En diciembre de 2024, como cada tres años, vuelve a vencer la Ley 4786, también conocida como Ley de Reparación Integral para Víctimas Sobrevivientes y Familiares de Víctimas Fatales de Cromañón que, sancionada en 2013 y con algunas modificaciones a lo largo de estos años, implica la prestación de educación, salud, inserción laboral y asistencia económica a sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia ocurrida hace casi 20 años. Sin embargo, las organizaciones nucleadas por la masacre se encuentran luchando por una ley que asegure la correspondida reparación de forma definitiva para todas y todos los damnificados.
El pasado 17 de octubre fue tratada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una solicitud de preferencia para que se puedan discutir todos los proyectos que modifican la ley vigente. Este jueves, dos semanas después, comenzaron las reuniones conjuntas de comisiones de asesores para empezar a debatir y unificar los proyectos. En total son 5: uno de la Coordinadora Cromañón y la Asociación Civil “Nos Pasó a Todxs”; un segundo del diputado Claudio Romero por el bloque Vamos por Más; otro presentado en conjunto por varias organizaciones de víctimas en unidad; el cuarto, más reciente, llevado adelante por la ONG Familias Por la Vida; y un quinto, presentado en 2023 por la diputada Victoria Montenegro, que modifica uno de los artículos que el año pasado tomó estado parlamentario.
“El proyecto que presentamos tiene un espíritu práctico, tiene que ver con que sea de fácil entendimiento y que no abarque más cuestiones de las que creemos fundamentales”, comentó a El Grito del Sur Martín Genauer, sobreviviente de la tragedia y presidente de Coordinadora Cromañón y de la Asociación Civil “Nos Pasó A Todxs”. Y respecto al resto de los proyectos presentados, cuenta que “todos estamos pidiendo más o menos lo mismo, pero lo expresamos de formas distintas”.
Su proyecto, continúa Genauer, tiene tres cuestiones claras. Por un lado, expresa la necesidad de que la ley de reparación integral sea definitiva: “significa un subsidio mensual y vitalicio, que tenga un monto acorde a pagar la olla y el alquiler”, explica el presidente de la coordinadora. Y relata que la ley vigente requiere una renovación cada 3 años: “cada vez que se cae se pelea en la Legislatura una prórroga de la ley, una modificación del artículo 12. Con cada prórroga se van ganando algunas cosas. Pero después esto se tiene que reglamentar y llevar a cabo. El derecho plasmado es otra lucha”.
El segundo aspecto que destaca Martín es un programa de salud mental que contemple los proyectos de vida de los sobrevivientes y que incluya “un programa de remedios, atención clínica, cuidados gerontológicos permanentes, políticas de consumo problemático, programas para discapacidades y acompañamiento terapéutico en las aulas”. Por otro lado, la tercera cuestión está relacionada a la apertura del padrón de beneficiarios, que se abrió en el año 2005 de forma muy espontánea y que dejó muchas personas afuera por distintos motivos. “Fue por cualidades específicas que no tienen que ver que no se hayan querido inscribir. La difusión del Gobierno de la Ciudad fue casi nula y muchos de los pibes eran menores, no eran sujetos de derecho capaces de decidir si se podían inscribir”, sentencia el sobreviviente.
La tragedia de Cromañón se cobró alrededor de 200 víctimas fatales entre las muertes causadas el 30 de diciembre de 2004 y los días posteriores al incendio y los suicidios de los sobrevivientes a lo largo de los años. Genauer, a su vez, destaca la importancia del carácter vitalicio de la ley porque las secuelas generadas continúan en la actualidad: “Los daños ocasionados son crónicos, ya sean problemas como el estrés postraumático o los problemas respiratorios. La ley tiene que ser vitalicia porque esto no se te termina nunca”.
“Todos los proyectos tienen doble giro. Tienen que ir a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación y a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Hoy (por el jueves) empieza la primer reunión de asesores de forma conjunta con las dos comisiones”, aclaró Mauro Zungri, director general de la Comisión de Derechos Humanos. La presidenta de dicha comisión, la diputada porteña Victoria Montenegro (Unión por la Patria), además de elevar su respectivo proyecto de ley, levantó junto con sus pares Claudia Neira y Juan Modarelli el proyecto 2330 presentado por la Coordinadora Cromañón para que pueda tener estado parlamentario y se pueda tratar en las comisiones. “La semana que viene hay otra sesión de asesores conjunta y esperamos que la tercera reunión pueda ser también con diputados para que llegue a recinto”, manifestó Zungri.
En estas dos reuniones de asesores programadas para este jueves y para el miércoles 6 de noviembre, se pretende llegar a un único dictamen consensuado que contemple los pedidos de todos los proyectos. “Las cuestiones que no se incluyen en los documentos presentados no quiere decir que se deroguen, sino que permanezcan y que se modifiquen algunas partes”, aclaró Genauer, quien hoy estará presente en la reunión al igual que el resto de las organizaciones y personas que elaboraron estos proyectos de ley.
De no lograr dicho consenso, se harán dos dictámenes; uno de mayoría y uno de minoría. El objetivo es que el proyecto consensuado llegue al recinto para poder ser aprobado cuanto antes. “Se espera una jornada de mucho debate. Ojalá que así sea, que se pueda debatir, pensar y construir una ley que trate de contener y de albergar todas las necesidades que tanto los sobrevivientes como los familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón vienen pidiendo al Ejecutivo de la Ciudad”, finalizó Zungri.