Este jueves comenzó en Goya, Corrientes, el juicio por la muerte de José Carlos «Kily» Rivero, un niño de cuatro años que falleció en 2012 producto de una intoxicación aguda presuntamente generada por las fumigaciones de una plantación de tomates que se encontraba a 15 metros de su casa. El imputado es el productor frutihortícola Oscar Antonio Candussi, acusado de homicidio simple por dolo eventual, que prevé una condena de entre 8 a 25 años de prisión.
“Fue una jornada muy sentida porque los testimonios fueron desgarradores”, dijo a El Grito del Sur Hermindo González, abogado de la familia Rivero. Durante la primera audiencia dieron su testimonio los padres de «Kily», María Eugenia Sánchez y José David Rivero, dos tíos y un ingeniero agrónomo que asiste a los productores de la zona.
“Durante el debate le pregunté al ingeniero Sablich si una fumigación con organoclorados u organofosforados (agrotóxicos) a quince metros de una casa puede provocar la muerte de una de esas personas y su respuesta, sin dudar, fue sí”, señaló González.
Kily Rivero murió el 12 de mayo de 2012 en el Hospital Garrahan. El niño había estado internado en un centro de salud de Goya por un cuadro de vómitos, dolor abdominal, fotofobia, decaimiento general y un análisis de laboratorio compatible con una insuficiencia hepática.
Antes de ser trasladado a Buenos Aires, el niño estuvo ingresado en el Hospital Juan Pablo II y se envió una muestra de orina a la división química legal de la policía en la que se confirmó que tenía en su organismo organofosforado, de la familia de agroquímicos que se utilizan para el control de plagas e insectos.
«Unas semanas antes de que Kily empiece con síntomas se nos habían muerto las gallinas, los chanchos y los perros. Vivíamos en el Paraje Puerto Viejo, en Lavalle (a 15 kilómetros de Goya); nos habían prestado una casa que estaba pegada a un campo que tenía plantación de tomates», contó a Télam Eugenia Sánchez, mamá de Kily, en el último aniversario de su fallecimiento.
A pesar de la evidencia, la causa demoró en avanzar y llegó a los tribunales correntinos once años después de la muerte del niño. Para el abogado de la familia Rivero, además de los planteos que frenaron el proceso, la lentitud “tiene que ver con el desinterés de la Justicia de llevar adelante estos juzgamientos”. “Esto tiene que ver con la forma de producción en Corrientes. Como (los productores agropecuarios) generan fondos, gozan de privilegios y no se controla si siguen los manuales de buena práctica para la implementación de agrotóxicos. Todo este camino recorrido explica el desinterés de la Justicia donde el tomate vale más que la vida de una persona”, sentenció González.
El caso de Kily es uno de los tantos en todo el país que ponen de manifiesto que los productores agropecuarios tienen vía libre para la utilización de agrotóxicos. En Entre Ríos se lleva adelante una batalla legal para proteger a las escuelas rurales de las fumigaciones terrestres y aéreas. En 2019, la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná dejó sin efecto una medida del gobernador Gustavo Bordet, que establecía que se podía fumigar a 100 metros de los establecimientos escolares, y resolvió que la distancia debía ser de 1000 metros para las fumigaciones terrestres y 3000 para las aéreas. Sin embargo, este año la Corte Suprema de Justicia avaló la reglamentación original del Ejecutivo provincial y rechazó la apelación hecha por los vecinos y organizaciones entrerrianas.
“La Corte Suprema de Justicia decidió no tratarla por el artículo 258, que es un artículo formal por el cual decidió que el tema no tenía una entidad suficiente como para ser tratado -apuntó María Fernández Benetti, integrante de la coordinadora Basta es Basta-. Tenemos un decreto que protege las escuelas rurales que, si bien es insuficiente, tiene protecciones terrestres de 250 metros del edificio escolar. Pero la criatura va a su casa y ahí sí lo pueden pulverizar a 50 metros. O sea, Entre Ríos necesita una nueva ley de aplicación”.
Fernández Benetti contó a este medio que la propuesta de la coordinadora es “trabajar en un esquema, ley o programa de reducción de uso de agroquímicos”. “No queremos trabajar solamente la cuestión de la distancia, sino empezar a sacar progresivamente por colores los agrotóxicos, ya que hay algunos más tóxicos que otros, y reemplazarlos por productos más amigables con el ambiente y con la vida”, explicó.
En Corrientes, el caso de Kily es el segundo en llegar a juicio. El primero fue el de Nicolás Arévalo, por el que se condenó a Ricardo Nicolás Prieto, dueño de una tomatera vecina, a tres años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas contra Celeste Estévez, prima de Nicolás, quien logró sobrevivir pero con consecuencias irreversibles para su salud. Este fallo de primera instancia fue en diciembre de 2020 y debido a las apelaciones no está firme.
“Hoy hay niños y adultos que atraviesan distintos niveles de intoxicación -expresó Hermindo González-. Las salitas hacen los mismos cuidados paliativos que hicieron con Nicolás, Kily y Celeste. Los chicos hoy son tratados por malestares estomacales, diarreas y vómitos y cuando salen a flote se los manda a la casa. La estadística (de personas intoxicadas) es inexistente porque se quiere ocultar el efecto que los agrotóxicos tienen en las personas y el ambiente”.
El abogado destacó también la fortaleza de la familia Rivero, que en 2021 tuvo que enfrentar la muerte por cáncer de una de las hermanas de Kily. “Parte del dolor que tienen es que dieron señales de lo que sucedía y nadie los escuchó. Antes de que pasara lo del Kily se les murieron todos los animales que tenían en la vivienda -enfatizó-. Pasaron once años y recién arranca el juicio, pero la familia tiene una fuerza enorme para hacer que esto no quede en el olvido”.
