El trasfondo oscuro del tarifazo

Las protestas y ruidazos de los últimos meses abrieron una ofensiva contra el tarifazo, que ahora tiene su correlato en la Justicia. Breve radiografía sobre el significado del aumento de las tarifas.

No podíamos pagar tan barato los servicios. No puede ser que tanta gente se calefaccione en invierno, en un país que importa gas. Era necesario sincerar las tarifas, los precios estaban desactualizados, era parte de la “pesada herencia” con la que teníamos que terminar. Hay que abrigarse adentro de la casa, consumir menos luz, producir menos, y trabajar más.

El tarifazo llevado adelante por Mauricio Macri se presentó como un sinceramiento de tarifas. Un gobierno, que se encontraba asediado por un pesada carga de subsidios y un profundo déficit fiscal, que intenta emparejar cuentas y que por ello, se ve obligado a aumentar los precios de los servicios básicos: agua, luz y gas. Así construyeron su relato los Aranguren, los Marcos Peña y los Duran Barba, para amortizar el golpe al bolsillo, y que no doliese tanto.

Pero lo cierto es que la gente no se comió tan fácilmente el cuento que intentaron vender desde el gobierno y los grandes medios. Dos grandes movilizaciones, el 15 de julio y el 4 de agosto, con una notoria participación de vecinos autoconvocados y un impulso importante de la Multisectorial contra el tarifazo, demostró que la resistencia a los aumentos comenzó en la calle. Y como era de prever, terminó en la justicia, en una batalla de pesos pesados que aún se encuentra inconclusa.

Pero detengámonos en un análisis, un poco más profundo, de las implicancias económicas del

Tarifazo. En primer lugar vale señalar que el aumento de tarifas, producto de la quita de subsidios al consumidor, no consiste en una quita de ingresos para las empresas, las que siguen siendo subsidiadas por el Estado nacional. Pero lo que el Tarifazo realmente acarrea es un doble golpe directo al bolsillo, no solo del consumidor final, sino de pequeños industriales y comerciantes, que ante el aumento de los servicios básicos, ven la necesidad de trasladar este incremento a precios. En un contexto de caída del consumo, el aumento de tarifas genera que los productos se encarezcan, y en esa misma rueda, que cada vez menos gente consuma. Un golpe al mentón seguido de un cross de derecha: al pequeño y mediano empresario en su capacidad productiva, y al consumidor, en su posibilidad de acceder a bienes y servicios.

Los subsidios suelen ser considerados como parte del salario indirecto. Esto quiere decir que el Estado se encarga de reducir los precios de ciertos servicios, para brindarle ventajas al trabajador, que impactan por fuera de su salario mensual en dinero. Los subsidios son un alivio para los trabajadores formales, pero al mismo tiempo lo son para aquellos trabajadores desocupados o cesantes, para sus familias, para los jubilados o estudiantes. A la vez que facilitan el acceso a los servicios públicos, mantienen la demanda de bienes y productos, y estimulan la industria nacional.

El tarifazo no vino solo, y tampoco impactó únicamente en servicios. El aumento generalizado del costo de vida también puede observarse en las subas de las tarifas del transporte. Este aumento incluye dos discusiones distintas. En primer lugar, nos permite señalar el altísimo porcentaje del sueldo que el trabajador ocupa solamente para trasladarse a su lugar de trabajo. En un país con un sueldo mínimo de 8.000 pesos, alguien que toma un subte y un colectivo para ir y volver de su trabajo a diario, gasta unos 700 pesos mensuales en transporte. Un 10% del salario de los trabajadores se escurre hacia los bolsillos de los empresarios del transporte. Ni hablar de aquellos que trabajan en negro, por sueldos menores a la mínima, o que son parte de la economía informal.

El otro debate, más profundo, que este aumento indiscriminado trae aparejado es la concepción de los servicios públicos que tiene el Gobierno Nacional. Mauricio Macri y Cambiemos consideran al transporte público, al gas, a la luz y al agua como un negocio: una oportunidad que posee el Estado de emparejar su deficitaria balanza fiscal, de obtener mayor cantidad de ingresos. Quienes estamos del otro lado entendemos que los servicios básicos son derechos humanos: todos tenemos que tener la posibilidad de calefaccionarnos, de circular libremente en el transporte público, de acceder al agua para un baño caliente o a la luz, para una mejor calidad de vida. Y para ello es fundamental que las tarifas sean accesibles de manera universal. Los servicios no son negocios, son derechos y es el Estado el garante de que esto sea así.

En el mismo año en que el gobierno de Macri eliminó las retenciones a las empresas mineras que viene al país a llevarse nuestro oro y minerales a sus casas matrices; el mismo año en que el PRO decidió quitar 128 mil millones de pesos de retenciones a los grandes productores agropecuarios, enriquecidos a base de la expansión de la soja y el monocultivo; ese mismo año deciden quitar 65 mil millos de pesos, pero quitárselos al pueblo trabajador. La respuesta ya comenzó en las calles, y continúa en la justicia, en una pelea encarnizada en la que el Gobierno nacional se juega el destino del Ministro de Energía, Juan José Aranguren.

.