manos privadas, paga el megavatio a 19 dólares”. Es decir, a la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista y a los usuarios les sale más cara la energía que generan las concesionarias. Eso impacta en los bolsillos de las familias pero también en la industria. La energía cara desindustrializa.
Otros destinos para las represas
El gobierno de Milei esquiva dar el debate sobre las hidroeléctricas en la Comisión de Energía del Senado, ya que Victoria Villarruel aún no la conformó. Eso permitiría una discusión más seria sobre el destino de las represas. La generación de energía hidráulica es positiva para la descarbonización, la creación de nuevas áreas de riego y el ahorro de divisas, ya que a largo plazo es más barata que otros tipos de energías. Las iniciativas sobre qué hacer son variadas.
Parrilli propone que al finalizar las concesiones las represas pasen a ser administradas por el Estado a través de la empresa Energía Argentina S.A. Una de las justificaciones que esgrime es que las concesionarias no invirtieron sus ganancias en el país y las fugaron al exterior entre los años 2016 y 2020. Su mirada se la hizo conocer Alberto Fernández, en 2022, a través de una nota y un proyecto de ley.
El consultor en desarrollo de negocios energéticos y ex gerente del Chocón S.A., Roberto Fagan, sostiene que la construcción de nuevas represas impulsaría el desarrollo de la industria local, porque el 80% pueden construirse y operarse con inversiones locales. En el webinar «Fin de las Concesiones Hidroeléctricas, Una Oportunidad en la Transición Energética”, Fagan indica que una opción puede ser crear una sociedad similar a Hidronor S.A., pública o mixta, bajo derecho privado. También sugiere volver a concesionar las represas, pero con alineación de los intereses del Estado con las concesionarias. Para eso propone que las empresas deberían comprometerse a utilizar la renta que obtienen en la construcción de una hidroeléctrica, en el plazo de siete años, en el río Neuquén con su propio “cash flow”, permitiéndoles priorizar eso ante el pago del canon.
