Recientemente se informó a unos 50 contratados de las distintas unidades sanitarias que conforman la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo la noticia de que no se les renovarían sus contratos. Continúan los planes de más despidos en el Estado.



El viernes finalizaban los contratos vigentes que cubren casi el 40 % de la planta de Acumar. Preocupados por las noticias, más de 100 trabajadores junto a los despedidos se congregaron en el hall central de la sede de Esmeralda 255, de la Ciudad de Buenos Aires.

Hace pocos días unos 25 contratados –una buena parte de nutricionistas, psicólogas y promotores de salud– de las distintas Unidades sanitarias ambientales (UNSAm) que funcionan en los 15 municipios que conforman la Cuenca Matanza Riachuelo -incluyendo la Ciudad de Buenos Aires – fueron informados que no se les renovarían sus contratos. Y el día viernes, unos 30 contratados más de las UNSAm, profesionales y promotores, y también algunos administrativos de Sede Central se enteraron de su despido. Es decir, en principio se habla de más de 50 despidos en Acumar en su gran mayoría de Salud ambiental.

Todos estos los trabajadores trabajan hacen años en relación de dependencia de manera encubierta, sin estabilidad alguna, como monotributistas, sin plus vacacional, aguinaldo y, por contrato, sin los derechos que tienen los aproximadamente 450 trabajadores efectivos, cobrando el sueldo con atrasos de hasta un mes. En total precariedad, la mayoría trabaja en las zonas más hostigadas y pobres de la cuenca, realizando atención primaria de la salud e investigación epidemiológica.

En su página institucional el organismo publica que según el fallo de la corte “se obliga a Acumar a llevar a cabo un programa cuyos objetivos son: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo); y 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción”.

Bajo el macrismo, Acumar tuvo cambios de gestiones cada cuatro meses. El ingreso de decenas de funcionarios sirvió para agrandar la planta pero el organismo sigue prácticamente parado desde el 2015, quedando como prueba la última audiencia con la Corte Suprema de Justicia de fines de noviembre.

A su vez, el decreto del gobierno que impide seguir ampliando la planta de personal en los organismos del Estado y entes autárquicos, implica que si quieren poner más gente de Cambiemos tengan que despedir personal de planta. Las campañas contra los estatales y los informes de Modernización, anticipan por doquier el armado de planes de más despidos en el Estado.

La Junta Interna de ATE pidió el mismo viernes una reunión con las autoridades que fue concedida a última hora y convocó para el miércoles para informar sobre el resultado y la situación.