A un año del asesinato de Rafael Nahuel, representantes de los pueblos originarios exigieron justicia a los pies del monumento a Roca en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando se lo sopla, del cuerno sale un sonido dulce, que convoca a reunirse. Este sonido orgánico atraviesa pero no aplaca el barullo de vendedores ambulantes, bocinas de colectivos y sirenas de ambulancias. A los pies del monumento a Roca, en el centro porteño, representantes de las comunidades originarias, miembros de organizaciones sociales, políticas, feministas y autoconvocados se reunieron para seguir exigiendo justicia a un año del asesinato de Rafael Nahuel. Rafael tenía 22 años cuando murió de un shock hipovolémico, al recibir el impacto de un balazo de 9 mm en su glúteo izquierdo, atravesando tejidos y órganos. El ataque fue el 25 de noviembre del 2017 durante la represión a la comunidad mapuche en Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascaró, Bariloche.

Al poco tiempo del asesinato, la pericia confirmó que la bala había salido del fusil MP5 del cabo Fabián Javier Pintos. Pintos -que al día de hoy no está procesado ni detenido- todavía no ha podido explicar porque le faltaron 49 proyectiles más del cargador de su fusil el día de la muerte de Nahuel.

Si bien los miembros del Grupo Albatros siguen sosteniendo que Pintos no estaba en el lugar del incidente, y que los peritos están equivocados, la abogada querellante, Julieta Wallace, declaró en la televisión de Río Negro que “hay tres de los cinco integrantes del Grupo Albatros que subieron 1.000 metros donde se identifica el asesinato de Rafael y fueron los que más dispararon”. Asimismo, destacó que, frente al argumento del gobierno de esgrimir una legítima defensa, “no hay ningún indicio de presencia de arma por parte de los mapuches”.

Luego de un año del asesinato, la Justicia ha avanzado poco. Al comienzo la causa fue tomada por el juez Gustavo Villanueva, el mismo que habría dado la orden de desalojar a la comunidad mapuche Winkul Mapu el 22 de noviembre del 2017. Actualmente, Villanueva ya no está a cargo del caso, pero antes de dejar su puesto como juez federal de Bariloche pidió una nueva pericia balística poniendo en duda lo demostrado. La primera medida que tomó su sucesor, el juez Leónidas Moldes, fue el pedido de captura por la Interpol de los dos miembros de la comunidad mapuche que bajaron del cerro el cuerpo herido de Rafael Nahuel.

“Siempre nos tildan de terroristas, pero si hay un principio fundamental en la espiritualidad mapuche es defender la vida. Defendemos la vida cuando nos oponemos a las represas, a las mineras, a Chevron, a Benetton, a Macri. Defendemos la vida cuando soñamos que en algún momento nuestro pueblo volverá a recuperar su territorio”, dijeron durante el acto los representantes de la comunidad. “Demandamos que dejen de hacer proyectos inmobiliarios y hoteleros en las pocas tierras que nos quedan. Por eso, sobre nosotros se construye la figura del enemigo interno”.

En Bariloche también hubo movilizaciones exigiendo justicia por Rafael. Los padres del joven se acercaron al juzgado junto con una pequeña comitiva para exigir que los reciban. Sin embargo, no sólo se les negó la reunión sino que los manifestantes fueron reprimidos por la Policía de Seguridad Aeronáutica, que se llevó 10 detenidos entre ellos tres menores, liberados en el transcurso de la tarde.

“Los pueblos originarios son una amenaza para el neoliberalismo porque plantean el buen vivir, la integralidad con la naturaleza, la sabiduría ancestral y la no competencia, pero también porque defienden sus tierras y consideran que los recursos naturales son bienes comunes que no pueden comprarse ni venderse”, sentenciaba  el comunicado oficial. Por otro lado, éste agregaba que “los integrantes de la comunidad autónoma mapuche Cañu venimos resistiendo hace cientos de años a un Estado que nos mantuvo invisibilizados. Recién en 2010 nos reconocen como mapuches y lo hacen porque sale a la luz que queríamos impedir que los Estados nacionales y provinciales llevasen a cabo un mega proyecto turístico en el territorio que nos pertenece”.

Los representantes de los pueblos originarios lo dejan en claro: a cinco siglos de despojo territorial, se le suma el racismo constitutivo del Estado argentino, que impide que el grueso de la sociedad empatice con estas comunidades. A diferencia de las masivas movilizaciones por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el grupo que se reunió a los pies de la estatua del autor intelectual de la masacre -conocida vulgarmente como la Campaña del Desierto- no llegó a las cincuenta personas.

Acompañados por la emblemática militante de los derechos humanos Nora Cortiñas, el Polo Obrero, la Correpi, la agrupación ‘Ni una menos’ y la abogada de Facundo Joanes Huala, los pueblos originarios sentaron su posición: sus ancestros son los primeros desaparecidos de Argentina.

“Hoy es un día triste, pero si hay algo que ha hecho el pueblo mapuche durante estos años es tomar esa tristeza y redireccionarla en lucha”, dijeron los miembros de Wall Kintun TV, el único canal de la televisión abierta que trasmite en idioma mapuche. “Nos hemos criado escuchando historias tristes, pero en esas historias también hay resistencia, desobediencia, porque nuestros antepasados plantearon desobediencia al Estado argentino cuando intentó aniquilarlos. Ellos decidieron vivir”.