El 24 de enero, cuando entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los feminismos festejaron, extasiados por haber cumplido una meta, pero también tomaron aire sabiendo para sus adentros que la militancia que implicó este logro no podría mermar. Históricamente, toda ampliación de derechos genera una contraofensiva conservadora y, aunque existe un fuerte consenso social sobre la ley, aún quedan grupos violentos que oponen resistencia a que las personas con capacidad de gestar tengan autonomía sobre sus cuerpos.
Reflejo de eso fue lo que sucedió esta semana en Mar del Plata, cuando una activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue atacada mientras viajaba en la línea de colectivos 571. La joven, que llevaba un barbijo con el logo de la organización, fue increpada por una mujer adulta y un grupo de hombres que se dijeron a favor de «las dos vidas» y la acusaron de «mata-bebes». Los atacantes insistieron en que se quitara el barbijo y, ante la negativa de la militante, la violentaron llegando incluso a golpear su cabeza contra el asiento. Luego del incidente, la víctima recurrió a la policía quedando detenida la responsable del ataque. “Los grupos antiderechos que dicen «defender la vida» representan el odio, la agresión y la intolerancia. El amor vencerá al odio, y ante las agresiones nos fortalecemos aún más. No nos sentimos amenazadas o con temor, porque si algo representó la marea verde es la potencia feminista”, aseguraron desde la regional marplatense de la Campaña.
Roxana Lefai, compañera de la víctima, explicó a El Grito del Sur: “Nuestra ciudad se ha caracterizado por ataques neonazis, algo que sucedió incluso en el Encuentro Nacional del 2015. Nos preocupa y nos convoca porque sabemos que la cultura de este sector reaccionario está basada en el abuso de poder. Creemos que estas violencias tienen que ver con hechos intimidatorios a los cuales nosotras no les tenemos miedo y estamos organizadas para que deje de pasar esto. Hemos trabajado para que intervenga el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el Inadi”.
El ánimo vengativo de los antiderechos era algo predecible luego del lobby que habían extendido en contra de la sanción de la ley durante su tratamiento. El mismo día de la votación, incluso antes de conocerse el resultado, la senadora Silvia Elías de Pérez manifestó su intención de judicializar la norma para declararla inconstitucional, algo que repitió el senador del Frente de Todos José Mayans. En ese mismo sentido, hace unas semanas el juez salteño Julio Leonardo Bavio debió basarse en el fallo Thomas de la Corte Suprema para calificar de improcedente y habilitar la feria judicial ante un recurso colectivo presentado a principios de diciembre para suspender el protocolo de ILE en dicha provincia, que se extendió a la ley 27.610 luego de su aprobación.
Los demandantes -entre ellos la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales- pidieron que se le advierta a la persona gestante sobre los efectos traumáticos que podía tener el procedimiento, la posibilidad de adoptar y las maneras de continuar con la gestación. “Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma ‘erga omnes’ (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860”, dejó sentado Bavio citando el fallo anterior.
Algunos de los motivos que alegan los antiderechos para recurrir a una posible judicialización es que la ley contradice tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el artículo 4.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla del derecho a la vida “en general, a partir del momento de la concepción” y la Convención de los Derechos del Niño.
Estos argumentos han sido rebatidos por profesionales del derecho como Aida Klemelmajer de Carlucci, quien durante su intervención en el Senado explicitó que el propio Comité Internacional de los Derechos del Niño exigió a la República Argentina que garantice el acceso al aborto y el acompañamiento post aborto y que en un fallo contra Bolivia la Corte Interamericana de Derechos Humanos habló del derecho a ser madre y a no serlo. Además aclaró que los derechos entran en conflicto, tienen limitaciones y nunca son absolutos, así como la protección de la vida es gradual, dinámica e incremental. “Cuando se dice que se quiere defender las dos vidas no se mira la verdad. No se atiende a que cuando la mujer llega al hospital pidiendo asistencia ya se ha practicado un aborto clandestino y es su vida la única que debe salvarse”, aseguró la Doctora en Derecho. Asimismo es importante resaltar que el propio Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, intervino a favor de la legalización de los derechos de las personas gestantes durante las sesiones informativas en la Cámara de Diputados.
“Con la flamante ley, Argentina no sólo no viola los instrumentos internacionales sino que además lo que se hace es cumplir cabalmente con ellos, algo que los organismos de aplicación ya venían diciéndole que haga, explicando su preocupación por las consecuencias del aborto clandestino. Es de toda lógica que cualquier planteo judicial sea rechazado al igual que se hizo en Salta”, sumó Patricia Bustamente Quintero, abogada e integrante de la Campaña Regional Buenos Aires, en diálogo con este medio.
Mientras los argumentos a favor de «las dos vidas» se vuelven insostenibles, el Gobierno lanzó el nuevo formulario de reclamo para informar sobre las farmacias, obras sociales o prepagas que nieguen o restrinjan el acceso al aborto. Además, los feminismos insisten en que se liberen a las personas gestantes y profesionales actualmente judicializados. Porque si hay algo que persiste antes, durante y después de la ley son las redes feministas urdiendo tramas de solidaridad para que los derechos se cumplan en todos los territorios.
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