El DNU de telecomunicaciones ya tuvo dictamen favorable en el Congreso con el faltazo de la oposición nucleada en Juntos por el Cambio. La declaración de Internet, la telefonía y la TV paga como «servicios públicos en competencia» generó el rechazo conjunto de las grandes empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), cuyo planteo fue que «semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbres a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro».
La respuesta de los grandes operadores omitió considerar dos cuestiones fundamentales: por un lado, la conectividad como derecho humano en medio de una pandemia -mientras buena parte de las actividades sociales y económicas se han tornado virtuales- y, por otro, el alto grado de concentración que detenta este sector. Cabe destacar que, con la fusión entre Telecom y Cablevisión del año 2018, el Grupo Clarín se consolidó como el principal conglomerado en materia de telecomunicaciones a nivel nacional.
La falta de equilibrios y controles en este mercado provocó que éste se erigiera como el rubro con mayor inflación desde diciembre de 2016 hasta la fecha con un 268%, mientras que el aumento general de precios estuvo bastante por debajo (228%). «Se trata efectivamente de un sector cuyo comportamiento de precios finales, a grandes rasgos, superó los índices de inflación pero que a la vez tiene componentes importados en sus infraestructuras, redes y equipos, por lo que analizar la estructura de costos, la proyección de inversiones y los márgenes razonables de rentabilidad es un propósito que el DNU busca», analizó en diálogo con El Grito del Sur Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información y especialista en el tema.
El docente e investigador del Conicet sostiene que «no hay una sola medida regulatoria que resuelva todos los problemas de acceso, cobertura, asequibilidad y calidad de servicio de todas las actividades, servicios y productos TIC». Sin embargo, frente a lo que significa en los hechos una suspensión de aumentos hasta diciembre, la ampliación de la facultad de regular precios y la colocación de la universalidad en su horizonte, empresas como Claro, Directv, Telecentro, Telecom y Telefónica adujeron que el flamante decreto podría eliminar «incentivos para la innovación y la competencia».
El argumento de reducción de inversiones se contradice con las exorbitantes ganancias que han obtenido estas firmas en el último tiempo. Según datos del Enacom, 35 mil millones de pesos facturaron las empresas de cable en el primer trimestre de este año. Este organismo informó también que las empresas proveedoras del servicio de Internet tuvieron 27.633 millones de pesos de facturación en dicho período. Por otra parte, los ingresos de las compañías de telefonía móvil alcanzaron los 38.110 millones de pesos en el último trimestre de 2019. Respecto a esta cuestión, Becerra aseguró que «el déficit de inversiones está ligado a la macroeconomía, no a la denominación del servicio como servicio público. El año pasado Telecom, por ejemplo, anunció públicamente que iba a reducir sus inversiones para los años siguientes (el actual y los próximos). Eso sucedió antes del DNU y antes de la pandemia. O sea que ahora hay un aprovechamiento de una medida que a la compañía le disgusta para justificar decisiones tomadas previamente, incluso en otro gobierno».
Precisamente, Telecom había anunciado un plan de 5 mil millones de dólares a tres años pero, debido a la situación macroeconómica, redujo casi a la mitad las inversiones previstas para este 2020. Mientras sectores de la oposición política salieron a vincular la categorización de servicio público con una supuesta maniobra de estatización -algo que el investigador del Conicet considera como «obviamente falso porque hace 30 años, desde 1990, la telefonía fija es servicio público y está operado por empresas privadas»-, uno de los interrogantes a futuro es si el Gobierno adoptará un giro trascendente en política comunicacional y en la discusión sobre el rol de estos servicios centrales en una sociedad profundamente mediatizada.
«Calificar estos servicios como servicios públicos en competencia ya supone una mirada normativa diferente desde el Estado y reintroduce un debate siempre bienvenido y legítimo acerca de las reglas de juego de un sector esencial para garantizar condiciones de vida digna en la sociedad», concluyó Martín Becerra.
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