El Gobierno nacional anunció la creación de un nuevo “Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Fonadis)”, para apuntalar el financiamiento de políticas públicas destinadas a ese sector de la población. La medida busca potenciar “la vida comunitaria, la autonomía, la accesibilidad al medio físico y comunicacional y el incentivo a la investigación y desarrollo sobre la temática», entre otros objetivos que fueron fijados mediante el decreto publicado este lunes con la firma del presidente Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Juan Manzur.
El fondo se financiará con recursos provenientes del impuesto al cheque y de “donaciones de personas y/o instituciones privadas nacionales o extranjeras», y su implementación estará a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que desde principios de abril abrió la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para que participen de la elaboración colectiva de la nueva ley destinada al colectivo.
El nuevo texto será el primero que se sancione en democracia, dado que el marco legal vigente para la discapacidad es un decreto de la última dictadura. El Presidente lo fijó como uno de los objetivos para el Congreso este año durante la apertura de las sesiones ordinarias, en marzo. “Necesitamos avanzar en reducir las desigualdades que genera la discapacidad, para proteger los derechos de más de 4 millones de argentinos y argentinas”, dijo Fernández, y se comprometió a que “este año, después de recoger las sugerencias de todos los sectores, enviaremos el proyecto de ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad, para tener una Argentina justa e inclusiva”.
En el marco de la convocatoria abierta, algunas organizaciones sociales como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) comenzaron a elevar iniciativas ante la Agencia con recomendaciones respecto del rumbo que deberá tomar la nueva ley. Desde la organización sugirieron que se impulse “un modelo social de la discapacidad”, dado que más allá de las buenas intenciones que manifieste el Gobierno, persisten “cuestiones palpables en legislación, políticas y programas en los que aún se percibe una visión medicalizante de la discapacidad”.
Entre otras cosas, desde REDI sugirieron la “modificación de la jubilación por invalidez a jubilación por incapacidad laboral”; que el Estado cumpla con el cupo del 4 por ciento de trabajo en el Estado para personas con discapacidad y que aquellos organismos que no cumplan con la ley que así lo establece sean sancionados; la generación de “contenidos accesibles” en materia educativa, y que las familias puedan elegir la metodología de educación para sus hijes, entre otras reivindicaciones que también incluyen la accesibilidad y las condiciones necesarias para llevar adelante una vida independiente. “Debe establecerse presupuesto adecuado para el cumplimiento de la Ley”, remarcaron.
