Hace dos décadas asesinaban a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, jóvenes de 22 y 21 años, militantes de los Movimientos de Trabajadores Desocupados de Guernica y Almirante Brown que integraban la Coordinadora Aníbal Verón, nombre tomado de un trabajador salteño asesinado durante un piquete en noviembre de 2000, al igual que lo fue Teresa Rodríguez en junio de 1997, una maestra de la Patagonia de quien otros movimientos tomaron su nombre. La lista de personas asesinadas en protestas sociales entre 1995 (cuando es asesinado Víctor Choque) y fines de 2001 es extensa, incluso sin contar los más de treinta asesinados durante las jornadas insurreccionales del 19 y 20 de diciembre de 2001, que llevaron a la renuncia del presidente Fernando De La Rúa, quien huye de la Casa Rosada en helicóptero tras la represión ordenada durante esas horas.
¿Por qué repercuten tanto, entonces, los crímenes de Avellaneda? Tal vez por el hartazgo luego de tantos años de programa neoliberal aplicado a costa de represiones. Quizás por el simbolismo de ese momento final en el que Darío tiende su mano solidaria a Maxi, a quien no conocía. Seguramente por lo impactante de las imágenes en las que puede verse que es la Policía Bonaerense la que ejecuta a Santillán por la espalda, a sangre fría.
Corte de ruta y asamblea
Ese miércoles 26 de junio de 2002, un conjunto de organizaciones sociales se movilizaron en el marco de un plan de lucha por una serie de reivindicaciones inmediatas, como ser el aumento general del salario básico para los trabajadores y una duplicación del monto de los subsidios para los desocupados o alimentos para los comedores populares; pero también por mejoras en salud y educación e incluso en protesta por los luchadores populares procesados y en solidaridad con la fábrica ceramista Zanón, de Neuquén, que corría el peligro de ser desalojada luego de haber sido recuperada por sus trabajadores.
La represión a las columnas piqueteras que se movilizaban a Puente Pueyrredón se produce en el contexto en el que el entonces presidente interino Eduardo Duhalde lleva adelante negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que presiona al gobierno argentino para que ponga orden ante una sociedad convulsionada, que desde hace años se ha puesto en movimiento y cuenta con un cántico emblema que une a los sectores medios con la clase trabajadora asalariada y el pueblo más humilde: “piquete y cacerola. La lucha es una sola”.
De hecho, las movilizaciones del 27 de junio y, sobre todo, del 3 de julio funcionan como el último gran momento de movilización de esa breve pero intensa coyuntura que se abre durante el fin de año de 2001 y ese verano de 2002, cuando las organizaciones que desde hacía por lo menos cinco años venían protagonizando cortes de ruta y asambleas y trabajo comunitario en los barrios más pobres del país, confluyen con trabajadores sindicalizados que realizan huelgas, otros que ocupan las empresas abandonadas por sus patrones que hacen negociados en medio de la crisis y ese experimento de asambleas ciudadanas que surgen en las principales ciudades de la Argentina, donde sectores medios suman sus voces y sus cuerpos a ese movimiento generalizado de una sociedad que dice basta al neoliberalismo, y que se muestra dispuesta a ensayar otras búsquedas de participación y de recorrido político.
La fuerza brutal de la antipatria
Como tan bien se documenta en el libro de elaboración colectiva “Darío y Maxi. Dignidad piquetera”, publicado en 2004 luego de una exhaustiva “investigación walsheana” llevada adelante por un grupo de militantes del MTD Aníbal Verón junto con periodistas de oficio, la protesta social que deriva en masacre aquel 26 de junio de 2002 en Avellaneda está atravesada por una “planificación criminal” ejecutada por efectivos de Prefectura y Gendarmería, además de las policías Bonaerense y Federal, con participación de la SIDE y claro involucramiento de la Justicia y funcionarios de primer orden del gobierno nacional (que comenzaba con el propio presidente Eduardo Duhalde), con la finalidad de “dar muerte a los manifestantes”.
Ese operativo policial, jurídico y político sólo fue posible de verse ejecutado por el trabajo ideológico previo emprendido por las empresas de comunicación hegemónicas, que reprodujeron cada dicho de los funcionarios de turno, que tomaron el anuncio de acciones conjuntas y coordinadas de los movimientos sociales como una “declaración de guerra” hacia el Estado, en su búsqueda por “ir poniendo orden”. Incluso con rimbombantes y disparatadas afirmaciones como las del entonces vocero presidencial Aníbal Fernández, para quien el plan escalonado de protestas por trabajo y alimentos fue equiparada a un plan de hostigamientos inscripto en un plan revolucionario.
Como en los años noventa, también en los inicios de la década posterior en nombre del peronismo se reprimía a la protesta y se seguían al pie de la letra las recomendaciones de los organismos financieros internacionales. De allí que las usinas ideológicas y mediáticas de las clases dominantes insistieran tanto, durante los días previos, en la necesidad de poner al país en orden. Antiguas memorias ligadas a la justicia social disputaban no sólo las calles sino también la organización territorial al justicialismo gobernante, más parecido al viejo gorilismo que a las transformaciones y anhelos populares expresados en las tres banderas de la patria libre, justa y soberana pregonada por Perón y Evita.
Los resultados están a la vista dos décadas después: a fuerza de movilización popular de repudio a los crímenes y de reclamo por justicia, entremezclado con estrategias jurídicas que lo hicieran posible, los máximos responsables materiales (el ex comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el ex Cabo Alejandro Acosta) fueron juzgados, condenados y encarcelados, hasta el día de hoy. Una victoria parcial luego de decenas de casos de crímenes políticos perpetuados en medio de protestas sociales que quedaron en la impunidad. Pequeña conquista puesto que el reclamo de juicio y castigo para los responsables políticos aún queda pendiente, como parte de las cuentas que esta sociedad deberá saldar con su pasado reciente. Por otra parte, la emblemática estación Avellaneda fue oficialmente cambiada de nombre y hoy lleva los de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, tras años de acciones artísticas que la intervinieron una y otra vez en búsqueda de ese cometido.
Más allá de las organizaciones en las que Darío y Maxi militaron, hoy sus rostros y sus nombres forman parte de un legado amplio que es reivindicado por una amplia y variada gama de expresiones políticas que, cada una a su modo, toman la consigna de multiplicar su ejemplo y continuar su lucha.
