A pesar de que estudiantes, padres y madres, organizaciones y sindicatos insisten en la importancia de reanudar la entrega de las canastas escolares nutritivas para ayudar a las familias de la Ciudad que lo necesitan, el Gobierno porteño no da el brazo a torcer y sostiene que el esquema de reparto se ve atado necesariamente al ciclo lectivo, que finalizó el 11 de diciembre pasado. El Grito del Sur conversó con Maru Bielli, legisladora por el Frente de Todos y coautora de un proyecto presentado en la Legislatura para que el Gobierno de la Ciudad sostenga la asistencia alimentaria durante el verano, y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que presentó un amparo en resguardo de las familias afectadas. «Con la excusa del receso escolar, la gestión de Larreta decidió suspender a partir del 11 de diciembre pasado la distribución de las canastas escolares», había denunciado la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) semanas atrás a través de un comunicado.
La UTE, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Facultad de Ingeniería de la UBA, la APDH, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de Laburantes presentaron un amparo para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúe con la entrega quincenal de las canastas escolares nutritivas que venía sosteniendo hasta el 11 de diciembre del 2020. «Consideramos que esta política alimentaria no está atada a los ciclos de receso o al ciclo lectivo, porque, por ejemplo, en el receso de invierno el Gobierno porteño siguió otorgando la canasta escolar alimentaria. Los comedores escolares, que es la política que antecedió a esta situación, estaban atados al ciclo lectivo porque justamente era el servicio que prestaba la administración de Horacio Rodríguez Larreta a les estudiantes por estar en un espacio físico sin poder salir durante varias horas. Ahora, cuando les niñes no están en los establecimientos educativos sino que están en sus casas, el fundamento de esta nueva política alimentaria ya no es el tema de estar presentes en el colegio por varias horas, sino la vulnerabilidad alimentaria de las familias», explica Baldiviezo, y agrega: «La vulnerabilidad alimentaria de las familias no finalizó con el ciclo lectivo, sino que continúa en este contexto de aumento de contagios y crisis económica y, por lo tanto, también debería continuar esta política alimentaria».
El amparo fue apelado por el Gobierno de la Ciudad argumentando que la ayuda alimentaria se veía directamente relacionada a la duración del ciclo lectivo y esgrimiendo una supuesta falta de fondos, algo con lo que se ha excusado para efectuar un ajuste en distintas áreas sociales tras la quita de un punto y medio de coparticipación. La jueza Romina Tesone terminó concediéndole la razón al Ejecutivo porteño, aunque instó a que éste brinde información -en un plazo de dos días- acerca de la forma en que las familias podían llegar a tramitar algún tipo de asistencia alimentaria, de acuerdo a los planes vigentes. «La falta de presupuesto que el Gobierno (de la Ciudad) esgrime se debe a las modificaciones de la coparticipación, castiga a la ciudadanía y a los sectores populares generando ajustes en esas áreas, pero no ajustes en otros gastos innecesarios como pueden ser la pauta oficial y algunas obras que el Gobierno realiza para privados. Lo que está habiendo es una cuestión electoral y política entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, donde el Gobierno de la Ciudad está aprovechando para ajustar más», denuncia el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Aunque la decisión fue apelada ahora por las organizaciones y aguardan aún por la resolución de les jueces y juezas de Cámara de CABA, legisladores y legisladoras del Frente de Todos -con la firma de Ofelia Fernández, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Morresi, Lorena Pokoik y Manuel Socías- presentaron un proyecto en la Legislatura para que el Ministerio de Educación de la Ciudad deba extender de manera extraordinaria la entrega de las canastas escolares nutritivas. «La misma se realizaría a través de una transferencia de dinero directa que se va a acreditar en cualquiera de las tarjetas magnéticas que ya fueron otorgadas por el GCBA o en una cuenta bancaria asociada al destinatario/a o al adulto responsable en el caso que correspondiera o manteniendo el esquema logístico de entrega de alimentos que se realizó durante todo el año. En definitiva, el proyecto prevé una diversidad de formatos, lo importante es que pueda cumplirse el objetivo de que llegue el alimento durante el verano a las casas», detalla Maru Bielli en diálogo con El Grito del Sur.
«Pese a que las canastas escolares que entregó el GCBA eran deficientes en su contenido nutricional y escasas en comparación a la cantidad de familias que necesitaban la asistencia, miles de familias cuyos hijos e hijas asistían a las escuelas de gestión estatal de la Ciudad recibieron una canasta de alimentos que les permitía sobrellevar la dura situación. Es ilógico pensar que luego de diciembre, la situación socioeconómica de las familias va a modificarse mágicamente de un día para el otro», cuestiona la diputada porteña.
El proyecto, al igual que otras decenas de propuestas presentadas durante la pandemia para brindar distintos tipos de asistencia a las familias porteñas, descansa en una Legislatura que ordena y reglamenta únicamente a medida del oficialismo. «En la Ciudad necesitamos un Estado que entienda las necesidades de los porteños y las porteñas y que tenga la voluntad política de brindar soluciones que estén a la altura», plantea Bielli. Y suma: «El contexto necesita de propuestas creativas e innovadoras, la decisión política de implementar medidas que surjan del diálogo con los múltiples actores y, fundamentalmente, de un gobierno que no haga oídos sordos a los reclamos de la población».
Ésta no es la primera vez que la comunidad educativa se enfrenta con la administración de Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta por temas vinculados a la alimentación de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad. Bielli señala: «Sin ir más lejos, el 13 de marzo del 2020, poco antes de que se declarara la suspensión de las clases presenciales como consecuencia del COVID, 40 estudiantes de la Escuela Primaria N°14 D.E. 7 “Ernesto Padilla” se intoxicaron luego de almorzar en el comedor escolar». «Hay un modelo de concesión del servicio de comedores en las escuelas que es el que hay que revisar; por el costo de los alimentos, por los mecanismos de control que tiene, por la calidad del alimento que se brinda», propone la joven docente que integra la bancada del Frente de Todos en CABA.
De acuerdo con Baldiviezo, los problemas se repiten una y otra vez: «Durante la suspensión de clases del año pasado, se definió la entrega de canastas nutritivas para todos aquellos estudiantes que hubiesen aplicado a la beca alimentaria. La palabra “nutritiva” fue tan sólo una declaración de deseo, porque durante todo el año que fiscalizamos la entrega de las canastas, recibimos cientos de denuncias de las familias: alimentos que llegaban vencidos, o en mal estado, bolsones que no contenían todo lo que debía contener, escuela que recibían menos de los bolsones que correspondía que recibieran». El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad define esta última medida como «una manifestación más del gran ajuste que está viviendo la educación pública en la Ciudad y las políticas sociales y de protección de derechos».
«La educación pública está siendo destruida, en sus principios y en su alcance, con la idea de que lo público se vaya achicando y las familias tengan que buscar una solución educativa en el ámbito privado, lo cual resulta muy difícil para las familias por lo costoso que es el sector privado en este contexto de desempleo, precariedad y crisis económica», concluye.
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