La agenda legislativa de fin de año

Alquileres y góndolas para frenar la especulación

Dos proyectos legislativos de avanzada se presentan en medio de una compleja transición signada por la crisis económica. Este miércoles la Cámara de Diputados tratará el nuevo pliego de alquileres y la llamada "ley de góndolas".

En medio de una compleja transición marcada por la fuerte crisis económica que deja la administración de Mauricio Macri, el Congreso de la Nación busca cerrar algunas iniciativas pendientes antes de que se produzca la renovación del cuerpo legislativo el próximo 10 de diciembre. Por esta razón, en su última sesión ordinaria prevista para el corriente año, la Cámara de Diputados intentará aprobar dos proyectos de relevancia para los sectores medios y populares: una nueva regulación de alquileres y la denominada «ley de góndolas», que cuentan con el aval del oficialismo y de la oposición para ser debatidos en el recinto este miércoles 20.

Alquileres

La necesidad de una ley de alquileres fue hasta ahora una de las grandes pujas legislativas del período de gobierno de Cambiemos, en un contexto de fuertes aumentos y de predominio de los intereses inmobiliarios. En 2016 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de ley que incluía buena parte de los reclamos de los inquilinos, reduciendo significativamente el desequilibrio entre las partes en una relación contractual. Luego, el tema estuvo paralizado durante casi dos años y, a pesar de que hasta el propio Mauricio Macri encomendó a finales de 2018 impulsar ese debate en Diputados, tanto la presión del mercado inmobiliario como ciertas disputas al interior del oficialismo hicieron que el proyecto perdiera estado parlamentario.

Ahora, el proyecto de alquileres va por el camino inverso y se estima que mañana obtendrá media sanción en la Cámara de Diputados, dado que cuenta con un amplio respaldo político a partir del dictamen firmado en la comisión de Legislación General -a cargo de Daniel Lipovetzky (PRO)-. La iniciativa establece la extensión del contrato de dos a tres años y un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral- que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario (bajo una combinación entre el Índice de Precios al Consumidor y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Otro aspecto clave del proyecto es que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. También se establece que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad y que, en caso de rescindir el contrato, el inquilino deberá avisar con tres meses de anticipación para evitar pagar una multa. Por último, se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados y aquellas familias que no tengan cómo acceder a un sistema de garantías.

El referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, señaló en diálogo con El Grito del Sur que «tenemos cierta cautela porque sabemos que es una ley muy complicada y genera mucha resistencia tanto del mercado como del gobierno nacional. Esperamos que haya sesión y ahí veremos cómo transcurre la votación. Luego, en caso de aprobarse, falta la reglamentación y el cumplimiento. Tratamos de ir de a poco con esto, pero una Ley de Alquileres en Argentina ya es indiscutible».

Muñoz atribuyó el nuevo tratamiento de este proyecto en el cierre del año legislativo al hecho de que existe «una señal fuerte de Alberto (Fernández) para que se trate la ley, a la pelea muy grande que venimos dando las organizaciones de inquilinos en todo el país y a que Lipovetzky quiere irse con algún logro del Congreso».

Góndolas

Por su parte, el proyecto de Ley de Góndolas tiene como objetivo regular la competencia de marcas en las estanterías de los supermercados con el objetivo de terminar con la sucesión de conductas monopólicas que perjudican al consumidor. De esta forma, se busca promover los productos de consumo masivo comercializados por las PYMEs y los agentes de la economía popular para que se conviertan en una nueva opción de compra para todos los ciudadanos y las ciudadanas.

El proyecto establece que los supermercados deberán exhibir en sus góndolas productos de al menos cinco proveedores distintos dentro de cada categoría de productos. Ningún proveedor podrá ocupar con productos de la misma categoría más del 30% del total de la góndola, lo cual redundará en una «mayor competencia y mejores precios». Además de reservar un 25% de las góndolas para exhibir productos de las PYMEs, se obliga a los supermercados a pagar los productos adquiridos de éstas en un plazo que no podrá ser mayor a 60 días.

La iniciativa crea además un Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista que deberá detallar las prácticas abusivas entre las cadenas de supermercados y los productores. Por último, se propone garantizar como mínimo un 5% de la capacidad de las góndolas para ser utilizado con productos hechos por la agricultura familiar, campesina o indígena, cuestión definida por el Art. 5º de la Ley Nº 27.118, y los sectores de la economía popular.