Se trata del Intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Rogers, quien afirmó que los cabarets son "lugares de contención".

En un histórico caso en el que por primera vez un Jefe Comunal es juzgado por el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual”, el intendente de Lonquimay y dirigente del Partido Justicialista (PJ), Luis Rogers, se negó a declarar amparándose en sus “3 gestiones con crecimiento en votos”.
En el año 2009, el intendente no sólo defendió el funcionamiento del prostíbulo “Good Night” en su pueblo y se negó a cerrarlo, sino que fue más allá porque afirmó: “El cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros”. Rogers, denunciado por el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, agregaba en aquellos desafortunados dichos: “Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”.

Luego se conocería la relación del intendente con el lugar que fue objeto de la discordia. Rogers fue el encargado de otorgar la habilitación del prostíbulo bajo el rubro “servicios de salones de baile” y de firmar las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.
El debate oral por el caso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de La Pampa, situado en Santa Rosa y compuesto por los jueces Marcos Aguerrido, Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava. El fiscal Jorge Bonvehí, los abogados defensores y la defensora oficial Laura Armagno escucharon a los primeros dos de los 35 testigos convocados y el juicio continuará hoy. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Juan Baric, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de Marcelo Colombo, en tanto que el debate oral intervendrá el fiscal Jorge Bonvehi.